9 noviembre, 2020
Por Ignacio Zuleta
Alberto Fernández reclamó el martes a los diputados – de su partido, claro – que reactiven la reforma judicial que tiene media sanción del Senado. Ese mismo día, Pablo González, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, citó a la primera reunión del año (¡!). Distribuyó un temario a discutir en las semanas que quedan hasta el 20 de noviembre, último día para que las comisiones puedan dictaminar sobre proyectos en el periodo de ordinarias.
Uno de los integrantes le preguntó: «- ¿No figura la reforma judicial?». González, que es santacruceño, fue vicegobernador de Alicia Kirchner, es decir que tiene mandato y bocina política y tribal, le respondió: «- No va, Máximo dijo que no va…».
Discutirán tres proyectos de hondo dramatismo, «Capitales Alternas», «La convención feminista de Belem do Para» y «Protección de los derechos de las Personas Mayores», pero de la reforma judicial, ni hablar. Igual habrá reforma, pero no la hará el gobierno sino la Corte. El tribunal dio, en menos de un mes, dos señales de que usará toda la fuerza institucional para blindarse frente a los otros poderes del Estado.
La sentencia en los casos de los jueces transeúntes – Bruglia, Bertuzzi y Castelli, éste aún en barbecho – significó un apoderamiento de los mecanismos de control de la Justicia ante los proyectos de reforma del gobierno. Las sentencias implican un rebencazo a los intentos del gobierno de reformar la justicia, porque invalida el mecanismo de traslado y «transformación» de juzgados para construir nuevas jurisdicciones. Es lo que prevé el proyecto de reforma judicial que aprobó el Senado, cuando avanza sobre la creación, por ejemplo, de fuero Penal Federal con la fusión del Penal Económico, y juzgados correccionales nacionales de la CABA. El proyecto también señala que no puede haber subrogancias en juzgados sin magistrado preexistente, el otro recurso que Alberto Fernández pidió esta semana que sea reanimado en la cámara de Diputados.
Esta invalidación de la reforma judicial no es el único mandoble al Ejecutivo de los Fernández. El efecto de estas sentencias domina el futuro cercano, por más que el gobierno intente con globos sonda probar terrenos en los que pueda mejorar su perfil. Instala consignas sobre el aborto, el dólar, las vacunas, la suspensión de las PASO, en las que cree que puede ganar adhesiones, y remontar reveces. La Corte ha estado lejos de beneficiar al oficialismo, como describe la prensa militante de uno lado y del otro.
Las sentencias, por el contrario, desaíran al oficialismo al confirmar a los jueces en sus cargos hasta que concursen – como adelantó este columnista hace más de un mes (Entretelas de la política, «Jueces en tránsito, una decisión de doble filo, 29 de septiembre y “La Corte en cuartos separados”, 10 de octubre), y ratifica la validez de sus sentencias desde que ocupan los juzgados. Una prescripción que cierra cualquier intento de nulidad que puedan plantear los clientes de esos jueces, entre ellos Cristina de Kirchner.
También declara inconstitucional la resolución del Consejo de la Magistratura de revisar los traslados de una decena de magistrados y sus efectos. La jueza Elena Highton, quien tiene mejor relación, de todos los cortesanos, con el presidente y la ministra de Justicia Marcela Losardo, extendió el agravio hacia Cristina al dictaminar también la inconstitucionalidad de la votación del Senado que invalidó los traslados. Restringe hacia futuro el margen para los nuevos traslados, que deberán ajustarse al mecanismo que prevé una mayoría de 2/3 en la propuesta de concursados por el Consejo de la Magistratura – número que el actual oficialismo no tiene – y le reclama al Congreso que en todo caso dicte una ley de traslados.
Que la Corte se ocupará de que esté dentro de los parámetros constitucionales, como hizo antes con las subrogancias en los fallos Rosza y Uriarte, que han sido la guía para esta decisión sobre traslados. Este puñado de decisiones convierte a la Corte en un poder que se desentiende de manera manifiesta de los proyectos del poder Ejecutivo de controlar y reformar la justicia. Esperable que ante la anemia del gobierno tricéfalo los otros poderes hagan músculo para ocupar el espacio que deja libre esa debilidad. Pura física política, algo que minimiza las lecturas de esos fallos que buscan localizar posicionamientos en favor o en contra de la vicepresidente.
Para que no queden dudas de la intención de apoderarse de cualquier reforma de la justicia, esta semana los cinco integrantes de la Corte resolverán el menú de asuntos a tratar antes del final del año, y los que ocuparán su tratamiento en el primer semestre del año que viene. Entre estos figuran la decisión sobre una impugnación presentada contra la ley que en 2006 reformó la primera integración del Consejo de la Magistratura, que redujo de 20 a 13 sus miembros, mutiló la representación de abogados y jueces y le dio más control al estamento de los políticos.
Aquella reforma fue empujada por Néstor Kirchner en el momento de más impulso de su gestión. Se sancionó en febrero de 2006 (ley N° 26.080), pocos meses después de que el presidente se desembarazase de Roberto Lavagna, cuando aún planeaba una reelección para el año siguiente – según un mapa para el cual tuvo el concurso de un Emilio Monzó premacrista, que lo convenció de que era menos que Daniel Scioli, y que podía perder en 2007. Allí nació la formula Cristina-Cobos.
Esa reforma está vigente, pero ha sido cuestionada ante la Corte por un recurso que está pendiente de resolución desde finales de 2015. Cuando asumió el gobierno de Cambiemos, el entonces ministro de Justicia Germán Garavano pidió a los supremos que no dictasen sentencia, porque su gobierno elevaría un nuevo proyecto de reforma del Consejo. Nunca lo hizo. Un grupo de diputados encabezados por Pablo Tonelli – hoy en el Consejo por mandato de la coalición opositora, elaboró un proyecto que buscaba volver al equilibrio que pedía la Constitución de 1994 entre los estamentos (según la ley N° 24.937 de 1998). Nunca logró que nadie se interesase en empujarlo.
En ese estado de las cosas lo retomará la Corte en el primer semestre del año que viene. Lo han conversado antes de ahora los miembros del tribunal y el viento que sopla indica que el proyecto tiene destino de inconstitucionalidad, como otros tantos proyectos del peronismo que esta Corte, a la que se le atribuye partidismo peronista, ha echado por tierra. El más importante fue la reforma de «Democratización de Justicia» sancionada en mayo de 2013 (Ley N° 26.855) y que la Corte tumbó en junio de aquel mismo año, en la antesala del ocaso del cristinismo.
El oficialismo simuló estar contento ante esta decisión de la Corte, porque le pone suspenso a los traslados de la era Macri. Pero tiembla cuando lee que el tribunal afirma que los jueces sujetos a revisión no son solo los diez por los cuales se interesó el gobierno, a través del consejero Gerónimo Ustarroz, y que figuran en la resolución inconstitucional de la Magistratura. «Si se suman los cargos vacantes que registran coberturas no definitivas ─como es el caso de los actores─ a los que se encuentran sin cubrir, se llega a un porcentaje que ha oscilado en los últimos años entre el 20% y el 30 % del total de la magistratura (federal y nacional ordinaria).» Seamos cautelosos, pidieron los consejeros oficialistas en esa charla informal.
El fallo pone en situación de revisión a decenas de magistrados, muchos más que los que tocó el gobierno anterior. El jueves, en una reunión de Labor Parlamentaria, los miembros del Consejo debatieron sobre qué significa esa cláusula. Los opositores Tonelli y Marina Sánchez Herrero sostuvieron que, literalmente, la sentencia implica la revisión de decenas de jueces. El oficialismo sostuvo que solo los diez jueces cuya situación enviaron al Senado deben someterse a nuevo concurso. ¿querían zaranda de jueces “ajenos”?
La Corte les advirtió: «no hay traslados ‘buenos’ y traslados ‘malos’, tampoco hay violaciones constitucionales ‘disculpables’ y ‘no disculpables’, porque esta diferenciación arbitraria y antojadiza es el tobogán que conduce a la anomia.» Todos a revisación médica, incluyendo los trasladados por otros gobiernos que no fueron de Cambiemos. Para la Corte, todos los gobiernos son lo mismo en este punto, algo que dicho así irrita y ofende mucho a los políticos. Ya se encargará la corporación de devolverles la atención a los políticos.
En la sentencia de la mayoría hay otros mandobles al Ejecutivo y al Congreso por el manejo de la justicia. En algún pasaje es descalificante, y justifica que se hagan cargo de una reforma que incluiría una nueva integración del Consejo, si es que la actual, como parece, es declarada inconstitucional. Por ejemplo, cuando dice que el trabajo del sistema de selección es ineficiente, lento y caro, quizás con el propósito de generar situaciones de vacancia que justifiquen subrogancias, traslados y hasta eventuales fusiones de juzgados y de jurisdicciones.
Hay – puntualiza – «294 cargos vacantes sobre un total de 988 puestos totales (el 29,9% de los magistrados)». Las designaciones de jueces, agrega, tienen «una demora promedio de 1.327 días corridos ─esto es, tres años y medio─ para cubrir una vacante; 667 días desde la publicación del concurso y la conformación de la terna; 364 días desde la recepción de la terna en el Poder Ejecutivo y la propuesta de acuerdo; y 296 días corridos desde la recepción del pliego en el Senado hasta el decreto de nombramiento».
Este pasaje proyecta cierta ironía sobre los efectos prácticos de la confirmación de los traslados sujeta a nuevo concurso. Con esa demora, los causantes de la sentencia seguirían en sus cargos más allá del mandato de Alberto Fernández, que los mandó al horno. Si esos plazos se acortasen, seguramente renunciarían porque, aunque ganasen los concursos, este gobierno no los propondría jamás. En el nuevo contexto político, no paga nada ser un “héroe Garavano”. El presidente ya opinó sobre ellos al pedir al Consejo y al Senado que los sacasen de los cargos a donde estaban como trasladados provisorios.
Tendrían un «destino Lázzaro», por la postulante a integrar la cámara Nacional Electoral. Alejandra Lázzaro ganó el concurso con la mejor calificación, encabezó la terna, pero el Ejecutivo postuló al que había salido segundo, el nuevo camarista Raúl Bejas. Le aprobaron la designación el jueves, después del alarde de fuerza de la mendocina Anabel Fernández Sugasti: «no existe ninguna obligación de tener en cuenta el orden de méritos».
La mesa de Cambiemos se quejó a reglamento, pero el diputado Gustavo Mena (UCR, Chubut) estimó que “el precio de este modestísimo resultado fue una declaración de inconstitucionalidad de lo actuado por el Consejo de la Magistratura, el Senado y el Poder Ejecutivo, y la puesta en situación provisora de más de cincuenta jueces, incluidos los que el Senado “confirmó” en el procedimiento ahora reputado inválido. Y todo eso sin dejar de apuntar en el debe que como el fallo también invalida el régimen de traslados, terminó inhibiendo al actual presidente para disponerlos en el futuro». Ricardo Gil Lavedra, otro gurú jurídico de Juntos por el Cambio, sintetizó esta percepción en la columna de Clarín del jueves: “Se ha sentado un estándar auspicioso, pero a través de una cuestionable aplicación retroactiva.”
Las sentencias de la semana interesan más por lo que abren que por lo que cierran. El tribunal reforzó el poder que ya mostró cuando se puso en árbitro de esa pelea, algo que adelantó cuando admitió la causa después que una cámara les hiciera el pase-gol sobre los reclamos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. La decisión del voto mayoritario – inspirado en un desarrollo que se le atribuye a Juan Carlos Maqueda, que completó Horacio Rosatti, y al que sumó argumentos Ricardo Lorenzetti – fue restringir el mecanismo de movilidad de los jueces al máximo.
El gobierno hubiera querido un aval a los traslados de la era macrista, para poder seguir haciéndolos sin restricciones. La oposición, cuya posición expresa mejor el voto del solitario Carlos Rozenkrantz, buscó blindar aquellas decisiones. Lo ha logrado, aunque con el fusible del concurso en algún momento. Para el oficialismo se trataba no tanto de ejercer venganza sobre Bruglia y Bertuzzi por sus sentencias en casos de corrupción de ex funcionarios del peronismo anterior a 2015. Es más importante poner a la justicia en un estado virtual de comisión.
Eso es lo que implican las normas aprobadas en el Congreso desde la asunción del nuevo gobierno: la modificación del régimen de jubilaciones, que fue apoyado por la oposición y la llamada reforma judicial que ha sepultado Cristina como ajena e inoportuna. Esos dos proyectos han sido una amenaza a la estabilidad de la justicia. Es lo que busca siempre el poder político para tener un sistema de vigilancia judicial, con jueces y fiscales con estabilidad frágil, que subrogan temporalmente en los cargos y sujetos a tiro de decreto. Es la intención de la dirigencia política en todo el mundo.
Los políticos sueñan con un mundo sin jueces y sin periodistas. Los proyectos de este gobierno y el anterior de mantener altos cargos vacantes, como la Procuración de la Nación o el Defensor del Pueblo, hay que anotarlos en el mismo objetivo, de políticas de estado tácitas. Tanto Macri como los Fernández, si lo hubieran querido, hubieran llegado al acuerdo que les pide la ley de un consenso que tenga 2/3 de los votos en el Senado. Les ha resultado más rentable tener un procurador tambaleante, que uno atornillado por el consenso político. Macri propuso una candidatura imposible, la de Inés Weinberg, y rechazó acuerdos con el peronismo que pudieron superar ese bloqueo con nombres potables para las dos fuerzas, como Rodolfo Urtubey o Raúl Plee.
El peronismo fernandista agregó la extravagancia con la que suele manejar las cuestiones judiciales: ha dinamitado hasta el consenso interno, con la pelea del nombre de Daniel Rafecas. Lo propuso Alberto Fernández, lo reclama Losardo, pero lo dinamitan los delegados de Cristina en el Senado. Negociar es ceder poder, pero los débiles cuidan el poco poder que tienen. Los goza la oposición, con una estrategia en la que coinciden de Macri a Carrió. Salvo las cuestiones de estilo, tiene el mismo propósito, exponer el cisma en la cúpula del poder.
*Notiar
