22 junio, 2020
LAS DEMÁS PROVINCIAS ADOPTARON LAS SESIONES VIRTUALES A PARTIR DE MARZO
Por Trivia Demir
El rol de la Legislatura del Chubut es indelegable. Tiene la exclusiva autoridad para crear leyes dentro de esta provincia y de administrar el presupuesto del Estado, a la par de controlar sus acciones en consonancia con las disposiciones constitucionales. De allí la importancia de su funcionamiento o de su peligrosa paralización por tratarse de un rol esencial.
De acuerdo a un interesante análisis de la ONG Directorio Legislativo sobre transparencia, la Legislatura del Chubut aparece con muchas cosas por modificar y repensar, a la luz del paradigma de ´Parlamento Abierto´ a nivel subnacional.
Pero tal vez lo más preocupante hoy es que de las 24 provincias argentinas, la Legislatura del Chubut es la única que al momento y frente al cuadro de emergencia sanitaria, económica y social, sigue sin sesionar presencial ni virtualmente, y recién lo haría en el mes de julio.
La pregunta del millón es si ¿se puede mantener una relajación tal del funcionamiento del Estado, sin que eso se traduzca en consecuencias aún más drásticas para la realidad provincial, en momentos donde los tiempos de decisiones y la calidad institucional deberían imponerse?
En el informe “Modernización y Transparencia Legislativa en la Argentina Federal: Una mirada sobre las legislaturas provinciales” surgen disparadores a serios interrogantes aplicables a nuestra casa de las Leyes, ámbito casi excluyente al que puede apelar el vecino de a pie.
De hecho, con fuertísimos cuestionamientos al poder Ejecutivo, el único ámbito de representación popular es precisamente el Legislativo. Si este espacio continúa inactivo, los resultados del devenir pueden ser aún peores de lo que se conoce en términos de crisis.
Según expone el informe de la ONG PL, Mendoza y Córdoba fueron las provincias que tomaron la delantera autorizando sesiones y reuniones de comisión de forma virtual ya en el mes de marzo.
Tal es así que Mendoza se declaró en ´sesión permanente´ desde el 24 de ese mes debido a los requerimientos de urgencias que impone la crisis que generó la pandemia.
Mientras que el 26 de marzo por su parte, la legislatura cordobesa fue habilitada a sesionar de manera remota a través del decreto 54/2020, dispuesto por el propio vicegobernador de la Provincia, Manuel Calvo
A otras legislaturas les tomó un poco más de tiempo iniciar actividades en esta modalidad, ya que debieron modificar su reglamento interno (Senado de la Provincia de Buenos Aires, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de Salta), pero no tanto como a Chubut que todavía en el mes de junio está en gestiones para habilitar esta modalidad y la aplicaría recién el 2 de julio, de acuerdo a lo anunciado por el vicegobernador Ricardo Sastre.
Hay otras experiencias provinciales como las de Jujuy y Chaco, que decidieron mantener la modalidad presencial para sesionar con estrictos protocolos sanitarios, pero por supuesto no tienen ni las características territoriales de nuestra provincia, ni la misma situación epidemiológica ni mucho menos las complicaciones de coyuntura.
Como sea, a pesar de que la mayoría de las legislaturas tardó meses en adaptar sus funciones al nuevo contexto, actualmente todas -menos Chubut-, han implementado medidas para garantizar que las y los legisladores continúen con sus debates y actividades en cuarentena.
Incluso las reuniones de comisión, algo que en Chubut tampoco se vienen dando cuando precisamente se requiere mayúsculo análisis de los pedidos del Ejecutivo, donde está en tratamiento nada menos que la reestructuración del pago de deuda pública (con la letra chica de próximos vencimientos, intereses y comisiones para revisar), y la modificación tributaria con la que el gobernador Mariano Arcioni volverá a insistir, entre los principales temas.
Para los observadores finos, hay dos componentes que han demorado el real funcionamiento del Poder Legislativo y ellos son: la interna política que atraviesa la alianza gobernante y el atraso en el pago de salarios. Pero lo primero aflora como el principal causal, ya que otras provincias tuvieron complejidades financieras e incluso paros de días laborables por atrasos e incumplimientos salariales como Córdoba o Río Negro para mencionar los más recientes casos, y que condicionaron sus tareas tanto en forma presencial como desenchufándose del teletrabajo, pero los diputados no pararon de legislar.
Los números que se graban en la mente son: 27 diputados, 111 asesores, 400 empleados, 3 sesiones en seis meses. Es que en Chubut se observa que las pulseadas políticas ni siquiera llegaron al recinto en este nuevo gobierno, porque directamente no se ha garantizado el trabajo de los legisladores, que son el cuerpo político de ese poder, y que va más allá del reclamo de los administrativos.
Con esto se evidencia que el Legislativo fue convertido en un músculo político de pocos, prácticamente negando a toda la sociedad de la actividad de este otro Poder bajo argumentos políticos y sindicales, posiblemente entendibles, pero no justificables para la cúpula que ocupa cargos electivos.
Es verdad que a la fecha, al grueso de los empleados legislativos se les debe los sueldos de abril y mayo, pero también es cierto que un 90% de ellos perciben salarios dentro del rango 4; es decir que cobran más de 150 mil pesos mensuales los que en el marco de la crisis financiera que arrastra la provincia los coloca en el último escalón de pagos.
Además, la cantidad de empleados legislativos es casi un secreto de estado aunque estimaciones extraoficiales reportan por encima de los 400 empleados que orbitan sobre el trabajo de 27 diputados, aunque no todos reportan laboralmente en el edificio de Rawson cuando funcionan normalmente las actividades.
Además de los empleados de planta, estos 27 diputados tienen 111 asesores repartidos entre los diputados y los bloques. Hay 54 asesores designados por los diputados y otra cantidad distribuida casi proporcionalmente en los tres bloques, además de los tres secretarios políticos, uno por cada espacio partidario.
Esta desmesura numérica para una población de 600 mil habitantes se traduce también en una desproporción presupuestaria que hace que el funcionamiento del Legislativo así constituido le cueste anualmente a Chubut más de 1.100 millones de pesos, (en proporción más de 40 millones anuales por diputado) de acuerdo a un reciente informe de la Fundación Libertad.
Todo ese conglomerado de gente, como se dijo, es un verdadero ‘músculo político’ que hoy solamente hace demostración de resistencia, liderado por unos pocos conductores del brazo legislativo que concentran las negociaciones. Poner a andar ese poder sería entrar en acción legislativa, una instancia que no implica también ‘el manejo’ unidireccional: “Hasta ahora le hemos aprobado todo lo que presentó el Ejecutivo”, es la frase con la que dan por asumido quienes accionan desde las formas.
Prueba de esto muestra que en el peor momento de crisis social, económica, financiera y sanitaria de la provincia, el legislativo sólo sesionó tres veces.
El 2 de marzo se realizó la apertura oficial de las sesiones ordinarias 2020 en Chubut y la sesión preparatoria.
El 5 de marzo La Legislatura aprobó el Presupuesto de Gastos y Recursos del Poder Judicial de Chubut y rechazó los tributos de Pesca y el Fondo Ambiental Pesquero.
El 12 de mayo la Cámara de Diputados del Chubut volvió a sesionar de manera presencial después de 68 días bajo argumento del paro de APEL y del aislamiento social que impuso la pandemia de coronavirus. Allí, la mayoría de los DNU dictados por Arcioni fueron aprobados y otros transformados en ley pero con modificaciones al texto original, que consistieron básicamente en sacarle poderes extraordinarios que se le adjudicó a algunos ministros para actuar durante la cuarentena por el coronavirus.
La semana pasada el vicegobernador anunció que comenzarían a funcionar por videoconferencia pero que primero debía reformarse el reglamento, lo que se abordará el próximo 30 de junio y recién habría una próxima sesión el 2 de julio próximo. Casi cuatro meses después a lo realizado por las demás provincias del país.
Entre otras cosas, en contexto de pandemia se pone de relieve una vez más la necesidad de contar con un mayor grado de transparencia en los poderes públicos en general, y en los poderes legislativos en particular. ¿Qué decisiones se toman? ¿Cómo se toman? ¿Quién las controla?
El informe de Directorio Legislativo en base a los resultados obtenidos y publicados la semana pasada, califica a las provincias primero, según el grado de publicación de datos parlamentarios, y segundo, las califica según el grado datos administrativos publicados. En todos ellos está demás decir que la Legislatura de Chubut está bien lejos de la transparencia deseada.
En el resumen general se afirma que sólo 8 de las 32 cámaras (por supuesto entre las que no está Chubut) abren el trabajo de sus comisiones (proyectos tratados, dictámenes, versiones taquigráficas y/o transmisión en plataformas digitales).
Ningún portal oficial, salvo el de Chaco, difunde información sobre dietas y escala salarial de legisladores, funcionarios y personal legislativo.
Ninguna legislatura publica la nómina de personal (planta permanente, transitoria o contratados) en formatos abiertos.
Si bien sólo 9 de los 32 portales (donde no está tampoco Chubut) desarrollaron secciones en las cuales se brindan datos sobre el presupuesto y su ejecución, la información se dispone en un lenguaje técnico que dificulta su comprensión, gran parte de los datos se encuentran desactualizados y, en algunos casos, no son exhaustivos.
Temas para comenzar a pensar en cambios de fondo en Chubut, si se pretende un futuro lejos del actual berenjenal administrativo y debacle financiera.
Informe completo https://directoriolegislativo.org/blog/2020/06/17/modernizacion-y-transparencia-legislativa-en-la-argentina-federal/
