19 febrero, 2024
El Gobierno prepara un decreto de necesidad y urgencia para adecuar la normativa vigente contra el lavado de dinero que dispondrá que los abogados serán sujetos obligados a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes.
Actualmente, la lista de sujetos obligados incluye a los bancos, las financieras, las concesionarias de autos y las aseguradoras, entre otros responsables de reportar las operaciones de sus clientes cuando su perfil económico no se condice con sus inversiones.
El DNU se conocerá antes del 6 de marzo, cuando un equipo evaluador del Grupo Internacional de Administración Financiera (GAFI) llegará al país. Durante 20 días, los enviados se reunirán con todos los poderes del Estado y con el sector privado, para valorar si el país cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
EL GAFI examinará las políticas antilavado del país. Como el presidente Javier Milei no prorrogó las sesiones extraordinarias, no se realizará el 23 de febrero el encuentro del Senado para aprobar las reformas a la ley antilavado que propone el GAFI para pasar el examen. Entonces, el gobierno decidió recurrir a un decreto de necesidad y urgencia, dijeron altas fuentes del Poder Ejecutivo a LA NACION.
Mientras tanto, el actual titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la Argentina, Ignacio Yacobucci, participa en París del plenario del GAFI que culminará el viernes próximo. Yacobucci superó la audiencia oficial y formalizó su designación esta semana, cuando su nombramiento se publicó en el Boletín Oficial.
La última revisión que realizó el GAFI en la Argentina fue en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y el país no tuvo una buena nota: fue incluido en la lista gris porque se consideró que en aquel momento no cumplía con los estándares exigidos por el GAFI, es decir, presentaba un sistema de prevención débil contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Quedó bajo observación. La aprobación de la revisión del GAFI es esencial para estar alineado con la política norteamericana contra el terrorismo y el lavado dinero, clave para la política exterior del gobierno de Milei.
El proyecto de ley que se preveía tratar en el Senado fue enviado por el gobierno de Alberto Fernández y aprobado en Diputados en 2023, aunque el cristinismo lo frenó después en la Cámara alta. Recién el 7 de febrero pasado, tras negociaciones entre La Libertad Avanza y el radicalismo, el Pro, los peronistas de Unidad Federal y legisladores provinciales, el oficialismo aprobó el dictamen. Tras la decisión de la Casa Rosada de no prorrogar las sesiones extraordinarias y la imposibilidad de convocar a una sesión especial, el DNU es la única salida, dijo una alta fuente oficial al referirse al tema, según reportó La Nación.
