12 diciembre, 2021
Hay tres puntos clave en la discusión con el FMI: el fuerte atraso que acumula el dólar oficial, la brecha cambiaria del 100% y una crítica pérdida de reservas. En el medio retumba la palabra devaluación.
Es tan débil el stock de reservas del Banco Central y son tales las urgencias y las presiones cambiarias, que el Gobierno ha adelantado un calendario normalmente clavado en abril, cuando empiezan a llover los dólares de la súper soja. Ahora las expectativas están puestas en cuánto pueden dejar las exportaciones de trigo, que se mueven fuerte entre diciembre y febrero.
Según estimaciones privadas, durante ese trimestre la cosecha de divisas aportada por el cereal rondaría los US$ 2.500 millones y cerraría así, hacia noviembre, una temporada de buenos precios externos y una producción en zona de récord con un saldo financiero total calculado en US$ 4.000 millones.
Parece mucha plata, pero es nada o casi nada comparada con la que viene sobre todo de la soja y sus derivados. Ahí, en ese diferencial respecto del trigo, asoma justamente una medida rotunda de las necesidades del Gobierno. Otras, también asociadas al adelantamiento del calendario, son el atraso del dólar oficial y la continua pérdida de reservas del BCRA y una más, en que el acuerdo con el FMI marcha lento.
Siempre de lejos la principal fuente de divisas del país y esta vez apuntalada por el salto que pegó la cotización internacional, las exportaciones del bloque oleaginoso-cerealero completo han dejado US$ 30.129 millones en los primeros once meses del año. Esto es, US$ 11.546 millones más que durante el mismo período de 2020 y 8.633 millones por encima del digamos clínicamente normal 2019.
Con la harina de soja en el papel de protagonista central, las ventas de granos y derivados industriales están apuntalando un superávit comercial de exportaciones contra importaciones que va para US$ 16.400 millones en 2021. Impresionante, salvo por un detalle: de eso quedará muy poco, apenas flacos 50 millones, en la caja de las reservas.
¿Y cómo se explica semejante derrape? Ocurre que entre el déficit de la cuenta de servicios, los pagos originados en las deudas pública y privada, las intervenciones del Central para controlar sin controlar la brecha cambiaria y la llamada fuga de divisas se perderá todo o casi todo lo que se ganó por el comercio de bienes. O sea, en ausencia de otras fuentes de ingresos y de políticas efectivas se escurrió una masa enorme de recursos escasos e imprescindibles como pocos.
Resultado: descontando activos que no son propiedad del BCRA, como los encajes de los depósitos en moneda extranjera, más otros también indisponibles, las reservas netas se reducirían a unos US$ 3.000 millones a fin de año. Puesto de otra manera, cubrirían menos de un mes de importaciones hoy en US$ 5.250 millones y quedarían en rojo pleno si se restan las tenencias de oro.
Aquí surgen, finalmente, algunos nudos duros y clave de la negociación con el Fondo Monetario: tocan desde el atraso del dólar oficial y la insostenible brecha cambiaria, hasta la fragilidad del stock de reservas digamos útiles. El combo habla del poder de fuego del Central y de algo igualmente notorio: la ofensiva sobre las divisas que aún conserva la entidad.
Decir atraso del dólar oficial es decir 27 puntos porcentuales menos que la inflación, en lo que va del año. Brecha cambiaria significa entre el 85% y arriba del 100% contra los dólares financieros paralelos y más aún, implica alimentar maniobras con exportaciones e importaciones donde vuelve a perder el BCRA. Y el achicamiento del stock de reservas advierte que estamos tocando el fondo.
En medio de este batifondo suena hace rato una palabra que quema. Es la devaluación que, con una magnitud y un formato indefinidos, está presente en las negociaciones con el FMI.
Es obvio que el Fondo no va a convalidar una brecha cambiaria del 100% y también que cuesta convivir con una distorsión así, que se proyecta de muy diversas formas sobre cada rincón de la economía. Gente con acceso a la cocina de las conversaciones y experiencia de sobra en este mundillo cuenta que la cuestión está plantada en el límite del 50% que aceptaría el organismo.
Según una interpretación lineal, que sólo considera el piso de la banda y deja afuera al menos de entrada la posibilidad de que se baje el techo, ese 50% implicaría un ajuste cambiario de la misma magnitud y un sacudón inflacionario considerable. Algunos analistas manejan un 35%, total o fragmentado, que el Gobierno podría aplicar incluso antes del acuerdo.
De una especie similar es otro frente de controversias: el modo en que será financiado el déficit fiscal. El Presupuesto del ministro Martín Guzmán contempla, en principio para 2022, un inusual aporte de los organismos de crédito internacionales, excluido el FMI, equivalente a US$ 15.000 millones. Nunca hubo algo ni siquiera parecido, sino entre US$ 2.000 y 3.000 millones en los últimos años. Descartado.
Allí se abren, además, dos enfoques sobre el costo que implica terminar con el déficit. Uno señala 3,3 puntos porcentuales del PBI hasta 2025, o sea, en cuatro años y en cifras de hoy, US$ 13.600 millones. Hecho por la consultora ACM en base a una metodología aplicada por el Fondo, el análisis siguiente incorpora un superávit en 2026 que levanta el ajuste a 5,8 puntos del PBI y canta alrededor de US$ 23.800 millones.
El apretón fiscal pasa por un tarifazo al gas y a la electricidad que caerá de pleno sobre los sectores de ingresos medios y altos, según un modelo de segmentación imaginado por especialistas de La Cámpora. Bajo ese formato entrará el saque a los subsidios energéticos, que en 2021 desbordarán el billón de pesos o, si se prefiere, tocarán US$ 10.000 millones al tipo de cambio oficial.
Se supone que dos años de gobierno han sido suficientes, para que los técnicos cristinistas hayan armado un modelo capaz de limitar errores en la segmentación de los usuarios y de evitar conflictos judiciales. Y si no significó demasiado trabajo, para computar también que un tercio de la clase media ya cayó en zona de pobreza.
Números versus números, luce evidente que con el hachazo a los subsidios energéticos no alcanza para cerrar las cuentas y que algo más están barajando los funcionarios, con independencia de cómo se lo llame.
Queda claro que el trámite será lo que fuese menos un paseo. Dice un consultor que ha atravesado trances semejantes: “Entre el plan con metas fiscales, monetarias y cambiarias plurianuales que Guzmán debe enviarle a la oposición y la perspectiva de que puedan exigirle conocer compromisos de la Carta de Intención, tenemos el tiempo que consumirá el aval con forma de ley que quieren el Gobierno y el FMI”.
Otro dato de un color parecido: en enero asume el nuevo director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, el brasileño Ilan Goldfajn, un duro que presidió el Banco Central de su país. Goldfajn conducirá el staff encargado de evaluar el programa con la Argentina y desde luego querrá saber cómo están las cosas.
La suma de las partes concluye en que las negociaciones continuarán durante todo enero y que, muy probablemente, se trasladarán hasta bien entrado febrero. El límite es el 21 de marzo, cuando vencen impagables US$ 2.873 millones con el Fondo. Después el default o el precipicio.
Evidente por donde se mire: demasiado tiempo malgastado, demasiados interrogantes sueltos y un horizonte demasiado difuso para un BCRA jaqueada por una perdida de reservas que suma cerca de US$ 4.000 millones desde septiembre.
Y pese a los cepos recargados y a las trabas crecientes sobre las importaciones, todavía estamos en lo que un comunicado del FMI califica de “avances en el trabajo técnico”. Un detalle que es mucho más que un detalle: los primeros encuentros fueron a comienzos de febrero de 2020, hace un año y 10 meses.
*EC/ by Alcadio Oña
