17 agosto, 2020
Por Ignacio Zuleta
La peste es un regalo para los gobiernos para restaurar algo de control sobre la sociedad. Los liderazgos estallaron en 2019 en todos los continentes – salvo en la Argentina.
Como toda emergencia, la peste del coronavirus desató un festival de restricciones consentidas – por racionales ante cualquier enfermedad contagiosa – que les permitió a gobiernos débiles hacer simulaciones de fuerza.
Tamaño entusiasmo no tardó en caer en el debate político, que divide a gobiernos y oposición en casi todos los países, con libre elección de las banderas.
En los Estados Unidos o en Brasil la liberalidad de las administraciones de Trump o de Bolsonaro es señalada como motivo de la escalada de casos.
En la Argentina, el gobierno resiste con restricciones y señala a la oposición como anti-cuarentena. Se desborda cuando el presidente se enoja con el público.
Este juego excede el marketing, un nivel trivial de la actividad política. Más a fondo, señala cómo se ejerce el liderazgo y cómo percibe el público la capacidad de control del problema por parte de la autoridad.
Si en las grandes ciudades como Buenos Aires el público monta en quejas como la que se expresa en el banderazo sanmartiniano, no es porque tenga argumentos para responsabilizar al gobierno de la curva de contagios.
La Argentina sigue teniendo un nivel de daños muy bajo respecto de otros países. Pero el público empieza a percibir que quizás el gobierno no esté en control del problema. O, peor, que lo esté manipulando.
Esta semana hubo una inflexión que afecta al público, que tiene una sola ventana sobre el problema en los medios. Son las revelaciones de la prensa sobre la inconsistencia de los datos diarios de contagiados y muertos.
El gobierno ha admitido que en realidad son datos «a la fecha de registro» y que, efectivamente, se informan las víctimas del día, y también de los días anteriores. Pero una investigación del diario La Nación llegó a decir que recién en dos años se sabrá cuántos de los muertos habrá que anotarlos como víctimas del virus, o de otras enfermedades.
Los maliciosos imaginan que el gobierno hace un uso capcioso de las cifras, que maneja un stock de víctimas que va destilando cuando le conviene, por ejemplo, entre jueves y viernes, cerca de las conferencias de Olivos sobre nuevas medidas.
La comunicación oficial debió aclarar que las cifras que muestran subidas y bajadas de la curva eran según lo registrado, y no las reales al momento de anunciarlo. La épica se reduce a una trama de juntadáveres (Onetti, inevitable).
Si nos hubieran dicho que gobernar era solo eso. La gente toma medidas sobre esos números, para su vida privada y sus intereses, decide su destino según información que ahora puede ser sospechada de manipulación. Es consecuencia de la estrategia de haber convertido la acción de gobierno en una cuestión de enforcement (obligar a cumplir) o en una especulación de quinieleros sobre números que pocos entienden, y menos que nadie el propio presidente, cuando lucha en público con las «filminas» (sic).
Justo en un país que tiene un déficit en la data base de todas las actividades. Si algo no se ha hecho bien en la Argentina es medir cosas, ni inflación ni inseguridad, ni enfermos ni sanos. Grave, cuando la Argentina había escapado a la crisis de los liderazgos de 2019 y tiene, además, un sistema de protección social sólido, que es una de las causas de que esta tormenta se haya tolerado con cierto éxito, si se compara con el resto.
Este sistema se ha construido con el esfuerzo de más de un siglo de gobiernos que han representado la demanda, de más del 80% del electorado, de una agenda igualitaria. Le cuesta al presupuesto ese 60% del gasto social y, de manera pacífica, permite que en la Argentina haya 40 millones de personas que hoy vivan en un hogar que recibe un cheque del Estado.
La prueba de esa excepcionalidad es que cuando hay que hacer una vacuna todos miran al sistema de salud argentino. ¿Para qué cebarse entonces en el uso capcioso de las cifras, sólo para intentar algún control político en un mundo rebelado ante todos los controles?
El mismo fenómeno se replica con la inseguridad. Para una gran mayoría, Patricia Bullrich dejó el gobierno como la funcionaria más prestigiosa de la administración Macri. El público la percibía en control de la situación. A seis meses de asumir el nuevo gobierno, la inseguridad encabeza las marcas de preocupación del público en las encuestas. En esos seis meses los casos delictivos descendieron en algún momento más de un 90% por la peste, que asustó hasta a los ladrones más temerarios – aunque despertó a los de cuello blanco, que estafan al estado con la venta de insumos médicos.
¿Es posible que la delincuencia haya escalado tanto desde que se fue Bullrich? Quizás sea que el público percibe que el gobierno no está en control de la seguridad, con los ministros nacional y provincial – Frederic y Berni – peleados en público, o discutiendo si estuvo bien o mal soltar presos peligrosos, poniendo como prioridad una quimérica reforma, que desmantelará durante años el sistema judicial, o viendo cómo el poder Ejecutivo pide excarcelaciones de funcionarios detenidos por presunta corrupción.
Lo que paga el gobierno no es que haya muchos más delitos, sino que el público no lo percibe en control de los hechos. No es marketing de las sensaciones, como repiten el gobierno; es más profundo. Es la frágil capacidad de liderazgo de un gobierno trifásico, compuesto por tribus que no se respetan ni se ayudan entre sí, que compiten por un poder que no tienen, y todo lo que no les funciona pasa por un lente de aumento.
Alberto es un penalista que habla de «castigo» en las cárceles, algo prohibido por la Constitución; Massa es un abanderado de la mano dura; Cristina ha sido una garante del garantismo. Ese cóctel es una fórmula para el descontrol, en un país que tiene las mejores marcas de seguridad de la región, medida en cantidad de homicidios dolosos cada 100 mil habitantes, pero a la vez es el tercero en el ranking del corrupción policial. (…)
*Zuletasintecho
