4 enero, 2024
Las medidas dispuestas mediante un decreto presidencial buscan «promover la producción, mejorar la competitividad de la cadena y sostener al sector en un periodo de baja de precios internacionales.
El Gobierno prorrogó hasta fines de junio la suspensión de las retenciones a los productos lácteos con el fin de promover la producción, mejorar la competitividad de la cadena y sostener al sector en un período de baja de precios internacionales, al tiempo que dispuso la anulación del régimen de reintegros al sector.
Así lo dispuso a través del Decreto 9/2024 publicado este jueves en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente, Javier Milei, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Economía, Luis Caputo.
La suspensión de las retenciones hasta el 31 de diciembre último había sido anunciada en septiembre por el extitular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, frente a la sequía y la baja de los precios internacionales, lo cual fue formalizado en el Decreto 506/2023 del pasado 3 de octubre.
Como contraprestación, los productos lácteos se regían por un tope mensual de 5% como parte del programa Precios Justos, que finalizó con el cambio de autoridades.
Previamente, los productos lácteos eran gravados con derechos de exportación de 9% para la leche en polvo y 4,5% para los quesos, leches fluidas, lactosuero y manteca.
El decreto anula el régimen de reintegros que tenía el sector en los productos elaborados a base de leche casena y derivados
La extensión de la prorroga responde a la continuidad de los “bajos precios internacionales” para los productos lácteos que se registra desde el segundo semestre del año pasado, lo cual generó “una menor capacidad de pago de las industrias hacia los productores”, manifiestan los considerandos del decreto.
“En este contexto de baja de precios internacionales y una débil demanda del principal consumidor mundial, los volúmenes exportados, así como el ingreso de divisas por este concepto, se vieron afectados durante el año 2022, y agudizados durante el transcurso del año 2023, con una fuerte caída en comparación al mismo período del año 2022”, se añade.
La prórroga de la suspensión hasta el próximo 30 de junio resulta “necesaria” para “continuar y mejorar el nivel de ingresos de los productores y de la industria, promover el desarrollo e incentivo de la producción y el agregado de valor nacional, impulsar las ventas a mercados externos, mejorar la competitividad de la cadena y fortalecer el arraigo y permanencia de la población rural en cada región del país”.
Por otro lado, el decreto anula el régimen de reintegros que tenía el sector en los productos elaborados a base de leche, caseína y derivados.
El mismo consistía en la devolución total o parcial de los impuestos internos que se pagaron en las distintas etapas de producción, previo a la exportación, y consistía de un porcentaje que se aplica sobre el valor FOB de la mercadería a exportar.
El Gobierno argumentó que los reintegros -que podían ascender hasta 5%, según el producto- «no sólo generan una erogación para el Estado, sino que perjudican el desarrollo de un mercado lácteo transparente y equitativo que requiere de reglas claras, justas e iguales para los diversos actores».
En esa línea, señalaron que sostener los reintegros “arremete contra los principios de libre competencia fundamentales en nuestra economía actual”, y su eliminación persigue también “el objetivo de optimizar y tornar más efectivo el gasto público”.
Al igual que la reducción de las retenciones al 0%, la eliminación de los reintegros, por el momento, es temporaria y regirá también hasta el 30 de junio próximo.
El presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), Ercole Felippa, celebró esta medida porque -consideró- «mejora notablemente la competitividad» del sector.
«Esta medida veníamos pidiéndola desde hace bastante tiempo porque en 2023 la actividad sufrió no sólo el tema climático, sino medidas como la implementación de dólares especiales, que tuvieron un impacto muy fuerte sobre la actividad, controles de precios y otros mecanismos», manifestó Felippa en declaraciones a Télam.
Con respecto al reintegro, la devolución del componente impositivo que tiene el bien a exportar, Felippa consideró que «ello requeriría una revisión» a mediano plazo «para ver si los porcentajes vigentes corresponden o no, probablemente porque puede haber una diferencia muy grande entre leche en polvo y los otros productos».
«No obstante eso, entendiendo el contexto y que además hay una mejora importante de la competitividad por una cuestión cambiaria, entendemos que este es un tema menor y que acompañamos esta medida», reafirmó.
Por último, contempló que la industria lechera entiende que «se trata de una medida transitoria y que dentro de seis meses habrá que sentarnos, revisar y ver cómo se sigue».
De aprobarse el proyecto de Ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, la fijación de una alícuota de 0% para las retenciones para el sector lácteo sería de carácter permanente.
A fines de diciembre último, con el envío del mencionado proyecto de Ley, el Gobierno ratificó su intención de modificar el esquema de DEX de determinados complejos exportadores, nuevas disposiciones en lo que respecta a la habilitación de frigoríficos y establecimientos de faena, cambios en el Régimen Federal de Pesca y en Ley de Biocombustibles.
En lo que respecta a los DEX, la iniciativa establece una alícuota de 15% para productos que en la actualidad no tributan o con tasas menores a la que se intenta aplicar con esta reforma, como sucede con el trigo y el maíz, que en la actualidad están gravadas con 12%, o la carne vacuna, con 9%.
Fuera de este incremento quedaron los complejos lácteo, olivícola, arrocero, cueros bovinos, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana, mientras que la alícuota para la cadena vitivinícola, el aceite y la esencia de limón pasará a ser de 8%.
Esta «excepción» fue consensuada entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Bioeconomía y las entidades agropecuarias y agroindustriales, ya que la intención primera del Gobierno era aumentar los derechos de exportación a 15%.
