9 enero, 2024
El ISSyS presentó la notificación de la deuda al poder legislativo provincial los primeros días de diciembre, a poco del cambio de gobierno. El vicegobernador, Gustavo Menna informó que evaluarán el monto y darán intervención a Fiscalía para que se investigue. Presuntamente el presidente saliente del Poder Legislativo, el exvicegobernador Ricardo Sastre, no estaba enterado del incumplimiento de APEL. Habría graves responsabilidades gremiales, legislativas y del ISSyS que deberá establecer la investigación que inician por el perjuicio a 161 jubilados y a las arcas del Poder Legislativo Provincial.
Este martes el vicegobernador de la Provincia, Gustavo Menna, junto al interventor de SEROS, Rodrigo San Martín y el Diputado Daniel Hollmann, brindó una conferencia de prensa donde informó sobre una millonaria deuda que reclama el ISSyS a la Legislatura.
En ese marco, indicó que la gestión anterior del ISSyS presentó el pasado 7 de diciembre una intimación a la Legislatura donde reclama una deuda con la caja en concepto de aportes y contribuciones de obra social de 137 millones de pesos.
Indicó que cuando detectaron el reclamo comenzaron a trabajar y lograron establecer que efectivamente desde el mes de septiembre del 2022 se había dejado de aportar y contribuir sobre un concepto que tienen los trabajadores de la Legislatura que es el denominado Fondo Solidario.
Detalló que el Convenio Colectivo de la Legislatura establece que el primer mes que se abonan los aumentos de sueldo, determinados en la negociación paritaria, se destina a la entidad sindical con afectación a un Fondo Solidario. Esa deducción siempre contribuyó y aportó a la caja y a la obra social, pero en septiembre de 2022 en base a un dictamen legal se dejó de hacer, es decir se transfirió el 100% de ese concepto a la entidad sindical, pero se dejó de transferir la parte que correspondía al ISSyS y se fue generando la deuda.
Destacó que no hay ningún acto administrativo que convalidara esa decisión y el reclamo recién fue presentado después de 14 meses. “Llamativamente el 4 de diciembre hay una primera manifestación de esto y el 7 de diciembre el dictamen legal, una determinación de deuda y la comulación a la Legislatura”, indicó.
Más adelante, señaló que esto provocó un perjuicio en la caja y a los 161 jubilados legislativos, que cada vez que había un aumento no cobraban la parte proporcional sobre la movilidad jubilatoria de esos incrementos.
Ante esa situación, se designaron representantes de la Legislatura para que junto a representantes del instituto determinen la deuda “y hecho esto vamos a entrar en la fase de cómo se soluciona, quién va a pagar esa deuda y las responsabilidades del caso para lo que se enviarán las actuaciones a la Fiscalía», informó.
Asimismo, lo calificó como un hecho “grave” y dijo que desde el Estado no pueden dejar de cumplir con las obligaciones de aportes y contribuciones contradiciendo lo que dice la ley.
Por su parte, el interventor de SEROS, Rodrigo San Martín indicó que desde el instituto deben resolver las responsabilidades internas para lo que van a dar curso a una auditoria y definir el monto real de la deuda.
