La Cooperativa volvió a cortar líneas y suministros clandestinos que el propio Municipio habría vuelto a ‘enganchar’ con una grua y personal no autorizado. En Trelew habría unos 35 mil domicilios ‘colgados’ de la luz. Parte de eso se vincularía a ‘beneficios’ otorgados a simpatizantes madernistas

La Cooperativa interpuso denuncia penal

Ahora ante no sólo ‘promesas’ de regularización, sino además robo de energía, donde se involucra directamente al propio Municipio, la Cooperativa accionó. La denuncia, especifica que “conforme la reseña de los hechos anteriormente efectuada, consideramos que existen razonables fundamentos y elementos de entidad suficiente para formular la presente denuncia penal, en orden a la comisión del delito previsto y reprimido por el artículo 162, 164 y/o 183 del Código Penal Argentino y que mediante su poder punitivo ordene el inmediato cese del accionar delictual”.

Lo cierto es que esta situación está plagada de irregularidades desde el inicio mismo de la cesión de los lotes en cuestión, dado que el municipio distribuyó las tierras no sólo desconociendo la Ordenanza N° 11701/ 12 de “Uso Del Suelo”, sino contraviniendo sus preceptos, que establecen entre otras cosas que:

• “El propietario deberá presentar el proyecto y las obras de tendido de las redes de infraestructura de agua potable, cloaca, gas, electricidad, forestación y cordón cuneta, observando las especificaciones respectivas en cuanto a materiales, rasante y nivelación que posea o apruebe la Municipalidad, o bien las que determine el ente proveedor, quedando el propietario a cargo de su ejecución.

• Se exigirá una cañería de agua sin tratar para riego en todo el ejido para los futuros loteos. El propietario presentará un proyecto de la red que será visado por este municipio.

• A su terminación y recepción, el propietario cederá la obra construida a los entes prestadores del servicio y organismos públicos y convendrán privadamente el modo de reintegro por las erogaciones realizadas cuando correspondiera. La red de agua de Riego está exceptuada de la exigencia de conexión a una red general para tal fin, hasta tanto esta esté habilitada para prestar el servicio correspondiente.

• La Municipalidad evaluará los proyectos y especificaciones técnicas de redes de infraestructura, aprobados por los Organismos competentes de las mismas.

• Cesión al Municipio de Reservas Fiscales conforme al inciso 7.3 de esta Ordenanza y de sus puntos.

• En los fraccionamientos a realizar se exigirá la dotación de los servicios de agua, luz, gas, cordón cuneta, riego y alumbrado público”.

Pues bien, el Municipio de Trelew otorgó las tierras que conforman el denominado loteo Belgrano sin cumplir ninguno de estos requisitos.

Es grave que un organismo estatal, que entre otras responsabilidades debe velar por el cumplimiento estricto de las normas vigentes, no sólo haga caso omiso de estas, sino que adopte una postura diametralmente opuesta a las obligaciones cuyo cumplimiento exige a la ciudadanía.

Pero los hechos que sucedieron a la entrega de tierras adquieren ribetes de mayor gravedad, al hacerse cómplice el municipio de violaciones al contrato de concesión del servicio a la Cooperativa Eléctrica, y lo que es peor, de la comisión de acciones ilegales como lo es el robo de energía, reprimido por el Código Penal.

Luego de la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chubut, desde la institución se hizo saber que la misma tiene por objeto “proteger de forma urgente e inmediata los intereses patrimoniales de la Cooperativa; garantizar la normal prestación del Servicio Eléctrico a los restantes socios, dado que el impacto causado en las redes por las conexiones clandestinas ocasionan cortes de suministro a usuarios ajenos al problema y deterioran la calidad del servicio, y por sobre todo salvaguardar la vida de quienes se benefician con las conexiones clandestinas y/o manipulan la red para realizarlas, dado que además de carecer de los conocimientos necesarios para tal acción, el material utilizado para concretarlas no cumple con los estándares de seguridad requeridos, para evitar pérdidas y eventuales accidentes que pueden provocar la muerte por electrocución.