21 marzo, 2021
EL PROYECTO SE PRESENTARÁ LAS PRÓXIMAS SEMANAS EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN. LA DEFINICIÓN ES CLAVE PARA INCENTIVAR LA ACTIVIDAD Y MAYORES INVERSIONES
El gobierno abrió la discusión con las principales petroleras del país con miras a robustecer el proceso de redacción del proyecto de Ley de Hidrocarburos que pretende discutir en el Congreso en los próximos meses.
En ese marco, directivos de YPF junto con funcionarios del Ministerio de Economía trabajan desde hace semanas en el borrador de un texto que incentive la inversión, fundamentalmente en el segmento de exploración y producción de petróleo y gas.
Entre los principales puntos del proyectos sobre salen la fijación de un mecanismo que otorgue previsibilidad en torno a cómo responderá el precio local del petróleo frente a saltos en la cotización internacional; un esquema que promueva las exportaciones de gas; y un régimen promocional que prevea beneficios impositivos.
Demian Panigo, director de YPF por designio del titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, articula ese espacio colaborativo entre la petrolera bajo control estatal y distintos estamentos del Poder Ejecutivo. A partir de esta semana, Economía abrió el juego y convocó al resto de los referentes del sector. Ejecutivos de Pan American Energy (PAE), la segunda petrolera del país, que lidera Marcos Bulgheroni, Pluspetrol y Tecpetrol, del grupo Techint, entre otras, pasaron por las oficinas de Hipólito Yrigoyen 250 para dejar su impresión inicial sobre la iniciativa.
Fuentes del gobierno y de las empresas explicaron a EconoJournal que en esta primera ronda de contactos el objetivo es recoger las inquietudes de las empresas privadas. “En estas semanas estuvimos trabajando en una normativa que le dé nuevo impulso a las inversiones del sector. Queremos saber qué cosas son importantes para las empresas y cuáles no”, indicaron. “Es un contexto de frazada corta, en el que indudablemente existen límites. Por eso, es importante dilucidar qué tipo de instrumentos debe incluir el proyecto de Ley si efectivamente apuntamos a motorizar inversiones en Vaca Muerta y otras cuencas”, agregaron.
Si bien la Secretaría de Energía, que dirige Darío Martínez, y el Ministerio cuentan con un texto base de la Ley, en esta primera etapa los funcionarios no están discutiendo sobre ese borrador, sino sobre los principales ejes que debería contener el proyecto a entender de los privados. “Hay compañías que están más volcadas al gas, otras al petróleo. Algunas están integradas con el negocio de refinación y otros no. Queremos relevar la visión de todos antes de discutir sobre un proyecto en concreto”, explicaron en un despacho oficial.
En esa clave, uno de los puntos que contempla el proyecto bosquejado por YPF y el gobierno establece un mecanismo de determinación del precio del petróleo para el mercado interno. “Fue uno de los primeros temas que surgió de la consulta entre las empresas”, explicaron las fuentes consultadas. En rigor, cualquier avance en esa dirección implicará modificar el artículo 6 de la Ley 17.319 (de Hidrocarburos).
¿En qué tipo de esquema está pensando el gobierno?
En una entrevista con este medio, en septiembre del año pasado, el secretario Darío Martínez indicó la necesidad de sincerar, en términos regulatorios, cómo viene funcionando el mercado de precios domésticos del crudo en los últimos años. Eso implica asumir, en su opinión, que cuando el Brent sufre una fuerte caída, como sucedió en el primer semestre de 2020, en la Argentina se establece un esquema de precio sostén —por encima del valor internacional— para mantener el nivel de actividad y puestos de trabajo. Y que, a la inversa, cuando el Brent anota una fuerte escalada, como sucede hoy en día, se suele fijar, siguiendo el razonamiento del secretario, un barril criollo inferior al internacional para evitar saltos bruscos en el valor de los combustibles en los surtidores locales.
A partir de ese entendimiento, el borrador sobre el que trabaja el Gobierno prevé la incorporación de un instrumento que cruce distintas variables para definir el precio doméstico del barril. No es sencillo. Y menos cuando la nominalidad de la economía se mueve constantemente por la inflación y la depreciación del tipo de cambio.
Se trabaja en una fórmula que utilice como resortes: a) la carga impositiva sobre la venta de combustibles para amortiguar los precios en surtidores cuando el precio internacional se dispare y b) los derechos a la exportación de petróleo para ecualizar el precio interno del crudo, de acuerdo a un informe del sitio especializado Econojournal.
El esquema significará, en los hechos, aceptar que el precio local estará desacoplado de la cotización internacional. Es lo que sucede desde hace 15 años, cuando se repusieron retenciones a la exportación que, salvo por un breve período de tiempo, estuvieron siempre vigentes desde 2004 a la fecha.
La pregunta es de qué magnitud será ese desacople de precios, que siempre es cuestionado por la industria, en especial por las petroleras multinacionales. Y sobre qué nivel de precios se ajustará ese desacople. Para dar un ejemplo: una cosa es fijar un desacople del 30%, vía retenciones, cuando el precio del crudo supera los 70 u 80 dólares. Y otra muy distinta es aplicar esa misma brecha cuando el precio ronda los 60 dólares. Despejar ese interrogante, y conseguir que el sector apoye ese esquema, es el principal desafío que tiene por delante el gobierno.
En esa tarea, el proyecto de Ley deberá dejar por escrito que los precios de los combustibles en el surtidor acompañarán la tendencia del precio internacional. Ese punto es importante para las empresas. Porque termina con la discrecionalidad que tiene el Estado para intervenir sobre el mercado «para garantizar el abastecimiento interno», tal como establece la Ley 17.319.
El texto de Ley también incluye un apartado dedicado a promover las exportaciones de gas. Un primer texto impulsado por YPF proponía re-habilitar las exportaciones con transporte en firme durante los 365 días. Sin embargo, desde Economía rectificaron el texto para restringir las exportaciones al período estival, que es cuando cae el consumo en el mercado local.
A su vez, está previsto declarar la fungibilidad del hidrocarburo, a fin de facilitar —en términos adminsitrativos— la realización de swaps entre cuencas y con el mercado regional.
Como es lógico, el proyecto destina un capítulo a un régimen de promoción con beneficios impositivos y regulatorios para incentivar la llegada de inversiones extranjeras. Integran ese paquete el cobro en cascada del Impuesto a los Ingresos Brutos, con una alícuota del 3,5% en todo el país.
También se prevé incluir un régimen especial para acceder al Mercado único de Cambio, de modo tal de habilitar la repatriación de utilidades a los países de origen de las empresas petroleras.
*EJ, EC
