La Corte dictaminó que las Provincias no pueden legislar sobre el ingreso de residuos peligrosos

Lo hizo al convalidar la invalidez de una serie de artículos de la reforma de la constitución de Tucumán que en el 2006 permitió la reelección del gobernador José Alperovich, quien ahora está condenado a 16 años de prisión por abuso sexual.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este martes un reclamo del gobierno de la Provincia de Tucumán contra una sentencia de la Corte de esa provincia que declaró inválidas una serie de artículos de la Constitución provincial de 2006 que permitió la reelección del ex gobernador José Alperovich ahora condenado a 16 años de prisión por abuso sexual.

El tribunal tucumano había invalidado el artículo que habilitaba la introducción de residuos peligrosos en su territorio a través de acuerdos con otros países, la exigencia de mayorías diferencias para destituir un gobernador comparado con un juez y entender el silencio legislativo como una convalidación de decretos de necesidad y urgencia del primer mandatario provincial.

Los abogados Luis Iriarte y Carmen Fontán promovieron una demanda declarativa de inconstitucionalidad contra la Provincia de Tucumán para que se declare la invalidez de diversas cláusulas de la Constitución provincial incorporadas en la reforma del año 2006.

Fundamentaron su pretensión en que la convención constituyente respectiva había actuado fuera de su competencia al incorporar temas cuyo tratamiento no había sido habilitado por la ley local que declaró la necesidad de la reforma. Agregaron que varias de las modificaciones eran contrarias a la Constitución Nacional.

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia admitió la legitimación de los actores e hizo lugar parcialmente la demanda.

Después, la Corte Suprema de Justicia provincial hizo, también, lugar parcialmente a los recursos de casación presentados y declaró la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de las siguientes disposiciones de la Constitución tucumana:

• los artículos 48, 49 y 67, inciso 26, en cuanto exigen mayorías legislativas diferenciadas para decidir la acusación, destitución y declaración de inhabilidad del Gobernador y del Vicegobernador, en virtud de su comparación con las mayorías requeridas para los mismos supuestos con relación a las autoridades superiores de otros poderes del Estado.
• el artículo 68, parte final, en lo que refiere a las facultades del Vicegobernador para fijar la dieta de los legisladores.
• artículo 101, inciso 2, párrafo cuarto –en la porción que atribuía al silencio legislativo un efecto convalidatorio con respecto a los decretos de necesidad y urgencia.
• el artículo 41, 2° párrafo, que regulaba la potestad provincial de celebrar acuerdos internacionales relativos a la introducción de residuos peligrosos en su territorio, por estar en contradicción con el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Ambas partes presentaron recursos extraordinarios, que fueron desestimados, y solo la Provincia de Tucumán interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su sentencia, la Corte desestimó la queja de la Provincia y prohibió innovar sobre el ingreso de residuos a Tucumán.

“En conclusión la prohibición de ingreso de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos al territorio nacional no admite excepciones ni morigeraciones infra constitucionales”, dijeron en su fallo los ministros de la Corte.