El Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de Bahía Blanca dio lectura al fallo en el marco del juicio a los ex dirigentes de la Uocra local acusados de conformar una asociación ilícita para extorsionar a trabajadores y empresarios de Bahía Blanca y la zona.
Las penas más severas dictadas por el doctor Eugenio Casas recayeron contra José Bernardo Burgos, quien fue condenado a 15 años de prisión, mientras que Guillermo Molina recibió 13 años de cárcel. Cabe recordar que el fiscal Gustavo Zorzano había solicitado 16 y 14, respectivamente.
Walter Rafael Paiz –otro de los miembros de la organización criminal– fue sentenciado a pasar ocho años tras las rejas, Mario Matías González a seis años y medio y cuatro años para Sabino Ríos, penas muy similares a las que había solicitado el representante del Ministerio Público.
El debate oral que inició a finales de marzo, se vio postergado en varias ocasiones, luego de que algunos de los integrantes del juicio se vieran afectados por Covid, incluyendo al propio Zorzano y al exlíder gremial, Humberto Monteros, quien terminó falleciendo por complicaciones derivadas de la enfermedad.
Denuncia de la exgobernadora Vidal
La causa investigaba la conformación de una asociación ilícita “destinada a amenazar, coaccionar y extorsionar a profesionales independientes y directivos o representantes de empresas que realizaban obras civiles, viales, eléctricas y de infraestructura en general”, entre otras conductas que también se le atribuye a esta organización criminal.
Se logró determinar que las personas involucradas tenían distintas actividades asignadas por las autoridades que estaban al frente del gremio de la construcción desde el año 2005.
La investigación se inició en septiembre del 2017 tras la denuncia pública de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, quien tras una recorrida por la región constató que algunas obras se encontraban detenidas.
En conferencia de prensa la primera mandataria denunció las maniobras de la UOCRA y después el Fiscal Gustavo Zorzano inició la causa.
En junio de 2019, el fiscal logró concluirla recolectando los elementos de prueba para elevar el expediente a juicio.
El juicio debía comenzar en abril de 2020, pero fue suspendido por la pandemia de Covid.
Se fijó para septiembre de ese mismo año, pero nuevamente se pospuso por la misma razón.
