18 abril, 2021
La Cámara de Apelaciones hizo lugar a un amparo presentado por un grupo de padres. Larreta reunió al gabinete y dará una conferencia de prensa.
La Cámara de Apelaciones de la Ciudad falló a favor de las clases presenciales y le pidió al gobierno porteño que garantice la apertura de las escuelas pese al DNU de Alberto Fernández que lo prohibió por 15 días.
La votación del tribunal que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli fue unánime, y la medida se haría efectiva este lunes. Fuentes al tanto del expediente opinan que el Gobierno nacional no puede apelar la decisión, por no formar parte del caso.
Ante la decisión de la Cámara, que se intuía luego que esta mañana la fiscal porteña Karina Cichero dictaminará en favor del regreso a las aulas, Larreta reunió a todo su gabinete y anunció que esta noche brindará una conferencia de prensa. El jefe de Gobierno le está sacando el máximo jugo político a la pelea con Alberto por la reapertura de clases, una medida que hasta en el gabinete nacional reconocen es muy impopular y que el Presidente tomó en contra de la opinión de sus ministros Cafiero, Trotta y Vizzotti.
Conocida la decisión de la justicia, los gremios docentes aliados del kirchnerismo, anunciaron que convocarán a un paro para este lunes.
«La responsabilidad en la prestación y el modo en que se organiza el servicio de educación es una competencia netamente local y que, por ende, debe ser dispuesta por los órganos constitucionales que tanto la Constitución nacional, local y las leyes dispusieron para ello. Esto es: el Poder Ejecutivo local», argumentó el tribunal en el fallo.
La responsabilidad en la prestación y el modo en que se organiza el servicio de educación es una competencia netamente local. Cualquier interferencia, por más razones válidas que ofrezca, implica lesionar la división federal de nuestro Estado y vulnerar la autonomía local.
Y agregó: «Cualquier interferencia, por más razones válidas que ofrezca, implica lesionar la división federal de nuestro Estado y vulnerar la autonomía local. Máxime cuando la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de su competencia, venía adoptando las medidas correspondientes para asegurar la prestación del servicio de la educación, conforme las disposiciones consensuadas en el resto del país».
«Deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida», afirmó el ministro Martín Soria, sobre la decisión de la justicia porteña de habilitar las clases.
El ministro de Justicia, Martín Soria, insinuó que el gobierno nacional no buscará invalidar el fallo de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, que habilitó el regreso a las aulas que el decreto de Alberto Fernández había suspendido por dos semanas.
«La fiscal, los jueces y el Gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida», sostuvo el ministro.
El gobierno nacional no es parte en la causa que habilitó las clases, porque se trató de un amparo presentado por una ONG. Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a LPO que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se presentó en el expediente pero los magistrados no la dejaron ser parte.
El gobierno denunció que tanto la fiscal como el tribunal son muy cercanos al macrismo. El propio Soria afirmó: «El Presidente tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos».
Los sectores más duros del kirchnerismo, como el ex ministro Aníbal Fernández, directamente pidieron que el gobierno nacional intervenga la justicia porteña. Tanto Soria como el propio Alberto Fernández dejaron flotando la posibilidad de pedir la intervención de la justicia federal -lo que plantearía un conflicto de competencias que eventualmente debería resolver la Corte Suprema-, pero no expresaron con claridad si seguirán esa vía.
«Lo que hicieron es un estrago jurídico. Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la justicia federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia Por eso la ciudad fue directo a la Corte», afirmó Alberto Fernández luego de conocerse el fallo.
En la mañana de este domingo la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, había resuelto a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas a contramano del decreto del Gobierno.
El recurso había sido presentado por un grupo de docentes enrolados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas, que consideraban que era prioritario sostener las clases pese a la escalada de contagios en el AMBA.
*LPO
