21 septiembre, 2020
CALCULAN QUE SUMAN UNOS 2.600 MILLONES DE DÓLARES QUE LA AFIP NO ALERTÓ
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser tenida como parte querellante en la causa en la que se investiga la existencia de 950 cuentas de argentinos radicados en el exterior que no habrían sido declaradas en el país por una suma que ronda los 2.600 millones de dólares, pero por ahora la Justicia le denegó esa posibilidad.
La investigación penal tuvo su origen ante una presunta protección de evasores por parte de las autoridades que tuvieron a su cargo la dirección de la AFIP hasta el 10 de diciembre de 2019, ya que esta Agencia habría ocultado la información relativa a esas 950 cuentas de argentinos en el exterior por un valor de 2.600 millones de dólares.
Información que fue entregada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entidad que comparte su sede en París con el GAFI, en el año 2017, en el marco del proceso de intercambio entre agencias que se ocupan de temas tributarios.
En esa causa penal se investiga asimismo si dicha información pudo haber sido adulterada, recortada o eliminada parcialmente y haber dado lugar a la prescripción de obligaciones de pago de impuestos en beneficio de los de titulares de las cuentas alteradas u omitidas.
Según revelaron fuentes judiciales, la jueza federal María Capuchetti rechazó este viernes la pretensión de la UIF de sumarse por entender que no está corroborada la hipótesis de lavado de dinero y señalar que, de configurarse esta figura debería ser analizada en el fuero penal económico. Notificados de la decisión, el organismo que encabeza Carlos Cruz apelará la decisión para que la Cámara Federal les permita tener acceso al expediente bajo la hipótesis de lavado de dinero.
El Fiscal Federico Delgado hizo una investigación preliminar, en donde recolectó información y escuchó al economista y ex coordinador del equipo especialista en fuga de capitales del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo Argentino (Cefid-AR). Fue así que efectuó una denuncia para que se investigue a la línea jerárquica de la AFIP al momento de recibir la información de la OCDE que contenía estas cuentas. Durante las gestiones de Alberto Abad y Leonardo Cuccioli la línea ejecutiva de la AFIP decidió no abrir los “paquetes” de información que tenían estas cuentas no declaradas.
De esta manera, la investigación judicial se aboca a analizar las consecuencias jurídico-penales derivadas de la inacción de algunos funcionarios y de la manipulación de la información, por lo que inicialmente, se evalúa que hay incumplimientos funcionales, encubrimiento, adulteración de información, posibles complicidades de funcionarios públicos con Sujetos Obligados. Hechos que podrían alterar la vía de escape organizada por la ley de blanqueo de capitales.
A partir de la normativa en materia de Lavado de activos, la acción de la UIF se encamina al análisis de los hechos que habrían llevado a la prescripción de las obligaciones de pago por parte de los titulares de las cuentas involucradas en el ocultamiento; la responsabilidad de las y los funcionarios en relación a la información ocultada; la eliminación de parte de esos datos y a determinar el origen de todo ese dinero depositado en cuentas en el exterior en función de la Ley de blanqueo.
En este sentido, existiendo formación de activos en el exterior en cuentas que no fueron declaradas antes la autoridad fiscal nacional, la UIF apunta a investigar las posibles maniobras dirigidas a dar apariencia legal a bienes de origen ilícito, el ocultamiento de información sensible y la evasión fiscal, todo ello con el consiguiente perjuicio para el orden económico financiero del país y el conjunto de la sociedad.
Al comienzo de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y a pedido de Juntos por el Cambio, el oficialismo aceptó convocar para la próxima reunión a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, para que explique los alcances del proyecto de aporte solidario sobre las grandes fortunas.
Fue el radical Ricardo Buryaile quien solicitó la presencia de Marcó del Pont para que informe sobre «la cantidad de contribuyentes y el estimado de la recaudación del impuesto», aunque, de entrada, Carlos Heller le aclaró que no se trata de un impuesto.
«No es un impuesto, es un aporte, diputado, disculpe que lo corrija…», comentó el presidente de la comisión, aunque Buryaile aclaró que «no lo iba a convencer» y que «en la legislación tributaria no existe el concepto de aporte; sí existen impuestos, tasas y contribuciones».
«Si es un aporte, puede ser voluntario», insistió el radical, por lo que Heller anunció, minutos más tarde, que se corregirá el proyecto aclarando que el aporte será «obligatorio», para evitar distintas interpretaciones.
Además, el oficialista especificó que «este no es un gravamen de Bienes Personales, sino que toma como base la declaración de Bienes Personales, que es otra cosa».
Respecto de la información solicitada por Buryaile y la presentación de Marcó del Pont, Heller explicó: «Hemos trabajado sobre estimaciones porque no tenemos acceso a la información de la AFIP, que tiene una confidencialidad que debemos respetar».
El presidente de la comisión dijo que se hicieron «proyecciones sobre declaraciones de años anteriores». «Según la información que yo tengo, ni siquiera todavía se han completado las presentaciones de las declaraciones juradas de 2019», añadió.
Por su parte, Javier Campos (Coalición Cívica) pidió consultarle a Marcó del Pont «cuál es el registro de contribuyentes que han abandonado la residencia fiscal del país desde diciembre del año pasado» y que ahora se verían impactados por la suba en Bienes Personales y, además, por el aporte solidario.
La iniciativa impulsada y redactada por los diputados del Frente de Todos Máximo Kirchner y Carlos Heller, que tiene el visto bueno del Ministerio de Economía, consiste en la aplicación de una tasa que va del 2% al 3,5% a las fortunas mayores a $200 millones, y con el cual se pretende recaudar más de $300.000 millones para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, según estimaciones del oficialismo.
Carlos Heller anunció en la reunión de la pasada semana que el proyecto de aporte solidario sobre las grandes fortunas sufrirá cambios sobre las tenencias en el exterior, y se aclarará que la contribución es «obligatoria» para evitar la interpretación de que sería voluntaria.
«Todos somos conscientes de los enormes esfuerzos que el Estado nacional viene haciendo desde el inicio de la pandemia», arrancó Heller, quien habló de «entre 850 y 900 mil millones de pesos en erogaciones extraordinarias», y además vinculó la caída de la actividad «a la pandemia, y no a la cuarentena».
En cuanto al destino de lo recaudado con el aporte solidario, Heller especificó que un 20% será para equipamiento médico; un 20% para subsidios a las MiPyMEs; un 20% para el programa Progresar; un 15% para la urbanización de barrios populares; y un 25% para la exploración, desarrollo y producción de gas natural, señala Parlamentario.
“Esta medida se está evaluando en muchos países como una herramienta necesaria para enfrentar este duro momento que afecta a toda la población mundial: España, Rusia, Italia, Suiza, Reino Unido, Alemania, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia, EEUU, Dinamarca”, destacó un paper que difundieron desde el oficialismo para defender el proyecto hace unos días.
Sin embargo la realidad muestra lo contrario. Desde que comenzó la pandemia de coronavirus circularon en varios países proyectos para gravar a las grandes fortunas. Sin embargo, a diferencia de la Argentina, en la mayoría de los casos fueron presentados por partidos opositores al Gobierno y no lograron avanzar. Incluso en la mayoría de los países del primer mundo ya no existen los impuestos al patrimonio.
En Estados Unidos la ex candidata demócrata Elizabeth Warren propuso un impuesto del 2% para aquellos patrimonios que superasen los USD 50 millones y un 3% para los que superasen los USD 1.000.
Asimismo, en España la propuesta del partido Podemos es de un 2% para patrimonios netos a partir de un millón de euros (con una exención de para la primera vivienda) y luego 2,5% a partir de 10 millones de euros, 3% a partir de 50 millones de euros y 3,5% a partir de 100 millones de euros. Según el tributarista César Litvin, ninguno llegó a prosperar.
*IP, NA, Parlamentario
