27 junio, 2025
Por primera vez, los gobernadores se reunieron para reclamar la coparticipación del ITC, en un contexto donde la recaudación aumenta, pero no les llega. Advierten que una porción del ITC que debía financiar obras viales se destinó, en cambio, al superávit fiscal del Gobierno nacional
En un contexto de ajuste nacional, el reparto del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) se transformó en el centro de un intenso debate político. Guillermo Michel, referente del Frente Renovador y candidato a diputado por Entre Ríos, denunció que una porción del ITC que debía financiar obras viales se destinó, en cambio, al superávit fiscal del Gobierno nacional.
El dirigente advirtió sobre el difícil momento económico que atraviesan las provincias argentinas en el marco del ajuste impulsado por el Gobierno nacional. Según denunció, «las provincias están pasando una situación grave», con una creciente desorientación entre los ministros de Economía provinciales.
Michel apuntó contra la administración nacional por el desvío de fondos que deberían haberse destinado a obras de infraestructura, especialmente viales, financiadas a través del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).
«Ese porcentaje del impuesto que iba destinado a obras, el Gobierno lo empleó para el superávit fiscal. Es decir, no lo usó para esa inversión», denunció.
Además, el dirigente entrerriano puso la lupa sobre los recursos excedentes de coparticipación retenidos por el Estado nacional. «La AFIP, ahora llamada ARCA, tiene $700.000 millones suscriptos en bonos que son el excedente de la coparticipación. La mitad de esa plata es de las provincias, y ni siquiera reclaman eso», advirtió Michel, aludiendo a la falta de reacción de los gobiernos provinciales ante esta situación.
Ante el creciente malestar, el dirigente destacó que, por primera vez, los gobernadores se reunieron para reclamar la coparticipación del ITC, en un contexto donde la recaudación por este concepto se ha incrementado, pero no se ha traducido en más inversión para las provincias.
«Se está agravando una crisis que puede tener consecuencias sociales si no se revierte esta política fiscal centralista que deja a las provincias sin herramientas», concluyó Michel, marcando su preocupación de cara a un escenario donde la obra pública y los recursos provinciales siguen en el centro del debate.
La preocupación por el destino del ITC no es sólo local. Gobiernos provinciales y legisladores de distintas bancadas también avanzan con propuestas para modificar su distribución.
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, señaló que apenas 10,4% del ITC llega a las provincias, mientras que el resto queda en Nación, y propuso que una parte se sume a la masa coparticipable, como sucede con el impuesto al cheque.
Por su parte, el ex ministro y gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, añadió que si el Estado central decide que las provincias se hagan cargo del transporte público, no debería retener ese impuesto, que originalmente cubría ese gasto
En ese sentido, el senador provincial Guillermo Andrada (Convicción Federal) presentó un proyecto que busca elevar la coparticipación del ITC desde el actual 10,4 % al 42,8 %, reasignando fondos que antes beneficiaban a fideicomisos de infraestructura hídrica y de transporte
Además, por primera vez, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño acordaron presentar un proyecto de ley conjunto que busca reconfigurar la coparticipación del ITC buscando la transparencia y un reparto equitativo
El Gobierno estudia la opción de elevar al 50% la coparticipación del ITC e implementar una redistribución equitativa en el marco de la actual negociación con los mandatarios provinciales
* Coparticipación automática del ITC: que una parte se vuelva a las arcas provinciales, sin depender de fideicomisos.
* Destinar esos fondos a rutas y transporte público, especialmente en el interior, donde las necesidades logísticas son críticas .
* Transparencia y rendición: un sistema claro para la distribución y uso de los recursos .
* Inclusión en el Presupuesto 2026: que este reclamo quede plasmado en ley nacional antes de las elecciones.
