11 junio, 2020
El Gobierno envió nuevas señales sobre su voluntad de avanzar en un ahorro fiscal en medio de la extendida negociación de la deuda. Según el columnista Juan Barca, el último gesto fue el proyecto oficial enviado el jueves de la semana pasada al Congreso para prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria hasta fin de año y volver a fijar por decreto los próximos aumentos en los haberes.
De esa manera, el Ejecutivo dispondrá de un mayor margen para manejar los recursos y liberar fondos para otras finalidades, como el pago de la deuda.
Una de las prioridades por estas horas es desindexar el gasto en jubilaciones y pensiones, junto con los salarios del sector público. Justamente, la fórmula suspendida a fines de 2019 se ajustaba un 70% por inflación y un 30% por el índice de remuneraciones RIPTE.
La extensión de los ajustes discrecionales en los haberes y la postergación de las paritarias estatales -ya sin cláusulas gatillo- permitiría desenganchar cerca de la mitad del gasto público respecto de la inflación y eventualmente reordenar las cuentas en función de los vencimientos.
El oficialismo reconoció esa preocupación el lunes de la semana pasada durante la reunión de asesores en simultáneo a la comisión de movilidad, encargada de definir el nuevo cálculo.
«La emergencia (previsional) se declara porque no se puede hacer frente a los vencimientos de deuda externa, después vino la pandemia; si no venía era lo mismo, la suspensión de esta movilidad es previa», señaló la técnica designada por el Ministerio de Trabajo, Adriana Micaela. «Este parámetro, que algo de ahorro debe haber generado, tenía el objetivo de cumplir con compromisos», agregó.
Los aumentos por la emergencia fueron de entre el 10,1 y el 19,8% en el primer semestre, por debajo de la suba del 23,7% devengada por la Ley de Movilidad. El esquema «solidario» implica la pérdida de entre $541 y $14.022 mensuales en las jubilaciones, dependiendo la escala, y representa un ahorro de $34.000 millones, según un cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Así, los ajustes afectaron más a los haberes medios y altos, cuyos ingresos aumentaron en menor medida en relación a la mínima, agravando la pérdida de 20 puntos en los últimos cuatro años.
En diciembre pasado, cuando se aprobó la Ley de Emergencia, el Congreso congeló la actualización automática por seis meses y dispuso la creación de una comisión para elaborar una nueva fórmula antes del 20 de junio. Pero ahora el oficialismo busca estirar esa definición hasta el 31 de diciembre. El argumento es que en el marco de la volatilidad impuesta por la pandemia «resulta absolutamente imposible ya no solamente construir una fórmula de movilidad seria, razonable y perdurable, sino tan solo prever o predecir cómo se comportarán las variables económicas en los próximos meses».
De esa manera, el Ejecutivo otorgará nuevamente por decreto los incrementos previstos en septiembre y diciembre, una decisión que generó el rechazo de la oposición. Desde ese sector emitieron un dictamen de minoría proponiendo que se aplicara la fórmula suspendida hasta tanto se definiera una nueva.
De replicar ese esquema en el segundo semestre, el Ejecutivo ahorraría otra masa importante de fondos frente a un déficit primario que hasta abril acumuló $385.311 millones, equivalente a aproximadamente un 1,4% del PBI.
En ese marco, la prórroga del congelamiento de la movilidad fue interpretado en algunos sectores como una nueva señal hacia los acreedores, después del aumento de marzo del 9% en promedio y el del 6,12% en junio, inferiores al 11,56% y 10,9% ya asignados por el cálculo suspendido.
«Son varias coincidencias: durante el primer aumento por decreto (anunciado en febrero) el FMI estaba en el país, y este proyecto se envía la semana que venció el plazo con los bonistas para mostrar a la ANSES como garantía de pago de la deuda», dijo el defensor porteño de la Tercera Edad, Eugenio Semino. (…)
*IProfesional, IARAF
