9 marzo, 2022
Hay un debate abierto vinculado a la estrategia nacional en la explotación de los recursos naturales, donde se juega el rol de las transnacionales y el papel del Estado. Claro, que con la interna política que implosiona cualquier futuro de la alianza gobernante, los temas por ahora subyacen en la intención profunda.
El uso de los recursos naturales en Argentina es objeto de numerosas controversias que se volvieron visibles en varios eventos recientes, como la prohibición de la cría de salmones en Tierra del Fuego, las marchas contra la minería en Chubut y contra las exploraciones offshore de hidrocarburos en el Mar Atlántico.
El debate entre ambiente y desarrollo económico penetró las filas del oficialismo. Si bien no caben dudas de que el Gobierno es favorable a las inversiones en recursos naturales, la discusión es si el actor central de esas inversiones debería ser la empresa transnacional o empresas estatales que puedan definir una estrategia nacional en cada uno de esos sectores específicos.
Tal vez el sector más difícil de analizar sea el sector minero metalífero, que se volvió clave en otros países del continente como Chile, Perú o Brasil, pero que tiene escasa historia y volumen en Argentina. El reducido peso del sector minero en el país se debe a la falta de una “tradición minera”, que se puede definir como la existencia previa de políticas públicas estratégicas y un ecosistema de empresas públicas y privadas que en determinado período haya contribuido al acervo de conocimiento y de capital.
América Latina es desde los inicios de su conexión con Europa un proveedor minero y sigue teniendo una posición muy relevante a nivel global. Actualmente, China es quien toma la delantera y es principal factor explicativo del boom de los precios de los minerales en este siglo. El país asiático es un gran comprador de recursos minerales, que requiere como insumos para su despegue industrial: el mineral de hierro es utilizado como insumo para el acero y el cobre es el elemento privilegiado para la fabricación de cables que utiliza tanto la construcción como la industria electrónica. También vienen creciendo en forma importante las importaciones chinas de oro, aunque aquí América latina tiene un papel secundario.
El sesgo exportador de la minería en América Latina fue criticado durante los años sesenta por los autores de la teoría de la dependencia y por los marxistas, que caracterizaron a la minería como “enclave”. Los tecnócratas de los diversos gobiernos de posguerra buscaron soluciones en el marco del modelo de sustitución de importaciones. Para ellos, lo más conveniente era utilizar los recursos naturales para fomentar lo que entonces se llamaba la “industria pesada”, como la siderurgia o la petroquímica, en el camino trazado por economistas del desarrollo como Albert Hirschman y su concepto de “crecimiento desequilibrado”, los “polos de desarrollo” de François Perroux o las “industrias industrializantes” de Destannes de Bernis.
En términos de la política pública, aquellos años estuvieron marcados por las inversiones realizadas por el Estado brasileño durante la segunda guerra mundial con la Compahia Siderurgica Nacional en el sector siderúrgico y Vale do Rio Dolce en la extracción de mineral de hierro. Más tarde, se nacionalizó el sector minero en Chile y en Perú y se dieron fuertes inversiones estatales en empresas siderúrgicas, como Somisa en Argentina, Siderperu en Perú y Usiminas en Brasil.
Los casos de Vale en Brasil y de Codelco en Chile son conocidos, pero tal vez lo sea menos el caso peruano. Con el gobierno de Velasco Alvarado se nacionalizaron Minera Marcona (Hierro Perú) y las minas de cobre como Cerro Verde, Iscaycruz, Antamina, Cobriza y Yauliyacu (Centromin Perú) que era la principal productora de cobre, luego dividida para su privatización. Si bien la minería de hierro en Perú no tuvo un buen desempeño luego de su nacionalización, esto se debe al conflicto que se abrió con el gobierno de Estados Unidos y la empresa Marcona Minning Company, que tenía el control sobre la marina mercante.
Como resultado, Estados Unidos cerró sus importaciones de mineral de hierro desde Perú, y la producción de la empresa cayó muy fuertemente. En contraste, los datos muestran que el cobre pasó de 200 mil toneladas hasta 1975 a un promedio de 350 mil toneladas desde entonces hasta 1993. Si bien en los años posteriores a la privatización estos datos mejoraron sustancialmente, lo cierto es que paulatinamente se fue formando una base productiva importante, en la cual hay que incorporar la articulación de la mina de hierro con Siderperú y toda la logística e infraestructura que implica ese movimiento de mineral.
La relevancia que tuvieron las empresas estatales en la posguerra en Perú, Chile y Brasil permitió una mejor articulación con las necesidades internas, donde se destacan las inversiones públicas en la industria siderúrgica como eslabón clave de la industrialización, tal como se entendía en ese momento. Esta mirada estratégica incluía también la inversión en logística de transporte e infraestructura que fueron clave para la competitividad posterior de esos yacimientos, aunque algunos elementos, como los ferrocarriles, preexistían a la intervención estatal.
Sin dudas cuando se habla de un sector que requiere inversiones de largo plazo como el minero, las condiciones de infraestructura y logística aparecen como una clave de emplazamiento de los proyectos. Esto debe explicar que Chile y la costa peruana se llevan una gran parte importante de las inversiones mineras de la región, mientras que el Minas Gerais, cercano a las costas brasileñas, sea una fuente importante del mineral de hierro a nivel global.
Argentina sufre ese inconveniente para su mineral del noroeste, siendo más accesible los minerales del Sur de la Patagonia. También la cuestión de transporte del material explica que las inversiones en Argentina se centren en el oro, cuya extracción en volumen es menor, y por lo tanto más liviana y más fácil de extraer.
Pero más allá de la incidencia geográfica, la preexistencia de infraestructura de transporte, sea por inversiones estatales o privadas, mejora la situación de las regiones con historia minera. A su vez, por la propia dinámica del sector de transporte, su mayor uso permite amortizar los costos iniciales y generar sinergias con otros sectores económicos que pueden aprovechar los trazados inicialmente pensados para minerales.
A partir de los años noventa, el fuerte movimiento de privatización en Perú, Argentina y Brasil, que afectó de forma lateral a la chilena Codelco, cambió drásticamente la configuración del sector. Se produjo la llegada de actores internacionales que priorizaron las exportaciones y aprovecharon el boom de precios de los años 2000. Al comienzo de este proceso se verificó una fuerte inversión de las empresas transnacionales que redundó en una mejora en el sector externo. Sin embargo, a partir de 2010 se observa una merma en las inversiones tanto en Perú como en Argentina, que se puede adjudicar a una reducción en los precios internacionales y/o a distintos movimientos de resistencia ambiental.
Las protestas contra las inversiones mineras de las empresas transnacionales que empezaron a tomar trascendencia en 2004 con los movimientos de Esquel y Famatina aún están vigentes en 2021, como lo demuestra la movilización ocurrida en Chubut. Las raíces teóricas de estos rechazos a las inversiones mineras se encuentran en lo que se conceptualizó como el “extractivismo”, que abarca también una propuesta sobre nuevas pautas de producción y de consumo. Esa formulación teórica se aleja de las discusiones entre las teorías del desarrollo o el marxismo y la teoría de la dependencia, que se centraban en las estrategias productivas, en las pautas de distribución y las relaciones internacionales.
En el caso hidrocarburífero, la baja de la inversión de la empresa Repsol a inicios de los 2000 se resolvió mediante su nacionalización, repuntando desde entonces la producción de gas y petróleo en Argentina. Aunque tenga enormes dificultades, el proyecto de una empresa estatal minera no monopólica puede ordenar el sector, fomentar las inversiones en algunos proyectos estratégicos, hacerse cargo de las externalidades ambientales de mejor manera que lo hace una empresa que solo busca rentabilidad y tener un mayor apoyo de parte de la sociedad civil.
*RCH
