27 octubre, 2020
LAS DEUDAS POR SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES ABSORBEN EL IFE EN HOGARES VULNERABLES
Por Luci Cavallero y Verónica Gago*
La cuarentena puede leerse desde el punto de vista de cuáles son los movimientos que generan deudas y cuáles los que generan rentas. Con ese método, no solo se evidencia quién puede quedarse en casa y quién no. También cómo moverse o fijarse tiene efectos diferenciales en términos de ingresos y deudas.
Por eso, no hay manera de pensar la crisis habitacional, sin la deuda creciente de inquilinos, así como no se logró poner de relieve la falta de acceso a conectividad en los barrios más precarizados hasta que la deuda por celulares se evidenció como un costo exorbitante en plena pandemia. La renta inmobiliaria y la renta financiera aprovechan la inmovilidad.
La pregunta es ¿Qué papel está jugando el endeudamiento a nivel global y a nivel doméstico en este momento de crisis? Según la investigación “Una lectura feminista de la deuda (2019)”, explica cómo el endeudamiento público, acelerado exponencialmente en los últimos cuatro años, se tradujo en políticas de ajuste que se derramaron en los hogares como deuda doméstica.
Junto a la inflación galopante y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de subsidios y salarios, se produjo una realidad en la cual se volvió obligatorio el endeudamiento para acceder a bienes tan básicos como alimentos y medicamentos. Aquí la deuda doméstica aparece en su dimensión más política: como modo de metabolizar los efectos del ajuste, lo cual obliga a completar los ingresos siempre insuficientes para un consumo de productos a su vez cada vez más dolarizados (alimentos, medicamentos, alquileres).
De esta manera, la deuda en las familias opera también como mecanismo que obliga a la precarización: a la aceptación de trabajos cada vez peor pagos. Esto hace que las deudas terminen organizando y comandando las formas laborales, siendo un motor interno a la flexibilidad sin límites y una manera de explotación que logra intensificarse y adaptarse a realidades laborales cada vez más heterogéneas.
Las finanzas, corridas del puro tecnicismo y pensadas en su impacto cotidiano, deben comprenderse en términos de una lógica extractiva del capital, organizando lo que llamamos “extractivismo financiero” y su efecto en vidas constantes y sonantes.
En los meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio se constata el aumento acelerado de la pobreza y situaciones de precariedad generalizada y, en consecuencia, el incremento muy fuerte de deudas en los hogares. La disminución de ingresos para la gran parte de la población que no tiene empleo asalariado fijo, el recorte de sueldos incluso para quienes sí lo tienen, y los despidos forman parte del paisaje de veloz pauperización y el suplemento de la deuda a la hora de “salvar” el momento.
Vale puntualizar las nuevas formas de endeudamiento que se están produciendo en la crisis, a partir de un trabajo de encuestas y entrevistas que realizamos sumado a otras fuentes que venimos sistematizando. Uno de los centros del conflicto actual es la vivienda.
A partir del imperativo #QuedateEnCasa se ha revelado la dificultad de lo que esto significa en el contexto actual y, en particular, con el aumento de violencia de género que se registra en condiciones de confinamiento. Hacinamiento, barrios enteros sin agua y alquileres que se vuelven impagables. Esto es efecto del acelerado proceso de financiación del acceso a la vivienda (cada vez más cara y escasa) y que tiene en la toma de tierras uno de sus eslabones evidentes.
En relación con la situación de los alquileres, según una encuesta realizada mensualmente por la Federación de Inquilinos, más del 60 por ciento de quienes alquilan se endeudaron de alguna manera (con préstamos bancarios y no bancarios o con familiares o amigos) frente a la imposibilidad de pagar el alquiler desde mayo.
La deuda por razón de la vivienda expresa lo que las investigadoras denominan violencia propietaria: esa que se concreta en el abuso directo de propietarios e inmobiliarias que aprovechan la situación crítica para amenazar, amedrentar, no renovar contratos o directamente desalojar. Sobre todo es caldo de cultivo para forzar al endeudamiento y, en la medida que los meses pasan, a financiar deuda con más deuda.
Se sabe que la deuda es la antesala del desalojo y, a la vez, la manera de aplazarlo, de postergarlo. Pero esa violencia propietaria también recrudece en el mercado inmobiliario informal, cuando las casas son habitaciones de hotel o cuartos alquilados en una villa o casas compartidas en asentamientos, donde en general no hay contrato ni recibo de pago de por medio, pero los costos y el ajuste inflacionario de los montos son iguales o mayores a los que implica el alquiler de un departamento pequeño.
Es una novedad de las tomas de tierras de estos meses que la mayoría de quienes explican su situación lo refieren a la imposibilidad de seguir pagando alquileres y a deudas acumuladas por vivienda. Una realidad que genera más conflicto y anomia colectiva.
Estas deudas, además, buscan confiscar desde ahora ingresos a futuro: sean sueldos o subsidios venideros; o, directamente, obligan a la toma de nuevas deudas con circuitos familiares e informales. Esto también se convierte en un botín para las financieras que están comprando propiedades con deudas. Lo cual, a su vez, plantea una analogía con un circuito global de fondos de inversión que en varios países del mundo hoy están haciendo grandes negocios con los desahucios y desalojos.
Es además necesario analizar cómo interviene la situación de endeudamiento doméstico sobre la realidad de esa brecha entre trabajo no pago y trabajo pago. La coyuntura de emergencia por la crisis acelerada por la covid-19 intensificó el endeudamiento de mujeres que ya se venía observando durante los últimos años. Según datos de la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, 1.900.000 de las receptoras de AUH tienen deuda con la Anses.
Este fenómeno se diversificó e incrementó durante la pandemia, donde las deudas “no bancarias” por alquileres y servicios de luz, agua, gas y acceso a conectividad crecieron a ritmo acelerado, lo cual se hace aún más fuerte en los hogares monomarentales, con mujeres con menores a cargo, convirtiendo al endeudamiento en otra de las formas de intensificación de las desigualdades de género.
Según una encuesta mensual de la organización Inquilinos Agrupados, el endeudamiento por alquileres crece exponencialmente en los hogares donde hay un único ingreso o donde viven madres solteras con hijos.
En los barrios populares, donde la emergencia sanitaria y la restricción de ingresos impactó más fuerte, las deudas por conectividad -es decir, para comprar datos para sostener la educación pública a distancia- se incrementaron notablemente, absorbiendo incluso buena parte del IFE.
La situación es paradojal en su dramatismo: el incremento de las tareas de cuidado, además de intensificar el trabajo no remunerado que implica hacerse cargo de la escolaridad de los estudiantes al interior de los hogares, genera más deuda.
El trabajo no reconocido en los hogares se traduce en una desigualdad de ingresos que, a la vez, se transforma en engranaje de endeudamiento. Es esta situación de endeudamiento compulsivo y reiterado, además, la que produce una relación directa con el crecimiento de las economías ilegales como oferentes de empleo en situaciones de alta vulnerabilidad.
Si algunos analistas hablan del trabajador actual como un “recolector de ingresos” que ya no puede garantizar su reproducción a través de un salario único y estable, podemos hablar de la “recolectora de deudas” como una figura expresiva de la profundización del despojo y la precarización que se suele nombrar como feminización de la pobreza.
En esta línea, es fundamental subrayar el carácter feminizado de las economías precarizadas que son hoy objeto preferido de endeudamiento. Una lectura feminista del problema financiero, tal como lo venimos desarrollando, confronta la dinámica abstracta de las finanzas en su relación con la vida cotidiana, con las formas de la violencia en los hogares y en los diversos territorios y con las modalidades actuales de explotación del trabajo, remunerado y no remunerado.
Esta situación no se generó de un día para el otro. Hay una genealogía que muy rápidamente se puede sintetizar para nuestra región. Si en los años ’80 el endeudamiento disciplinó las transiciones democráticas en América latina como vía de salida de las dictaduras; luego, en los años ’90, la forma Consenso de Washington de las reformas neoliberales impusieron nuevos umbrales de deuda; y estos últimos años se asiste a un fuerte relanzamiento de la penetración financiera sobre nuestros países, combinada con situaciones de pobreza y despojo de recursos cada vez más intensivas.
Esta colonización financiera derramada en términos de deuda doméstica tomó como territorio de conquista a las poblaciones más empobrecidas y precarizadas. Esto se vincula a su vez, en términos retroactivos, con el modo en que se han conectado los subsidios sociales con la bancarización masiva, en un proceso que lleva más de una década en la región.
Cuando la relación de deuda se derrama hacia abajo, se difunden los efectos de la deuda tomada por los Estados a modo de cascada. Es decir, los despojos y privatizaciones a los que obliga el endeudamiento estatal se traducen como endeudamiento compulsivo hacia los sectores subalternos, que pasan a acceder a bienes y servicios a través de la mediación de la deuda. Esto tiene el efecto, tanto de modificar la relación entre ingreso y deuda, como también entre deuda y acceso a derechos.
Y aún más: esta cartografía específica permite ver sobre qué cuerpos, economías y territorios esa deuda se produce. Esta es la metodología feminista que venimos desplegando, que va de las finanzas a los cuerpos. ¿A quiénes se endeuda? ¿Cómo? ¿Con qué tasas de interés? ¿Qué tipo de trabajo, remunerado y no remunerado, caracteriza a la población más endeudada? Estas fueron algunas preguntas que en los últimos años hemos desarrollado, tanto en términos de acción política como de producción de conocimiento e información.
La investigación en la pandemia empieza relevando la multiplicación de las deudas privadas en la crisis y los trabajos y territorios domésticos y comunitarios que explota y permite trazar, a la vez, los dilemas políticos del momento.
Por un lado, se constata cómo gran parte del IFE otorgado por el gobierno nacional y los ingresos por subsidios y salarios son absorbidos por los bancos, supermercados, empresas de telecomunicación, empresas de plataformas y pago de deudas. Y, por otro, que las formas de la precarización laboral que vemos acelerarse expresan las disputas al interior de la crisis.
El capital -y las ofensivas patronales y financieras en las que se expresa- aprovechará la situación de crisis para reconfigurar las formas de trabajo, los modos de consumo, los parámetros de ingreso y las relaciones sexo-genéricas. Más concretamente, podemos pensar que estamos ante una reestructuración de las relaciones de clase que toma como escena principal el ámbito de la reproducción social. Esto incluye a los hogares pero también a los trabajos reproductivos que se hacen más allá de los muros de la vivienda.
Sin dudas, hay sectores para los cuales el momento actual no solo no significa una detención de sus actividades debido a la cuarentena, sino que representa por el contrario una oportunidad para acelerar su propia lógica de ganancias, la cual saca provecho de la inmovilidad endeudada, esa que toma cuerpo en una domesticidad cada vez más explotada y precaria.
* Investigadoras GIIF-UBA-Conicet, Cash
