El río Chubut es la única fuente de provisión de agua para la mitad de la población de la provincia, unas 200 mil personas que abrevan de este río y ya viene padeciendo la falta de agua en diferentes temporadas. El 80 % del agua del río de Chubut proviene de una pequeña región en las nacientes de la cuenca» donde las lluvias son intensas» pero en gran parte depende del deshielo perigracial.
La provincia de Chubut cuenta con más de 400 glaciares, pero ninguno de ellos está sobre la cuenca del río. La cuenca superior «es un área periglacial muy frágil» y de allí proviene la mayor parte del agua que lleva el río hasta su desembocadura en el océano Atlántico.
La reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el gobierno nacional busca allanar el camino a las mineras al «habilitar la actividad en zonas donde actualmente está prohibida».
Los analistas finos afirman que el gobierno nacional levanta la bandera de un supuesto federalismo, en pos de quitarle al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) la autoridad sobre el inventario nacional de Glaciares y transferir esa atribución a las Provincias.
Pero su principal objetivo sería excluir al ambiente periglacial del inventario de glaciares y restringir la protección únicamente a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica” directa, permitiendo el avance de actividades como la minería, en zonas actualmente vedadas.
El gobierno nacional buscaría debilitar la autoridad nacional del IANIGLA para flexibilizar los criterios técnicos que definen qué áreas deben ser protegidas, mediante una narrativa abiertamente anticientífica, que desacredita el trabajo de instituciones públicas de investigación y minimiza la gravedad de la crisis climática y socioambiental.
A este dramático escenario, agregan que las nacientes del río Chubut son zonas de precordillera que en gran parte «ya están privatizadas» (hay capitales qataríes y de los Emiratos Árabes Unidos, entre otros), y en las cuales ya se han producido desplazamientos y persecución a comunidades -como la Lof Cayunao-, quienes vienen denunciando hace tiempo los avances de estos capitales extranjeros en la región, con lo que ello implica, como la apropiación de territorios y de los bienes comunes que abarcan, principalmente de recursos como la tierra, bosques nativos y vertientes de agua.
Por otro lado, el intento de «aprobación de una solicitud de cateos mineros en las nacientes del río Chubut» por parte del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, también puso en estos días al río Chubut como blanco de los intereses capitalistas y abrió el debate sobre el impacto que un desarrollo en en esa zona de la provincia vecina, podría ocasionar en Chubut, sin que hubiera mayores explicaciones públicas al respecto.
Ante el carácter público que tomó la aprobación de esa solicitud tras algunas publicaciones de la periodista Susana Lara y de las denuncias de la diputada Magdalena Odarda, el gobierno de Río Negro tuvo que dar marcha atrás con la medida, e inventar una salida decorosa informando oficialmente que «no había nada aprobado», contradiciendo la información publicada en el sistema catastral provincial, que si lo confirmaba.
Para agravar aún más la situación, ambientalistas afirman que la intencionalidad de la gestión Torres de considerar posible la explotación de uranio en la Meseta Central, agrega un tema más a este escenario de desprotección, extranjerización, escasez y crisis hídrica: «El alto riesgo de contaminación» de las fuentes de agua (tanto acuíferos como del propio río Chubut), ya sea por el proceso de extracción del uranio en yacimientos que se encuentran dentro o muy próximos a la cuenca del río, o por el abandono o mal manejo de los residuos altamente tóxicos que inevitablemente deja este tipo de minería. (relaves o diques de cola, cisternas de lixiviación, desechos sólidos, etc. ), advirtieron desde PO.
En ese marco, desde diferentes sectores ambientales y políticos hubo llamamientos para movilizar a todo el pueblo de Chubut en defensa del agua, de los glaciares y de los ríos; contra la modificación de la Ley de Glaciares que busca el gobierno nacional, y cuyo único fin consideran que «es más saqueo minero, depredación ambiental y contaminación» en nombre de la generación de empleo y el ‘derrame’ inexistente a costa de los recursos naturales y bienes públicos.
