27 septiembre, 2020
El Gobierno elaboró un informe sobre los impuestos no cobrados entre los que aparece el canon pesquero. Según un reporte de la revista Puerto, la deuda de las pesqueras por el canon FAP ascienden a $ 231 millones, de los que se pagaron a junio pasado solo $ 47 millones, es decir, apenas un 20 %.
Si se desagrega por cada uno de los cuatro municipios portuarios, a Rawson le restaría cobrar $ 46,5 millones, a Madryn $ 22,6 millones”, a Comodoro le quedan a cobrar $ 2,3 millones, y a Camarones $ 21 millones. Una verdadera bola de plata que el estado necesita con urgencia, pero que no se comprende cómo no se ejecuta el cobro en un sector que vende el recurso y gana en dólares.
Mientras en Chubut negocia por estas horas un salvataje financiero ante el Gobierno nacional ante el déficit mensual que supera los 2.500 millones de pesos mensuales, siendo una de las primeras exigencias que transparente el estado real de sus cuentas públicas, este es uno de los grandes ´agujeros´ negros de caja en lo que respecta a ingresos. Y ya hay dudas nacionales que las deudas no se cobrarían porque algunos funcionarios estarían recibiendo aportes para alimentar la burocracia y demorar las ejecuciones.
La semana pasada, el gobierno de Mariano Arcioni presentó a la Secretaría de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior un informe en el que intenta exhibir un plan que incluya medidas de achicamiento del gasto público e incremento de ingresos fiscales. La Provincia no puede ocultar el “rojo” de sus cuentas públicas y la administración lejos está hoy de prescindir de ingresos impositivos, tal como lo admiten sus funcionarios, en un escenario de crisis donde arrastra tres meses de deuda de salarios a los empleados públicos. Sin embargo Nación le insiste en vivir con lo propio, porque fuentes de ingresos hay.
En ese marco, el asesor tributario del gobierno, Diego Touriñán, ‘que cada vez más suena como futuro Ministro de Economía de Chubut’, según Puerto, elaboró un informe sobre los impuestos no cobrados por el Estado y una propuesta de tributación para nuevos sectores. En ese esquema dimensionó, entre otras, la deuda exigible por el denominado Fondo Ambiental Provincial.
Mientras desde Pesca se recomienda “en off” a los permisionarios de licencias provinciales que “no paguen” el FAP, el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable emite las resoluciones aprobando las “determinaciones de deuda” de cada uno de los barcos que desembarcaron langostino hasta el 31 de diciembre de 2019, y están alcanzados por el canon, publicándolos en el Boletín Oficial. “Autorizase a la Dirección de Administración a emitir el Certificado de Deuda, conforme lo previsto en el Artículo 5 bis de la Ley I N° 658”, señala en el artículo de forma cada una de las resoluciones publicadas en BO.
Respecto del informe de Touriñán referido al canon pesquero sostiene y explica que “la Ley sancionada por la Legislatura en 2018 establece que el Fondo Ambiental Provincial (FAP) estará conformado por un arancel aplicado a cada cajón de langostino desembarcado en cada localidad portuaria, cuyo monto -luego de las modificaciones que se introdujeron- será el equivalente en pesos a un litro de diésel premium de YPF”. Agrega que este fondo se distribuirá un 50% para la Provincia y el 50% restante se distribuirá en función del número de cajones descargados en cada puerto para el municipio correspondiente al mismo.
Lo que no figura en la Ley, es probablemente la letra chica de los acuerdos políticos al momento de disponerse la norma. Principal escollo aparentemente para aplicarla.
Con todo, la emisión de cientos de resoluciones con las Certificaciones de Deuda de cada uno de los barcos que desembarcó langostino fresco en puertos provinciales en las dos últimas temporadas desde que está vigente la ley, tiene además como objetivo la cobertura legal de los funcionarios del Ministerio de Ambiente que ‘de no exigir la deuda, incurrirían en incumplimiento a los deberes de funcionario público’. Sin embargo, nadie paga, nadie cobra y nadie respondería administrativamente por eso. Llamativamente el Legislativo no pide informes y la Justicia tampoco actúa de oficio.
