14 agosto, 2020
SEGÚN UN INFORME DEL CENTRO DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
La gestión de la pandemia por el coronavirus desnudó falencias del país en distintos órdenes. Si bien la cuestión sanitaria escaló entre las prioridades, el funcionamiento del Estado sigue mostrando dificultades que lo hacen menos eficaz.
Un estudio de la ONG Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento observa una desaceleración en el ritmo de las designaciones en los cargos públicos de la Administración Pública Nacional.
Según el informe solo 11 de los 21 ministerios (incluyendo la Jefatura de Gabinete) tenían sus estructuras aprobadas a los siete meses de iniciado el gobierno, el 10 de julio pasado.
De estos once ministerios, solo estaban designados formalmente el 59% de los cargos de conducción de direcciones nacionales, y el 60% de las direcciones generales.
Los porcentajes ascienden en el escalafón de unidades de gabinete de asesores (88%) y secretarías y subsecretarías (96%). Lo que significa que no fueron cubiertos todos los cargos que ya existían.
El trabajo, titulado “La capacidad de respuesta del Estado frente a una crisis: el rol de un espacio directivo profesional”, fue realizado por Jimena Rubio y Lucía Aruanno. Allí se analiza que esta situación “si bien esto no implica que el resto de las direcciones en estos ministerios se encuentren carentes de liderazgo, sí implica ciertas limitaciones sobre el trabajo del Estado.
En el Ministerio de Defensa se puede observar la situación más regularizada, con el 100% de los directores nacionales, y el 89% de los generales nombrados.
A contramano, en Obras Públicas solo se designó al 23% y al 29%, respectivamente.
Según el informe, el uso de designaciones transitorias por seis meses ha sido una tendencia creciente durante las últimas tres décadas.
Lo mismo sucede con la excepción de requisitos profesionales o presupuestarios en las designaciones de directores nacionales y generales.
La ausencia de un espacio directivo profesional en la APN pone en tensión la capacidad de respuesta del Estado a problemas complejos, considera el documento.
En esa línea, agrega que en una situación crítica como la actual más que nunca se requiere coordinación, memoria institucional y rápida capacidad de despliegue de la acción estatal.
El informe recuerda también el anuncio sobre este tema que había realizado Alberto Fernández en la inauguración de sesiones ordinarias del Congreso. Ese 1 de marzo, el presidente anticipó que convocaría a un concurso de oposición y antecedentes para incorporar administradores gubernamentales profesionales e idóneos para desempeñar funciones.
“Creemos que este fue un anuncio promisorio, para lo cual se requiere la construcción de amplias coaliciones sociales y políticas”, agrega Gonzalo Diéguez, de CIPPEC.
En esa línea, el analista agrega que para que exista un Estado efectivo “es necesario contar con mejores burocracias públicas que brinden horizontes de largo plazo y fortalezcan las capacidades del Estado para enfrentar crisis como la que estamos viviendo.
Sobre el final del documento se propone un modelo mixto. Es decir, que incluya un cuerpo de carrera para la dirección pública de la APN central, “basada en la selección mediante procesos meritocráticos y con estabilidad en el cargo”, que se complemente con otras funciones directivas “definidas a criterio de la autoridad política”, para “las áreas más dinámicas del Estado.
*CIPPEC, C, NA
