La Justicia imputó a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito: viajes, patrimonio sin declarar y
El fiscal federal Gerardo Pollicita formuló el requerimiento para que se investigue el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Qué se le imputa
Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete de Javier Milei enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito tras detectarse inconsistencias en sus declaraciones juradas, incluyendo un aumento patrimonial del 500% según denuncias y propiedades no declaradas.
Adorni declaró $107,9 millones a fines de 2024, con deudas crecientes en dólares.
Patrimonio y deudas: Su patrimonio declarado pasó de $61 millones en 2023 a $107,9 millones al cierre de 2024. Simultáneamente, sus deudas reportadas crecieron un 178% en el mismo periodo, alcanzando los $95,4 millones, principalmente en dólares con cuatro acreedores, según este informe de Chequeado.
Investigación Judicial: El fiscal Gerardo Pollicita imputó a Adorni y solicitó 12 medidas de prueba, incluyendo informes sobre propiedades en countries, vehículos y viajes. Se investiga la coherencia entre sus ingresos y su evolución patrimonial, según esta publicación de Instagram.
Defensa: Adorni defendió su patrimonio argumentando que fue construido durante sus más de 25 años de trabajo en el sector privado antes de ingresar a la función pública.
Polémica: La investigación se enfoca en presuntas inconsistencias y bienes no declarados, incluyendo un departamento en Parque Chacabuco.
En su presentación, el fiscal solicitó impulsar la acción penal al considerar que existen elementos que ameritan profundizar la pesquisa en base una denuncia de la diputada Marcela Pagano.
Según el escrito, la denuncia sostiene que el funcionario “habría incrementado su patrimonio de una manera desproporcionada en relación con sus ingresos legítimos como funcionario público”. El eje de la denuncia apunta a un presunto “desproporcional incremento patrimonial”, con “severas discrepancias entre las declaraciones juradas”, además de la posible “omisión de activos financieros y depósitos en el exterior”. También se menciona la incorporación de fondos cuya procedencia habría sido justificada mediante préstamos familiares.
La denuncia e investigación
Entre los datos remarcados por la fiscalía, según la denuncia, se destaca que el patrimonio del funcionario “habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal”, junto con la declaración de dinero en efectivo en dólares y pesos, y un nivel significativo de endeudamiento. Otro de los puntos bajo análisis es la presunta existencia de un inmueble no declarado en un country de la provincia de Buenos Aires. Se trata de la casa en el Country Indio Cúa Golf Club, partido Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, el cual no se encontraría consignado en su Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI), presentada ante la Oficina Anticorrupción, según la denuncia.
De acuerdo a la denuncia citada por el fiscal, “múltiples fuentes coincidentes señalan” que Adorni y su pareja habrían estado vinculados a la construcción de una vivienda que no figura en su declaración jurada patrimonial. En ese sentido, se advierte una posible “discordancia con la Declaración Jurada Patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción”, en la que el funcionario declaró únicamente dos propiedades y no consignó bienes en ese emprendimiento. La denuncia alude a que según información pública disponible en portales inmobiliarios, “el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cuál asciende a aproximadamente u$s149.875, con valores que oscilan entre u$s129.000 y u$s249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote, a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000. Las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas”
Una docena de medidas de prueba Para avanzar en la investigación, el fiscal Pollicita pidió una batería de medidas de prueba. Doce en total, entre ellas, solicitó informes a registros de la propiedad, organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES, con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la titularidad de bienes, vehículos y posibles participaciones societarias. Por ejemplo, pidió que se libre oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires “a fin de que informe la titularidad de dominio, antecedentes registrales, gravámenes, restricciones, medidas cautelares, nomenclatura catastral y partida correspondiente al lote 380 del Country Indio Cuá Golf Club y/o a cualquier otro lote, unidad o inmueble ubicado dentro de dicho emprendimiento que registre a nombre de Manuel Adorni y/o Bettina Julieta Angeletti”, según confirmaron fuentes judiciales.
También quiere saber quién paga las expensas de esa casa, por lo que consideró que debe librarse un oficio a la administración del country. Y que se solicite a la municipalidad que informe si se tramitó permiso de construcción. Entre las medidas pedidas, el fiscal estimó que debe solicitarse al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “que informe la totalidad de los bienes inmuebles registrados a nombre de Manuel ADORNI y/o Bettina Julieta Angeletti, con detalle de su titularidad, porcentajes, fecha de adquisición, gravámenes, inhibiciones y demás constancias de dominio que se relacionen con los nombrados” Además, requirió datos migratorios, movimientos laborales y documentación sobre eventuales operaciones inmobiliarias o financieras, así como información sobre los supuestos préstamos familiares mencionados en la denuncia.
Otra de las medidas sugeridas es pedir a la Oficina Anticorrupción “que remita copia certificada de la totalidad de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas por Manuel Adorni, incluyendo los anexos reservados, correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025, si existiere esta última; e informe, además, si el nombrado presentó la declaración jurada correspondiente al último ejercicio exigible, según reportó Ámbito.
Asimismo, deberá acompañar la declaración jurada patrimonial integral de alta del nombrado” El objetivo, según surge del requerimiento, es reunir elementos que permitan determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y su patrimonio, o si, por el contrario, se registran inconsistencias que justifiquen el avance de la causa. La investigación quedó ahora a consideración del juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, que deberá resolver si hace lugar a las medidas solicitadas por el Ministerio Público. Otra de las posibilidades es que el juez delegue la causa en el fiscal, y que sea Pollicita quien lleve adelante las medidas relacionadas a la investigación.
