19 marzo, 2022
l juez comercial federal Gabriel D’Alessandro suspendió un remate de artefactos eléctricos y electrónicos de un local en Chubut de la concursada cadena Garbarino. El acto se iba a llevar a cabo este fin de semana. La razón es que el magistrado, titular del concurso, no había autorizado la venta, con la cual se esperaba obtener fondos para pagar a los empleados de la cadena.
Se iban a rematar heladeras, termotanques, parrillas eléctricas, TV Led, afeitadoras, cortadoras de cabello y, hasta artefactos defectuosos a precios baratos.
La subasta había sido autorizada por el Juzgado Federal Nª 2 de la provincia de Chubut que había dispuesto que en la sucursal de Comodoro Rivadavia se realizara “el remate con el fin de recaudar fondos para el pago de la renta adeudada del local y el abono de parte de las indemnizaciones fijadas en ese distrito”.
El proceso estaba avanzado al punto de que se había convocado al martillero público José Antonio Quintero para realizar una visita guiada por el local para que las personas interesadas en participar de la subasta pudieran apreciar el estado de los electrodomésticos.
Sin embargo, a pesar de los preparativos, Dálessando, titular del Juzgado N°7 nacional, suspendió la reunión.
En el escrito, el juez “solicita la concursada que se ordene la suspensión de la subasta a realizarse los días 19 y 20 de marzo del año en curso, en el marco de los autos Flores Gisela Marisel y otros c/ Garbarino S.A. s/medida cautelar, expte. 303/2021, en trámite por ante el Juzgado Laboral N°2 de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut».
La explicación de abogados consultados por NA sugiere que la medida es correcta porque “el Concurso Preventivo es un tipo de proceso de los llamados universales, también lo son la sucesiones, por ejemplo, y ejercen atracción sobre todo otro proceso en curso en cualquier lugar del país. Cualquier medida, como subastar bienes, resulta inválida y nula de nulidad absoluta, si no es indicada por el juez del concurso, cosa que no ha ocurrido”.
Con lo recaudado, se pensaba cubrir los importes de las indemnizaciones de empleados de la sucursal chubutense. Se trata de montos importantes ya que hay trabajadores con mucha antigüedad.
Según advierten los ex empleados, los locales de venta están siendo desmontados en varias localidades del país como sucede en Monte Grande, provincia de Buenos Aires.
El espacioso local ubicado en Alem y Mariano Acosta fue desarmado el jueves 17 de marzo y se sumó así a las bocas de expendio en los principales shoppings del país que tuvieron que cerrar por no poder pagar los alquilieres..
Los negocios tradicionales en la Ciudad de Buenos Aires como los ubicados en Pueyrredón al 400; la esquina de Cabildo y Juramento o los de avenida Rivadavia, en el barrio de Flores, son un recuerdo como los que se ubicaban en las principales avenidas de ciudades como Mar del Plata, José C. Paz, La Plata, Rosario, Tucumán y San Juan. La sucursal de Parque Brown fue desalojada por falta de acuerdo con Cencosud.
Los dueños de los locales en los que estuvieron funcionando las sucursales de Garbarino y los administradores de los shoppings, vienen solicitando a los diferentes jugados el embargo de los productos para poder cobrarse con el remate de la mercadería, pero se enfrentan los intereses de más de 4.000 trabajadores a los que se les adeuda sueldos e indemnizaciones, y que se constituyen por ley en acreedores privilegiados.
El problema es que hay un conflicto, porque el único que puede autorizar remates de activos de una empresa en proceso de quiebra es el juez titular del concurso.
Voceros de la dirección de la empresa afirmaron que están negociando contra reloj con los acreedores para alcanzar un concordato con ellos y salir de la difícil situación financiera en la que se encuentran.
El concordato, en Derecho Comercial significa un acuerdo concertado entre un deudor y sus acreedores en virtud del cual estos conceden a aquel, plazos de pagos o una remisión parcial de la deuda, se desarrolla en sede judicial y abarca a una gran cantidad de actores.
Según consta en el expediente judicial, al 10 de octubre de 2021, Garbarino acusó un estado patrimonial con activo por $ 14.216,86 millones y $ 25.422,1 millones de pasivo. La deuda con acreedores quirografiaros, en la legislación nacional se refiere a aquel que no tiene privilegio es decir, el acreedor común o simple, por compras de bienes y servicios asciende a $ 6017,66 millones. En tanto, contabiliza como pasivos eventuales otros $ 1373,5 millones. Hay $ 1076,34 millones en concepto de acreedores quirografarios por financiación.
Por su parte, la cadena acumula cerca de $ 5000 millones de deudas fiscales y previsionales. El grueso de su pasivo es con acreedores financieros y comerciales, tanto suyos como de sus empresas vinculadas: $ 11.500 millones.
Mientras tanto la situación de las familias de los trabajadores de la cadena continúa siendo desesperante. Sin ayuda de casi nadie, agrupaciones de izquierda suelen reunir “fondos de lucha” como una manera de costear parte de los gastos tendientes a visibilizar el problema en las calles, algunos de los empleados se encuentran anotados en las listas del Programa de Inserción Laboral (PIL) del ministerio de Trabajo.
Se trata de un programa que promueve beneficios económicos a otras empresas del sector privado que contraten a los trabajadores desvinculados de Garbarino en 2020 y en 2021, más de 1.800 despedidos, y que les permite, a las compañías que tomen personal, una reducción de las cargas patronales y un aporte del Estado nacional en la cobertura de los salarios.
*NA
