21 noviembre, 2021
El Consejo de la Magistratura había adoptado la decisión a fines del año pasado. Al fiscal se le endilgan numerosas irregularidades.
El fiscal de Comodoro Rivadavia, Héctor Iturrioz sigue actuando en sus funciones a pesar de que fue llevado ante un jury de enjuiciamiento que podría determinar su destitución, cuyo proceso está en pleno trámite a más de 2 años de su decisión, después de que el Consejo de la Magistratura evaluara de manera negativa su desempeño como fiscal al cumplir sus primeros tres años en sus funciones.
En pocas palabras; Iturrioz fue considerado que no estaba apto para ocupar el cargo de fiscal. El juicio político en su contra fue aprobado de manera contundente, pero hasta ahora, dos años después, el fiscal continúa desempeñándose en sus funciones como si todo fuera normal.
Ahora el Consejo de la Magistratura estableció que la fecha para el juicio político contra el fiscal Héctor Iturrioz sea el 23 de noviembre. El funcionario juró en el cargo en 2014 y su primera evaluación fue «insatisfactoria».
Los integrantes del Ministerio Público Fiscal deben ser evaluados por el Consejo de la Magistratura cada tres años, que en muchos casos –como en éste- se extienden más de lo debido. Por lo cierto es que hasta 2019, cuando se evaluó negativamente al fiscal Héctor Reinaldo Iturrioz, el mismo ya había participado en doce juicios, de los cuales solo obtuvo sentencia favorable en tres porque en la instancia siguiente le revocaron los otros nueve fallos.
Y antes de la notoriedad que cobró en 2018 por integrar el equipo del Ministerio Público en la causa «Revelación», tuvo que vindicarse ya que tenía a su cargo una causa en la que investigó a un subcomisario de policía por supuesta protección de delincuentes, pero no presentó la acusación dentro de los plazos que determinaba la ley. Así el imputado terminó sobreseído.
Iturrioz juró como fiscal general el 5 de agosto de 2014 en Comodoro Rivadavia y a los nueve días le asignaron la causa que tenía como sospechoso a un exjefe policial de la Seccional Quinta, sobre quien surgieron indicios de una presunta protección a por lo menos un delincuente conocido del barrio 30 de Octubre.
Esa situación fue advertida por funcionarios de Fiscalía con experiencia y de fuerte convicción con la persecución penal, quienes incluso fueron felicitados públicamente por el procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, aunque la investigación la condujo el fiscal general.
El 9 de noviembre de 2015, después de un año de reunir pruebas, Iturrioz imputó al subcomisario en cuestión por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con privación ilegítima de la libertad y le otorgaron tres meses para investigar. Pero presentó la acusación 55 días después de los tres meses que tenía para hacerlo, por lo que el sospechoso del importante delito fue sobreseído en abril de 2016.
La respuesta al interrogante sobre si el fiscal incurrió en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público solo la conoce quien fue designado para investigarlo. Es que tras tomar estado público la noticia dada a conocer por El Patagónico en enero de 2017, Iturrioz se vindicó, es decir se autodenunció, obligando a quien estaba a cargo de la Fiscalía de Comodoro Rivadavia durante la feria de verano a remitir la autodenuncia a la Procuración General, desde donde se habría designado a un fiscal de otra jurisdicción para que lo investigue.
El 3 agosto de 2017 el Consejo de la Magistratura designó a los consejeros que se encargarían de evaluar el desempeño de Iturrioz en sus primeros tres años como fiscal.
En ese lapso ya había sumado varios antecedentes en su contra, el más grave fue el vencimiento de la causa contra el subcomisario, pero además ya se tenían los resultados de los doce juicios en los que había participado hasta entonces, de los cuales obtuvo apenas tres fallos a su favor porque en la impugnación ordinaria presentadas por los defensores ante la Cámara Penal, se le revocaron otras nueve sentencias.
A todo esto, la Procuración General resolvió convocarlo a integrar el equipo de fiscales encargados de investigar las causas de corrupción a nivel provincial y en una de ellas, conocida como “Revelación”, pidió la detención de un ministro que contaba con fueros. Por ese error fue denunciado junto a su colega Marcos Nápoli y al juez, Sergio Piñeda, quienes reconocieron su equivocación, mientras que en el caso de Iturrizo se dispuso el jury de enjuiciamiento.
El año pasado, Iturrioz también calificó en sus redes sociales de “títere” al presidente de la Nación, Alberto Fernández, aunque se disculpó luego del repudio que recibiera, entre otros, del hoy ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. En su descargo, el fiscal alegó que «desde hace un tiempo mi intención es la de comprar una casa aquí en Comodoro Rivadavia. Yo confío en mi país; siempre ahorré en pesos, pero cuando vi que no rendía de esa manera compré divisas. El viernes cuando fui a renovar mi plazo fijo, vi que me pagaban menos porque había ahorrado mucho».
Agregó que «yo había hablado con una persona por una vivienda. Me siento absolutamente castigado e impotente. En ese momento de enojo, ataqué la investidura presidencial. Pedí las disculpas del caso y me van a sumariar».
Según Iturrioz, la lupa sobre su tarea la ejercieron magistrados “demasiado punitivistas”, ya que le cuestionaron «el uso de los recursos del Estado para castigar gente, mal comportamiento con los medios, que no tenía buen trato para con los jueces. Pero yo los resumo en uno: básicamente no les gusta cómo ejerzo mi función y no les gusta quién soy. Puedo dejar de ser fiscal pero no puedo dejar de ser quien soy».
«No les gusta la manera que yo ejerzo mi profesión. Quieren mantener el oscurantismo de su decisión. Yo hablo con todos los medios; para mí no hay secretos en la tramitación de causas que son de interés para la comunidad», se defendió Iturrioz.
El fiscal afirma que «hicieron una maniobra artera. Yo tenía alrededor de 1500 causas en trámite, más que cualquiera de mis compañeros. Ellos tomaron un número menor.
Iturrioz afirma tener “absolutamente todo documentado” y cree que «la vara no fue la misma. Nunca en la historia del Consejo de la Magistratura se reprochó a alguien por vencimientos de causas; los plazos son acotados y a todos se les vencen causas. Dicen que tienen testigos de todas sus afirmaciones y no dieron los nombres. Me ocultaron todas las pruebas de cargo, eso es inconstitucional».
