29 noviembre, 2020
Mientras que decenas de países, día a día, adoptan políticas que favorezcan las energías renovables y limpias ante el inminente peligro que significa el cambio climático, impulsando a las empresas a modificar sus fuentes productivas a través de incentivos y plazos, en Puerto Madryn el Concejo Deliberante aprobó la creación de una serie de tasas a las empresas de energía eólica, que podrían representar hasta un 4,5% de la facturación de las empresas.
En el verano, cuando los mismos ediles ya habían germinado la idea, se la bautizó «impuesto al viento». Lo curioso es que Madryn fue y es receptora de inversiones para estos desarrollos, incentivándolos en su debido momento. Y ahora, con el cambio de reglas de juego, esta clase de tributos no parecen alentar futuros desembolsos.
Las empresas de energía eólica están esperando que la ley pase por las próximas instancias. Y, luego de eso, irán a la Justicia, porque no quieren pagar esas tasas. Sus abogados dicen que la nueva tributación es «inconstitucional».
«La ley impulsada tiene un montón de defectos legales, y estimo que cualquier juez la dará de baja», cuenta un importante empresario del sector, que prefiere no dar su nombre. «De todas formas, sabemos que el gobernador (Mariano Arcioni) está en contra, a él le interesa seguir promoviendo la industria», precisó otro ejecutivo del mismo sector en declaraciones a medios nacionales.
El impuesto es un «gran retroceso», según Juan Bosch, presidente de SAESA. «Aunque se logre revertir judicialmente, va a afectar mucho la confianza de cualquiera que tenga que venir a invertir en energía. Es por donde no hay que ir», define.
El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, ya había aprobado en abril una ordenanza con la aplicación de impuestos municipales a la producción eólica en esa localidad. En ese momento era una tasa por «habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental” por los metros cuadrados. «Es lo que paga cualquier vecino, con su comercio», precisó el intendente que defiende la necesidad de cubrir servicios a los inmensos parques lo que aduce genera grandes costos a la Comuna.
El Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal avanzaron en el área de aplicación del mismo. A partir de la extensión del ejido urbano de Puerto Madryn, es decir la superficie sobre la que queda alcanzada este proyecto, que a la fecha le da una superficie mayor a la ciudad que la propia megalópolis CABA.
La otra modificación es que las tasas ya no se aplicarían sobre los metros cuadrados de cada parque, sino sobre la producción de los mismos. Como los generadores eólicos obtienen energía a través del viento, al conjunto de nuevos tributos se los bautizó «impuesto al aire».
«Si una empresa abonaba anualmente $ 800.000 en tasas municipales, ahora abonarán unos $10 millones, señalaron desde la intendencia de Puerto Madryn», según afirmó El Chubut, auqnue esto se desestimó posteriormente extraoficialmente. Es decir que si no hay cambios al proyecto, la carga impositiva crece más de 10 veces.
“Es una ilegalidad, con desconocimiento de derechos constitucionales. Además, hasta se están afectando a los proveedores locales de la zona», dice un abogado que trabaja en la medida para resistir el impuesto.
Aluar y Genneia son algunas de las empresas con inversiones en esa localidad. Las restricciones en el tipo de cambio ya vienen deteniendo desembolsos del sector en general, ya que los inversores no les gusta depender de regulaciones cambiarias.
Las empresas del sector enviaron cartas al Concejo Deliberante de Madryn, pero los ediles siguieron adelante con sus planes.
Chubut también recibe inversiones para renovables en otras localidades, como Comodoro Rivadavia y Trelew. «Parece que Puerto Madryn no le gusta que haya actividad eólica, entonces todos comenzaremos a mirar hacia otras localidades, donde no nos pongan impuestos nuevos con tanta frecuencia», dispara el titular de una compañía que habló bajo la condición de no dar su nombre. Así las cosas, todo indicaría que la Justicia será la que dirima la controversia, que además tiene como antecedente normativa la Ley Guinle que eximiría de tasas municipales y cualquier impuesto hasta el año 2025.
