11 septiembre, 2022
Todas las hipótesis conducen al procesamiento de Fernando Sabag y Brenda Uliarte, los dos detenidos por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. No obstante, para la justicia la investigación del caso aún no está cerrada, porque buscan determinar si hay más involucrados.
Entretanto organizan las pruebas obtenidas en los primeros 10 días de trabajo, siguen esperando los resultados del análisis del cruce de mensajes telefónicos entre los dos imputados y el grupo de “Los copitos”. Además la fiscalía aguarda que llegue el informe sobre los celulares de la custodia de la expresidenta, pues quiere asegurarse que no existan vínculos ni complicidades con los detenidos.
En Tribunales necesitan que los encargados de las pericias aceleren su tarea. Por eso, la jueza federal María Eugenia Capuchetti se constituyó personalmente ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para ver los avances de las medidas que había ordenado, entre las que se encuentra el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados.
A todo esto, recibió un informe de Gendarmería Nacional Argentina que arrojó que los certificados de discapacidad del Ministerio de Salud Bonaerense hallados a nombre de Sabag y Uliarte eran apócrifos.
Ambos detenidos están imputados por haber intentado dar muerte a Cristina Kirchner, con planificación y acuerdo previo entre ambos.
Según consta en el expediente, dicha conducta tuvo lugar cuando la vicepresidenta se encontraba saludando a las personas en la puerta de su casa. Fernando Sabag, aprovechando el estado de indefensión generado por la multitud, apuntó hacia su rostro con una pistola semiautomática calibre 32 accionando la cola del disparador en al menos una ocasión sin que se produjera el disparo pese a encontrarse cargada con cinco cartuchos y resultar apta.
En cuanto a Brenda Uliarte estaba presente en las inmediaciones del lugar, adonde habían arribado juntos.
La justicia tiene acreditado que tenían el arma con sus municiones desde por lo menos el 5 de agosto de 2021, sin contar con la debida autorización legal, a sabiendas de ello.
También se les imputa haber acopiado dos cajas de municiones con 50 cartuchos cada una, y finalmente haber falsificado y/o haber participado en la falsificación de los certificados de discapacidad emitidos a su nombre por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Mientras esperan que la justicia resuelva su situación procesal, Sabag permanece detenido y no recibe visitas. Durante varios días estuvo con la misma ropa, hasta que su defensa oficial se ocupó de rescatar algunas de sus remeras y otras prendas de vestir que aún estaban en el PH que alquilaba en San Martín. Está recuperándose del golpe en el ojo.
En tanto, fuentes judiciales informaron que Brenda Uliarte está bien de salud, aunque angustiada, contenida por su padre y su tía que la vieron en su lugar de detención.
Para la justicia los dos son imputables, apoyados en los resultados de las entrevistas que les hicieron los especialistas de la Policía Federal Argentina (PFA) y el Cuerpo Médico Forense.
De momento sus abogados no interpusieron ningún planteo para que se revise su salud mental, no obstante en el caso de Sabag, el primer informe elaborado por la PFA recomendó un análisis exhaustivo de su cuadro psicopatológico. Por ese motivo, lo están viendo a diario peritos psiquiatras y psicólogos.
La causa tiene 5 testigos que a su vez son objeto de la investigación. Se trata de los amigos que junto con Fernando Sabag y Brenda Uliarte integran el denominado grupo de “Los copitos”.
Fueron llevados a declarar a Comodoro Py después que aparecieron en la televisión desvinculandose del atentado. Antes de irse entregaron en el juzgado sus teléfonos, que se convirtieron en una de las piezas claves de la investigación. Los Peritos analizan si los celulares fueron manipulados antes de ser entregados a la justicia para borrar información.
Si bien están abiertas muchas hipótesis, en esta línea quieren ver el cruce de mensajes telefónicos entre todos, pues tienen identificado que en su grupo de Whatsapp también debatían sobre política.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria está procesando los mensajes, que en general son expresiones cortas y se relacionan con diversos temas, como por ejemplo su gusto por el metal rock, que es en definitiva la razón que los unió en el chat originalmente.
Según declararon conocían a Sabag y a Uliarte desde hacía tres meses, y con ellos surgió la organización de las ventas de copos de azúcar.
Precisamente el carrito de ventas de copos de algodón fue visto varios días antes del atentado en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner, en Juncal y Uruguay, a través de videos públicos y privados.
La pregunta es si usaron la venta ambulante para camuflar tareas de inteligencia previas al ataque.
“Los copitos” fueron identificados como Gabriel Carrizo, a quienes todos llaman el jefe porque es el dueño de la máquina de hacer algodón de azúcar, Miguel Ángel Castro Riglos, Sergio Orozco, Leonardo Volpintesta y Lucas Acevedo.
Los primeros datos obtenidos por la Dirección Judicial de Delitos Complejos (DAJUDECO), establecieron que los celulares de Sabag, Uliarte y Carrizo, estuvieron frente al domicilio de la vicepresidenta el día del atentado.
Asimismo, la PSA está estudiando una carpeta oculta que extrajo del teléfono de Uliarte, mientras que la Gendarmería Nacional realiza “el peritaje del peritaje”, para averiguar porque se perdió la información del celular de Sabag.
Desde hace 10 días la justicia está poniendo el foco en el riesgo de vida que corrieron Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.
Por un lado, el ataque contra la vicepresidenta con una gravedad insoslayable después de que le gatillaron un arma a 20 centímetros de su cabeza. Por otro, la denuncia que presentó la custodia del ex presidente por una amenaza de muerte en redes sociales, que podría haber pasado como un hecho habitual, si no fuera porque se detectó unas horas antes del atentado.
Ambos casos ingresaron el jueves 1 de septiembre a través del juzgado federal de turno, a cargo de María Eugenia Capuchetti, con la actuación del fiscal Carlos Rivolo. Pero la demanda de trabajo que requiere investigar el intento de homicidio de la expresidenta derivó en que la jueza envíe el expediente de Macri a la Cámara Federal para que sortee otro tribunal. Así fue que quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que delegó la causa al fiscal federal Gerardo Pollicita.
Desde ese momento, la justicia ordenó la intervención de delitos tecnológicos para identificar a la persona que posteó en redes sociales una amenaza de muerte contra el expresidente Macri. En la ampliación de su requerimiento solicitó datos de la cuenta a la empresa Twitter e inició medidas para obtener la conexión desde donde las emitieron.
La denuncia la presentó la División Delitos Constitucionales de la PFA proveniente de la Dirección General de Seguridad Presidencial y Protección de Estado de la Superintendencia de Seguridad y Custodia a cargo de la custodia de Mauricio Macri. Se basó en el mensaje de una cuenta de Twitter que ya fue cancelada @Luisanfer2442 donde el usuario publicó “¿Cuánto me pagan por ir a matar a Macri y a la mierda que lo rodea?” (23 de agosto del 2022)
Según pudo saber A24.com, en el expediente consta que esa misma cuenta escribió “Feinmann, judío hijo de puta, vos tenés las horas contadas” (24 de agosto de 2022); “deberíamos ir a matar fiscales y jueces, para que entiendan, que la justicia debe ser independiente. No digo de matar a estos 2 delincuentes solamente, sino a unos 1000, para que entiendan que la justicia no debe ser un juego de video para que ellos hagan lo que quieran. Matemos” (23 de agosto de 2022).
Puntualmente, el fiscal Pollicita pidió “identificar a la persona que utiliza el usuario @Luisanfer2442 de la red social Twitter y se rastreen todas las publicaciones del mismo vinculadas a los hechos objeto de investigación”.
Además solicitó que “se libre exhorto internacional a la empresa Twitter Inc c/o Trust & Safety–Legal Policy a fin de que aporten todas las constancias relativas al usuario @Luisanfer2442, IP de creación, número de teléfono, registros de sesiones Ip y la totalidad de los tweets, mensajes directos y multimedia del mismo”.
