18 febrero, 2021
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a intimar a jueces y fiscales a jubilarse en el caso de que hayan iniciado trámites para efectivizar su retiro, confirmaron este miércoles fuentes del organismo.
Las notificaciones aún no fueron cursadas a todos los que habían suscripto el pedido, pero «es una decisión tomada» y el organismo «está empezando a intimar» a esos jueces y fiscales, señalaron desde la Anses.
Las fuentes indicaron además que «se esperará que estén intimados todos los que presentaron las carpetas para jubilarse y las dejaron stand by».
Las intimaciones comenzaron a correr a partir de una resolución del organismo firmada hace una semana que establece que «en los trámites que se hubieran iniciado a magistrados, en el marco de las normas procedimentales antes vigentes, en los cuales se hubiera supeditado el pago del beneficio al cese, se emplazará al titular para que dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos acompañe la presentación de la renuncia».
Jueces y fiscales tienen la obligación de comenzar sus trámites jubilatorios a partir de los 60 años para que el trámite sea efectivo cuando presentan la renuncia.
En esa situación se encuentran, entre otros, el camarista Martín Irurzun, su colega Leopoldo Bruglia, el fiscal Carlos Stornelli y la jueza con competencia electoral María Romilda Servini.
Desde Anses aclararon que se intimará a magistrados y fiscales que iniciaron el trámite jubilatorio para que ratifiquen su voluntad de retirarse o si, por el contrario, desisten y retiran la carpeta.
Según consta en la resolución 11-46 del organismo, el objetivo de la iniciativa es «establecer un procedimiento de trabajo que regule la iniciación, resolución, liquidación, puesta al pago y reajustes de beneficios solicitados por magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público de la Nación».
También establece la resolución que, de no haberse presentado la renuncia, Anses revisará el expediente y se reservará la potestad de archivarlo o de tomar las medidas previstas en la ley 24.241, que regula las jubilaciones de jueces y fiscales.
En abril del año pasado, el Gobierno promulgó la modificación de la ley que regula las jubilaciones de los jueces, fiscales y personal del servicio exterior, que elevó el aporte jubilatorio del 12 al 18 por ciento, y que cosechó la lógica resistencia de los afectados y los organismos que los representan.
La modificación, aprobada por las cámaras legislativas luego de un amplio debate, también incorporó que los afectados tendrían que completar los trámites jubilatorios a través de Anses y no del Consejo de la Magistratura, como se hacía hasta entonces.
El malestar de los funcionarios de la justicia llevó a que la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) y la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), judicializara la decisión del Congreso y pidiera la inconstitucionalidad de las modificaciones, un expediente aún en trámite y que podría llegar a la Corte Suprema.
*AT
