17 noviembre, 2020
Unas horas antes de que el Congreso debata el llamado «impuesto a la riqueza», los industriales reclamaron cambios a la propuesta del bloque del Frente de Todos y advierten que, tal como está redactado, impide la reactivación económica y descapitaliza a las empresas que quieren invertir en el país.
Los cuestionamientos forman parte de un documento elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA) que fue dado a conocer durante esta jornada de lunes 16 de noviembre y en el cual también se sostiene que el proyecto de ley del «Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia» afecta «profundamente al sector productivo».
La organización industrial más fuerte del país asegura que «el sesgo con el que se ha diseñado este proyecto descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia social, sanitaria y económica».
Explican que esto fundamentalmente se debe a que no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y el compuesto por activos financieros o inmuebles.
Como resultado, señalan que las empresas deberán destinar recursos afectados a la producción al pago de este aporte en el marco de un país que transita esta pandemia con una inercia que combina aumentos de la carga impositiva, disminución de la inversión, caída del empleo y del consumo con el consecuente desplome de la recaudación.
Actividad y formalización
«Esta delicada situación fiscal puede mejorar, pero sólo será a partir de una recuperación de la actividad y una mayor formalización de la economía», propone el documento de la UIA.
El informe insiste en el incremento de la carga impositiva a costa de una economía informal que le quita recursos al país y recuerdan que la Argentina necesita revertir esta tendencia que afecta la capacidad de generar divisas y producción nacional, perdiendo cada vez más competitividad y espacio en los mercados externos.
Piden que el sistema tributario incentive la reactivación económica, inversión y la generación de empleo y acusan al proyecto del oficialismo de «ir en sentido contrario», que complejiza un marco ya muy adverso durante este período en el cual el número de empresas activas cae sistemáticamente, con 40.300 firmas menos en junio de 2020 respecto a junio de 2015. De ese total, 6.070 son industriales, lo que evidencia una caída del 11% en el período mencionado.
En términos de empleo la caída es acelerada desde mediados de 2018 al punto que a junio pasado el número total de asalariados privados fue de 5,82 millones, o 290.000 menos que un año atrás y 435.000 menos que en el mismo mes de 2015.
La UIA considera también que el proyecto impulsado mayormente por el kirchnerismo y cuya autoría es del diputado Carlos Heller, grava aquellos recursos que deben destinarse a la inversión, una tasa que en relación con el PIB es una de las más bajas en términos históricos, con 13,2% en el período pre-pandemia.
«Además, la baja profundidad del sector bancario en nuestro país (con una relación entre crédito y PIB de solo el 9,7%) hace que mayormente las empresas tengan que aplicar recursos propios y de sus accionistas para invertir», agrega el documento de la cámara industrial que preside Miguel Acevedo.
Para la UIA, la situación que vive el país requiere «generar confianza en nuestra economía, promover la inversión, disminuir la brecha cambiaria a partir del ahorro en moneda nacional y recuperar reservas».
En este sentido, resalta el acuerdo reciente por la deuda como un paso importante en esta dirección y piden no afectar aún más el sector productivo y subsanar los problemas del proyecto actual.
Para ello, la UIA plantea una serie de cambios al proyecto oficial:
1. Excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos.
2. Permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año.
3. Incorporar las mismas exenciones que las que presenta el impuesto a los bienes personales, agregando la exención a Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación)
4. Incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales.
Sin estas modificaciones, la UIA considera que el diseño actual del proyecto define que el peso del aporte recaiga sobre las empresas, generando daño colateral sobre todos los sectores y las regiones del país.
Como ejemplo, aseguran que una PyME industrial con más de 50 años de trayectoria que emplea a más de 70 personas, realizó inversiones en maquinaria en los últimos años. Tiene un accionista mayoritario con el 97% de capital, cuyas acciones no cotizan en bolsa, y por ende no son «líquidas».
El Aporte Solidario y Extraordinario obliga al accionista mayoritario a pagar por un monto que se compone 27% por su fortuna personal y 73% corresponden a su participación en esta empresa.
Además, el monto del aporte equivale a dos veces las utilidades anuales de la empresa previo a la pandemia.
Otro caso al que hacen referencia es a una empresa PyME agroindustrial, productora de alimentos, de más de 15 años en el rubro y que emplea más 100 personas que registra dos años de pérdidas en sus balances, debido a los aumentos de costos por inflación y caída del consumo.
Esto requirió aportes de capital por parte de sus dueños para sostener las operaciones hasta que sea posible volver a generar ingresos superiores. Al igual que en el caso anterior, las acciones de la empresa no cotizan en bolsa, por lo que no son activos financieros líquidos para su propietario.
El 75% del patrimonio del sujeto alcanzado por el Aporte es capital invertido en su empresa, y ha sido incrementado para sostener la viabilidad de la empresa luego de dos años de pérdidas. En el 25% restante se encuentran acciones de empresas argentinas y extranjeras y bonos del Estado Nacional.
Por ende, para la UIA el monto resultante del aporte grava principalmente la parte del patrimonio invertido por lo cual requiere descapitalizar la empresa para poder cumplir con la obligación.
En función de modificar estos supuestos problemas, la UIA propone «incorporar una visión productivista que impulse la recuperación económica promoviendo las inversiones concretas que generen empleo y divisa».
Por ejemplo, excluir de su base de imposición a las acciones o participaciones en el capital de activos productivos de sociedades regidas por la ley 19.550 y sus modificaciones.
«Esta iniciativa busca subsanar que sean las propias empresas las que destinen capital afectado a las actividades productivas y/o comerciales al pago del impuesto respectivo. Tanto en el actual contexto como para abordar el largo plazo, resulta importante garantizar la sustentabilidad de las empresas, el mantenimiento del empleo y el abastecimiento de productos para la sociedad», detalla el documento.
La UIA también pide permitir dar cumplimiento a la norma mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año para, de ese modo, generar nuevos empleos e incrementar la actividad.
«Esto podría realizarse en alguno o algunos de los siguientes rubros: Inmuebles, Rodados, Bienes de Uso, aportes a sociedades constituidas o radicadas en el país en las que se posea participación, ON según Ley 23.576, Títulos de deuda o certificados de participación emitidos por fideicomisos financieros constituidos en el país» añade.
Los industriales explican que la sociedad receptora puede realizar inversiones en activos físicos destinados a la producción, cancelación de pasivos con acreedores financieros y/o proveedores, del país o del exterior y/o pago de impuestos nacionales adeudados por la empresa al 29 de febrero pasado y de aquéllos generados dentro de los dos años desde la publicación de la ley.
Otro reclamo de la UIA es el de incorporar las mismas exenciones que en el impuesto a los bienes personales, agregando la exención a ON de empresas argentinas para incentivar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos.
El objetivo sería corregir la base imponible dado que ya fue alcanzada por el impuesto sobre los Bienes Personales, y tomar en cuenta las exenciones que presenta el impuesto a los bienes personales, agregando la exención a obligaciones negociables de empresas argentinas, para que no se vaya en contra del ahorro en moneda local y del financiamiento público mediante la emisión de títulos soberanos.
El quinto reclamo es el de incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales y evitar que al superar el monto mínimo de $200 millones por un $1 el impuesto pase de cero a $4 millones (cifra que se incrementa si existen bienes radicados en el exterior).
Además, según la UIA, el esquema actual de alícuotas (sin bienes exentos o un Mínimo No Imponible en la tabla de Bienes en el País), podría provocar que el monto de aporte supere ampliamente los bienes en el país que tiene el sujeto. «Por ende, se sugiere una modificación de la tabla de alícuotas», solicitan los industriales.
*iProfesional
