3 noviembre, 2020
El Presupuesto 2021 que ya cuenta con media sanción incluye un artículo dedicado a saldar las deudas del mercado eléctrico y empezar a normalizar la situación económica del sector atravesado por una deuda que supera los 120.000 millones de pesos.
En su Artículo 87, la Cámara Baja del Congreso estableció un “régimen especial de regularización de obligaciones” acumuladas hasta el 30 de septiembre de 2020 por las distribuidoras de energía eléctrica con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), con criterios diferenciados por origen y trayectoria de esas obligaciones impagas.
Se podrán reconocer créditos equivalentes al 66% de la deuda o hasta 5 veces la factura media mensual, y el resto deberá ser pagado en hasta 60 cuotas, con 6 meses de gracia y una tasa de interés equivalente a la mitad de la vigente en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Las ventajosas condiciones negociadas son un respiro para empresas públicas y privadas del país en un momento de congelamiento de tarifas, que lleva ya más de un año y medio.
Solo hasta el 31 de agosto, la deuda alcanzaba los $ 103.168 millones, pero este medio pudo saber que superó los $ 120.000 millones a fines del mes anterior.
Las más morosas corresponden a las distribuidoras de carácter privado que operan en Capital Federal y el Gran Buenos Aires: Edenor, con $ 17.479 millones; y Edesur, con $ 15.682 millones. Entre ellas acumulan un cuarto de la deuda total (acorde a la cantidad de usuarios que atienden sobre el total del país). Estas compañías debían hasta septiembre el equivalente a 3 facturas con CAMMESA; desde julio que no la cancelan. La siguiente en la lista de las distribuidoras morosas es la Empresa Provincial de Energía (EPE) de Santa Fe, con $13.937 millones, y una deuda que empezó a ascender este año. Electricidad de Misiones (EMSA), con $ 11.624 millones, completa el ranking de las más deudoras.
Por abajo están en conjunto las cooperativas de Chubut, y firmas privadas y públicas de Mendoza, Chaco y Río Negro. A cambio de estas condiciones, el Gobierno podrá acordar instrumentos que promuevan la ejecución de inversiones para mejorar la calidad del servicio o para reducir la deuda de los usuarios más vulnerables en términos económicos.
