3 enero, 2024
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) comunicó este martes que concluyó el «proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares» a los fondos previstos en la ley 21.950, por lo cual esas autoridades de la Iglesia católica dejarán de percibir los aportes del Estado nacional.
Las renuncias se realizaron el último día hábil de diciembre, «conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria y a lo informado a la Secretaría de Culto de la Nación», indicó la CEA en un comunicado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en una resolución del 26 de abril de 2023, había habilitado que los arzobispos y obispos que «hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar, de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley», se detalló.
Concluyó el proceso de renuncia a la asignación prevista según Ley 21.950#Comunicación #CEAhttps://t.co/HKTPNTsKn3
— Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) January 2, 2024
La ley 21.950 (del año 1979) establece que los «arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías (circunscripción territorial bajo la autoridad de un obispo) y exarcados (territorios) del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos».
«El monto actual de la asignación es de 98.000 pesos», precisó la CEA sobre la suma que recibían los eclesiásticos.
Además, se recordó que la CEA en 2018 había anunciado su «decisión de renunciar progresivamente a los fondos estatales» y se consignó que en julio de 2020 «los obispos avanzaron en su idea de generar nuevos mecanismos para financiarse, y presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE), destinado al desarrollo de la consecución de donantes y fondos para solventar las tareas pastorales en el país».
«Si bien el aporte que realizaba el Estado -que se destinaba principalmente a pagar las asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos- cubría solamente el diez (10) por ciento del presupuesto total de la Iglesia, era de gran ayuda para las diócesis más pobres», destacaron.
Cabe destacar que por tratarse del culto oficial impuesto en la Cosntitución Nacional, la Iglesia católica también se beneficia de las decisiones tomadas por los gobiernos que decidan refaccionar sus edificios, como fue el caso de la Basílica de Luján, restaurada entre 2003 y 2015 a partir de una licitación, la primera realizada por Néstor Kirchner tras asumir como Presidente. Lo mismo ocurrió con una serie de iglesias que durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se decidió refaccionar.
Existen otras transferencias que el Estado hace a la Iglesia, aunque con fines específicos, como los subsidios a escuelas religiosas. Este número, sin embargo, es actualmente imposible de calcular, ya que no hay una discriminación en el Presupuesto que permita saber cuántos de estos fondos van a escuelas religiosas.
La Iglesia cuenta además con ciertas exenciones impositivas, como es en el caso del Impuesto a las Ganancias o en el IVA, un beneficio que se extiende a otras entidades religiosas.
Las transferencias del Estado serían, de acuerdo con las estimaciones de la Iglesia, un monto menor comparado con el presupuesto eclesiástico. De acuerdo con un cálculo realizado por Pablo Garrido Casal, ecónomo del Arzobispado de Buenos Aires y autor de un libro sobre las colectas de la Iglesia, en 2007 se trataba del 7% del total, actualmente se estima que rozaba el 10%.
