28 enero, 2026
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) defendió las modificaciones propuestas a la Ley de Glaciares y aseguró que no ponen en riesgo los recursos hídricos. Afirman que la actividad minera consume una porción mínima del agua y opera bajo controles ambientales estrictos.
Por Daniel Barneda/EE*
El sector minero volvió a la carga en el debate por la Ley de Glaciares y buscó despejar las críticas que se multiplicaron en los últimos meses. Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) sostienen que las aclaraciones técnicas impulsadas sobre la normativa no implican un retroceso ambiental y que, por el contrario, apuntan a garantizar una protección efectiva de los glaciares con función hídrica relevante.
En un comunicado oficial, la entidad reafirmó su «compromiso con la protección de glaciares y del ambiente periglacial que cumple una función hídrica relevante», y remarcó que la minería en Argentina se desarrolla bajo criterios de sustentabilidad, sin poner en riesgo las reservas de agua necesarias para las comunidades y otras actividades productivas.
Uno de los ejes centrales del posicionamiento de CAEM es el consumo de agua de la actividad minera. Según la cámara empresaria, el sector representa una fracción mínima del uso hídrico total en las regiones donde opera.
De acuerdo con sus estimaciones, cerca del 93% del agua se destina a la agricultura, mientras que las industrias en su conjunto consumen el 7% restante, de los cuales la minería explicaría apenas alrededor del 1%.
Desde el sector también destacaron que gran parte del recurso utilizado en los procesos productivos se reutiliza. Entre el 70% y el 90% del agua empleada, indicaron, circula en sistemas cerrados y se recircula dentro de las plantas, lo que permitiría reducir la presión sobre las fuentes naturales. Para CAEM, estas prácticas evidencian una gestión eficiente de un recurso clave para el desarrollo de los proyectos mineros.
La Cámara subrayó además que la actividad se encuentra sujeta a un marco regulatorio exigente. Para operar, los proyectos deben presentar estudios de impacto ambiental conforme a la Ley 24.585, que se actualizan de manera periódica y son auditados por autoridades provinciales, con participación de organismos técnicos, universidades y comunidades locales a través de instancias de monitoreo participativo.
A estos controles se suman estándares y protocolos internacionales de sostenibilidad adoptados por las empresas del sector, como HMS/TSM, ICMM, ISO e IRMA. Según CAEM, estos esquemas aportan «capas adicionales de control» y permiten mejorar la eficiencia en el uso del agua y la gestión ambiental en general.
El posicionamiento del sector se da en un contexto de creciente debate público sobre la Ley 26.639, sancionada hace 15 años, que estableció presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial y prohibió actividades que pudieran afectar su condición natural. La norma dio origen al Inventario Nacional de Glaciares y fijó restricciones especialmente sensibles para la minería y los hidrocarburos.
La postura de CAEM deja en claro que la discusión sobre la Ley de Glaciares no solo atraviesa la agenda ambiental, sino también el modelo de desarrollo productivo
La discusión se intensificó luego de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso, en diciembre pasado, un proyecto de modificación presentado como «interpretativo». La iniciativa propone limitar la protección a los glaciares y ambientes periglaciales que cumplan una función específica como reserva hídrica o recarga de cuencas, lo que generó fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y sectores académicos, que advierten sobre una posible flexibilización de los estándares de protección.
Desde CAEM, en cambio, sostienen que el problema radica en la falta de definiciones técnicas claras, especialmente en relación con el ambiente periglacial. Según la cámara, la redacción actual puede dar lugar a interpretaciones amplias que incluyan crioformas sin función hídrica relevante, lo que derivaría en «restricciones innecesarias que no mejoran la protección real del agua».
En el sector minero advierten que estas ambigüedades generan inseguridad jurídica y afectan la previsibilidad para desarrollar inversiones a mediano y largo plazo. Por eso, insisten en la necesidad de distinguir con mayor precisión entre los cuerpos de hielo que cumplen un rol estratégico en el ciclo hídrico y aquellos que, desde su perspectiva, no deberían estar sujetos al mismo nivel de protección.
Mientras el debate legislativo sigue abierto, la postura de CAEM deja en claro que la discusión sobre la Ley de Glaciares no solo atraviesa la agenda ambiental, sino también el modelo de desarrollo productivo y el equilibrio entre protección de los recursos naturales e impulso a la actividad minera.
