31 diciembre, 2024
Un fallo en la causa Levinas sienta la doctrina que permite a Macri trasladar el juicio del correo a la justicia porteña en la que tiene más lobby. Maqueda se despidió del máximo tribunal con este pronunciamiento.
Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda fallaron a favor de la competencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, en una causa de los familiares del artista plástico León Ferrari contra el periodista Gabriel Levinas, y abrieron la puerta para que Mauricio Macri pueda defenderse en el mismo ámbito en la causa Correo.
El litigio de los herederos de Ferrari se inició por la venta de 11 dibujos suyos en Francia, cuyo valor nunca habría abonado Levinas a los familiares del autor. Ante los reveses cosechados en primera y segunda instancia, el periodista apeló al TSJ bajo la figura del recurso de inconstitucionalidad, una herramienta diseñada por Raúl Zaffaroni cuando ocupaba una banca como legislador porteño.
De esa manera, el acusado buscaba resolver el conflicto en el máximo tribunal local, que le concedió ese derecho con los votos a favor de Ines Weimberg de Roca, Santiago Otamendi, Marcela de Langhe y Luis Lozano, frente al rechazo de Alicia Ruiz. Sin embargo, la Cámara Civil se opuso a esa intervención y sobrevino una puja interjurisdiccional que ameritó que el asunto escalara hasta la Corte.
Desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales, este viernes resolvieron que «el TSJ resulta competente en este caso para revisar la sentencia dictada por la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil», y exhortaron «a las autoridades competentes para que readecuen la estructura institucional y normativa necesaria en los términos de este fallo».
La definición produce un giro copernicano que impacta en la larga pelea por defender su competencia de los jueces «nacionales» de la Capital, único distrito donde existe esa categoría. «No quieren ser municipales», explicó un juez federal de Comodoro Py al sitio LaPoliticaonline.
La querella entre Ferrari y Levinas opera como un leading case y beneficia a Macri. De hecho, la Corte también remitió este viernes al TSJ la causa Correo Argentino. El ex presidente pretende que esta causa que le quita el sueño se resuelva en los juzgados porteños donde tiene un lobby ineludible. Por eso, su familia reclamó el apartamiento de la jueza Marta Cirulli y la fiscal Gabriela Boquín, que contra viento y marea hizo avanzar la causa.
Macri pretende que la causa sea resuelta en la justicia porteña. Toda una apuesta a los jueces del Supremo Tribunal de la Ciudad, que integran Weimberg de Roca, Otamendi, De Lange y Lozano. La cercanía es inapelable. Por ejemplo, Weimberg de Roca es amiga de Macri del gimnasio Ocampo y por eso en su mandato la propuso, sin éxito, como procuradora de la Nación.
El grupo Socma de Macri pretendía que la causa Correo quedara circunscripta a la jurisdicción porteña, una apuesta a los votos favorables de Weimberg de Roca, Otamendi, De Lange y Lozano, cercanos al lobby del ex presidente. Chocobar podría correr la misma suerte.
La misma suerte podría correr la defensa del policía Luis Chocobar. Su abogado, Luis Cevasco, militante de Unidos por la Justicia junto al ex ministro macrista Germán Garavano, apostó a ese atajo para que el uniformado acusado por gatillo fácil se eximiera de la comparecencia en Comodoro Py.
La hipótesis de la contribución indirecta a Macri del fallo Levinas es cuestionada en pasillos judiciales que defienden la imparcialidad de la Corte. «Es absurdo pensar en un oportunismo político, cuando el fallo era obvio por lo que ya se había dicho en Bazán, y además hubiese sido más cómodo para la Corte no hacer nada frente al contexto», argumentó a LPO un experimentado funcionario judicial.
Un jurista prestigioso incluso planteó «la supremacía constitucional», establecida por el caso Sojo desde 1887. «Ninguna ley ni tampoco ninguna inactividad de los poderes constituidos puede estar por sobre lo que la Constitución manda expresamente a hacer, y eso es lo que resolvió la Corte: garantizar la vigencia de la Constitución que, en este aspecto, ha venido siendo sistemáticamente ignorada, con perjuicio para el federalismo argentino», explicó.
La opinión del procurador interino, Eduardo Casal, sobre el leading case se había conocido el 28 de junio de 2021 y, aunque su dictamen no es vinculante, resultó contrario a los intereses de Levinas. «El procurador fue muy hábil políticamente porque eran los tiempos del gobierno de Alberto Fernández y se hablaba de la candidatura de Daniel Rafecas a la Procuración», recordó un camarista que destacó la destreza para hacer equilibrio entre los intereses del peronismo y el macrismo en ese entonces.
Rosenkrantz se pronunció en disidencia con la mayoría y en consonancia con Casal, que había considerado que los supremos porteños «no tienen competencia para revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil». Curioso lo de Rosenkrantz se trata del juez más identificado con el macrismo.
Más de tres años después, Rosatti y Maqueda confluyeron en su voto con Lorenzetti, quien venía enfrentándolos con furiosas disidencias en las últimas acordadas, para concederle a Levinas la posibilidad de ser juzgado en el TSJ, mientras que Carlos Rosenkrantz se pronunció en disidencia con la mayoría y en consonancia con Casal, que había considerado que los supremos porteños «no tienen competencia para revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil». Curioso lo de Rosenkrantz se trata del juez más identificado con el macrismo.
Fuentes judiciales explicaron a LPO que los fundamentos del voto de Rosatti, Maqueda y Lorenzetti se basan en la garantía de la Ciudad a un Gobierno autónomo, que incluye a su propia administración de justicia, en los términos del artículo 129 de la Constitución Nacional tras la reforma de 1994. «La autonomía porteña, que integra el federalismo argentino, se ve aminorada por no contar con un sistema de justicia propio y que comprenda materias ordinarias civiles y comerciales», sostuvieron, y agregaron que «es carente de sentido constitucional que los habitantes de la ciudad que decidan divorciarse o reclamarse por un contrato (u otras cuestiones no federales) tengan que acudir a jueces que son designados por el PEN y el Senado de la Nación y no por su propio sistema constitucional».
El voto de la mayoría no solo es objetado por Rosenkranz sino por camaristas del Poder Judicial, que observan que de la letra de la Constitución «no dice que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea una provincia», sino que establece «un gobierno autónomo y que las competencias de ese gobierno estarán fijadas por una ley especial del Congreso, que es la Ley Cafiero». «Que el TSJ porteño sea superior de la Cámara Nacional no surge ni de la ley especial del Congreso ni de la Constitución», concluyen.
*LPO
