16 septiembre, 2022
EL IMPUESTO A LA HERENCIA SERÍA UN POSIBLE NUEVO GRAVÁMEN EN CHUBUT
La Cámara de Diputados lo aprobó con la oposición dividida. El trasfondo político y el impacto posible en el bolsillo de los ciudadanos del interior.
Más peso tributario: la nueva Ley de Consenso Fiscal habilita a los Gobernadores a subir impuestos
Con la aprobación de la Cámara de Diputados, el proyecto que ratifica el Consenso Fiscal firmado por el presidente Alberto Fernández y casi todas las provincias fue convertido en ley, dandole a los gobernadores la herramienta que buscaban para poder «blindarse» frente al ajuste fiscal previsto en el acuerdo con el FMI de cara al año electoral.
El acuerdo que firmaron el Presidente y todas las provincias -con la excepción de La Pampa, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires- estaba en el Congreso desde enero, pero el Senado recién lo aprobó en agosto y ahora Diputados lo convirtió en ley con 136 votos a favor, 108 en contra y 4 abstenciones.
El documento ratificado ahora por el Congreso sube el «techo» a los impuestos que había establecido el Consenso Fiscal de 2018 y habilita la eventual creación en cada provincia de nuevos gravámenes como, por ejemplo, el impuesto a la herencia.
Allí se encuentra, según comentan por lo bajo legisladores de distintos sectores, la razón por la que el oficialismo reflotó el tema en agosto tras varios meses de tenerlo «pisado» y avanzó hacia su aprobación: porque les permitiría a los gobernadores un margen mayor para manejar los ingresos fiscales de sus provincias.
El hecho de que casi todos los gobernadores del país firmaran el acuerdo explica la aprobación de la nueva ley. Los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza) suscrbieron el consenso en diciembre y por ello varios diputados de la UCR votaron a favor mientras el PRO lo hizo en contra.
Pero la importancia del Consenso Fiscal pasa por la posibilidad que esta herramienta le da a los gobernadores firmantes de cualquier signo político de resguardarse de un ajuste fiscal que puede afectar a sus provincias, al tener la facultad de subir (dentro de los límites establecidos por el convenio) distintos tributos y crear nuevos.
Luego de estar frenado, en apenas un mes el Consenso Fiscal pasó por el Senado y Diputados hasta ser ley
Si bien los diputados del Frente de Todos negaron durante el debate que esta sea la intención, fuentes del propio oficialismo evalúan desde hace meses que esa es la razón detrás del rescate que se hizo del proyecto luego de estar siete meses paralizado y señalan que justamente se empezó a mover tras la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía.
El ajuste que Massa intenta ejecutar para cumplir con el acuerdo alcanzado con el FMI incluye recortar las transferecnias directas del Tesoro a las provincias. El Consenso Fiscal les permitiría a los mandatarios provinciales amortiguar el impacto de esa medida, algo que no es menor principalmente ante un año electoral.
El acuerdo entre el Gobierno nacional y las Provincias destaca el objetivo de promover el «intercambio de información de naturaleza tributaria sobre los contribuyentes» de las distintas jurisdicciones del país para fortalecer «las capacidades de gestión y potenciar el cumplimiento tributario por parte de los y las contribuyentes a escala nacional, provincial y municipal».
Entre los puntos principales, el Consenso Fiscal fija alícuotas máximas para el impuesto sobre los Ingresos Brutos diferenciadas por actividad: para agricultura, ganadería, pesca y minería, de 0,75%; industria manufacturera, 1,50%; construcción, 2,5%; comercio, 5%; hoteles y restaurantes, 4,5%.
Asimismo, establece alícuotas máximas para comunicaciones de 5,5%; telefonía celular 6,5%; intermediación y servicios financieros 9% (créditos hipotecarios exento); actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5%; servicios sociales y de salud 4,75%. Estos nuevos porcentajes implican subas en rubros como comunicaciones y servicios financieros.
En el caso del Impuesto a los Sellos, el acuerdo establece alícuotas máximas del 3,5% para la transferencia de inmuebles; del 3% a la de automotores; y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo.
En contraste, el acuerdo señala que «los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar» no quedan alcanzados por el establecimiento de una alícuota máxima.
Además, las provincias que firmaron el pacto fiscal con la Nación en 2021 podrán sancionar leyes para fijar impuestos sobre un aumento de riqueza obtenido por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia.
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