28 abril, 2021
Cambios en la Justicia. El oficialismo le encargó al ministro Martín Soria modificar el requisito de la mayoría especial que implica un consenso político amplio
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) que preside el fiscal federal Carlos Rívolo emitió un comunicado en el que ratifica la necesidad de “mantener el requisito legal de dos tercios de los miembros presentes del Honorable Senado de la Nación, tanto para la designación y así como para la destitución del/la Procurador General de la Nación, en particular frente al amplio consenso político que requiere la puesta en marcha del sistema acusatorio a nivel federal”.
De esa manera la representación de los fiscales nacionales y federales ratificó lo hablado el 13 de abril pasado en una reunión que mantuvieron Rívolo y la secretaria general de AFFUN, Susana Pernas, con el ministro de Justicia Martín Soria y su segundo, Juan Martín Mena. En aquella ocasión el propio ministerio de Justicia, en un comunicado de prensa, había citado la posición de Rívolo sobre el mismo asunto “más allá de la posición adoptada por la AFFUN en cuanto al mantenimiento de los dos tercios para la designación del Procurador General, la decisión final es del ámbito de la política ya que la Constitución Nacional no lo prevé expresamente”.
El nuevo comunicado de AFFUN se da un día después de que Soria expusiera ayer ante las Comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para presentar tal como lo explica el propio ministerio, “una serie de propuestas para introducir en el proyecto de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, que cuenta con media sanción del Senado”.
El oficialismo no cuenta -por ahora- con los votos necesarios para que el proyecto se sancione en Diputados y por eso le están haciendo modificaciones. Uno de los puntos más controvertidos es evitar la necesidad de los dos tercios del Senado para la elección y remoción del Procurador General de la Nación, quien es el jefe de los fiscales nacionales y federales. Eso implica que se necesita un amplio consenso político en el Senado -donde el peronismo con todas sus variantes es mayoritario pero no alcanza a tener el 66% de los legisladores- para aprobar la designación, algo que ocurrió con los dos últimos nombrados al frente de la Procuración General de la Nación: Esteban Righi y Alejandra Gils Carbó, que fueron postulados por Néstor y Cristina Kirchner, respectivamente.
Luego de la reunión de este lunes, el ministerio señaló en un comunicado que “la Constitución Nacional no exige una mayoría para designar al Procurador, ya que esa es una decisión política que debe tomar el Congreso, como coincidieron en remarcar tanto Rívolo como Gallo Tagle y Stella Maris Martínez, cuando nos reunimos”. El comunicado del ministerio se refería a Rívolo, al presidente de la Asociación de Magistrados Marcelo Gallo Tagle y la Defensora Oficial de la Nación, Stella Maris Martínez.
Ante la referencia a Rívolo en el comunicado oficial de Soria, la AFFUN reafirmó su postura. En el comunicado se explicaron las discusiones que tuvieron los fiscales con la mira puesta en el funcionamiento del sistema acusatorio en el ámbito penal federal y en varias cuestiones relacionadas con el modo en que trabaja el Ministerio Público Fiscal.
El comunicado señaló cuáles fueron las conclusiones luego de los debates llevados a cabo por los fiscales:
-“Impulsar en todos los ámbitos en los que sea necesario una pronta implementación del sistema procesal penal federal acusatorio en todo el país y fortalecer al Ministerio Público Fiscal para llevar adelante el rol que la Constitución Nacional y la ley orgánica le confieren, en el diseño y ejecución de la política criminal de los delitos federales”.
-“Promover la puesta en funcionamiento de las mesas técnicas interpoderes, necesarias para garantizar la postergada autarquía financiera del Ministerio Público Fiscal y una revisión continua del presupuesto necesario para implementar las reformas edilicias, técnicas y de recursos humanos necesarias”.
-“Lograr el acceso a las funciones de Miembro del Consejo de Fiscales, Fiscal Coordinador de Distrito, Fiscal a cargo de Procuraduría y Fiscal Revisor, garantizando la mayor representatividad e igualdad por géneros, territorio y grado de los y las fiscales, con la debida alternancia”.
-“Propugnar una reglamentación del rol de fiscales coordinadores de distrito que permita asegurar la adjudicación de tareas bajo criterios objetivos y de eficacia, teniendo en cuenta el ámbito territorial donde va a desplegar sus funciones de acuerdo a la política criminal nacional y en coordinación con las autoridades provinciales”.
-“Tender a establecer las condiciones de la carrera fiscal para profesionalizar a los miembros de la institución y garantizar la promoción a grados superiores de acuerdo a capacidades técnicas, de gestión y desempeño. Al mismo tiempo, fortalecer el rol del Auxiliar Fiscal para el ejercicio de los actos necesarios para la mejor coordinación de los recursos de la Unidad Fiscal”.
-“Sostener la relevancia del funcionamiento de las Procuradurías y Unidades Fiscales Especializadas y su interacción con los fiscales territoriales para la mejor representación del Ministerio Público Fiscal en los casos de criminalidad compleja. Para ello, es necesario mejorar su capacidad de investigación y litigio en todo el territorio”.
-“Fortalecer las Direcciones Generales y otras áreas de apoyo técnico, extendiendo su asistencia hacia fiscalías y áreas no penales. En particular, aumentar los recursos humanos con miras a profesionalizar el trabajo interdisciplinario en el MPF, para lo cual podrían traspasarse recursos humanos de áreas técnicas de investigación del Poder Ejecutivo Nacional”.
La más contundente de las conclusiones, desde el punto de vista político, es que señala que se deben mantener los dos tercios del Senado para la designación y remoción de quien encabece la Procuración General de la Nación. Algo que no pudo conseguir el gobierno de Mauricio Macri y que parece no estar al alcance del de Alberto Fernández, quien nominó para el cargo al juez federal Daniel Rafecas.
*IB
