9 noviembre, 2020
LOS ADULTOS MAYORES VIENEN SUFRIENDO PÉRDIDAS ENTRE EL 14,8% Y EL 21,8% EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
Por Trivia Demir.
La última vez que se discutieron jubilaciones en el Congreso hubo una batalla campal en las calles y una plaza derribada a piedrazos. En febrero pasado, el gobierno de Alberto suspendió la aplicación de esa ley, que ya era poco conveniente. A la fecha todavía falta que el ministro Guzmán defina el nuevo índice de movilidad jubilatoria que no es un dato menor, ya que es el gasto más importante del presupuesto nacional con vista a lo que queda de gestión. En tanto, el FMI llega hoy con nuevas recetas, donde siempre se mira con tentación que otra vez el ajuste caiga en la clase ‘pasiva’.
Técnicamente, las expectativas son que en marzo entre en vigencia una nueva Ley de movilidad, por lo que se supone que el de diciembre sería el último ajuste establecido por decreto.
Desde ya, las jubilaciones vienen perdiendo entre el 14,8% y el 21,8% en los últimos tres años frente a la inflación, sin considerarse los ajustes comprometidos. Tan malo es el escenario para quienes ya han atravesado su vida económicamente activa en el país, que la Argentina quedó en el anteúltimo lugar en un ranking global reciente de jubilaciones, que compara los sistemas previsionales de 39 países. En la última edición del Índice Mundial de Pensiones elaborado por la consultora global Mercer y el CFA Institute, el país solo se ubicó por encima de Tailandia, que obtuvo el valor más bajo.
Este índice en el que el país va a la cola de los derechos de nuestros mayores, compara todos los años los sistemas de ingresos de jubilación en todo el mundo y es un promedio entre más de 50 variables. El índice de adecuación mide los beneficios, ahorro y soporte fiscal de cada sistema; el índice de sostenibilidad, en tanto, calcula la cobertura, el total de activos contribuciones, deuda gubernamental y crecimiento económico; la integridad, por último, estima las regulaciones y costos operativos, entre otras variables.
Los lamentables indicadores de Argentina la ubicaron en el fondo de la tabla comparativa entre 39 países. El informe brindó varias sugerencias para la mejora del sistema argentino, entre ellas: aumentar la pensión para los segmentos más pobres y una mayor cobertura para empleados con planes de pensiones profesionales. También recomendaron introducir un nivel mínimo de contribuciones obligatorias en un fondo de ahorro para la jubilación y mejorar la normativa para un sistema de pensión privado.
Este año, además, se introdujeron una serie de preguntas nuevas relacionadas con el gasto público en materia de pensiones y el apoyo a los responsables del cuidado. Todos temas en los que las políticas de estado resultan primordiales y exponen la importancia a un sector social vulnerable.
Política de por medio
En este marco, la importancia que se le concede al sector pasivo deja bastante que desear en relación a los últimos gobiernos criollos, sean de derecha, de izquierda o de centro. Venga de donde venga el discurso y la práctica, la política previsional nunca prioriza al sector.
Actualmente la indefinición es tal que hay posicionamientos casi encontrados dentro de la alianza gobernante. Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados oficialista e hijo de la vicepresidenta en ejercicio, aceptó la propuesta opositora de demorar la sanción de la Ley del Impuesto a la Riqueza hasta que Martín Guzmán envíe la reforma tributaria y el nuevo índice de movilidad jubilatoria, que prometió para septiembre, pero que sin embargo continúa debatiendo con la titular de la Anses, Fernanda Raverta dos meses después.
Dicen que casi está definido que la fórmula vuelva al índice de 2008, esta vez combinando la recaudación previsional en un 30% con el 70% de la variación salarial, pero ante la presión de Cambiemos algunos sectores del Gobierno sugieren que al menos las jubilaciones mínimas tengan un ajuste por inflación.
Guzmán se resiste y por estos días las distintas alternativas serán evaluadas en la bicameral mixta sobre la movilidad previsional, presidida por el diputado oficialista Marcelo Casaretto. Durante su exposición en el Senado el secretario de política económica Raúl Rigo reconoció que el presupuesto 2021 se elaboró con «tres fórmulas posibles», o sea, no hay todavía consenso interno para definir una.
La fórmula será un dato clave porque el gasto previsional es el principal del presupuesto. Para financiarlo, Guzmán prometió una reforma tributaria que nunca llegó y Máximo y Sergio Massa esperan para los próximos días, antes o después de conocer el índice de movilidad previsional.
¿Otro “pagadios”?
Según las previsiones más optimistas, en marzo entraría en vigencia una nueva ley de movilidad para los beneficios de la seguridad social. Esto significaría que el incremento de diciembre será el último otorgado por decreto.
En esa línea, según la experta Andrea Falcone, la propuesta legislativa sobre la cual habría consenso entre oficialismo y oposición, es similar a la fórmula que rigió desde 2008 hasta 2017. Se trata de un índice de ajuste basado en la variación de salarios (70%) y la recaudación tributaria con destino a la Seguridad Social (30%). Los aumentos continuarían siendo trimestrales, pero basados sobre la medición del trimestre inmediatamente anterior.
Es decir, si se aplicara en marzo de 2021, se tomarán los parámetros del cuarto trimestre del 2020.
Pero esto deja un interrogante, advierte: ¿qué sucederá con el atraso que arrastran los jubilados desde 2018? Los jubilados y pensionados han sufrido una pérdida de entre el 14,8% y el 21,8% en los últimos tres años, con la promesa de que en los próximos trimestres finalmente lograrían recomponer sus haberes, pero eso nunca sucedió.
A modo de ejemplo, el incremento recibido el pasado septiembre responde a la pérdida del poder adquisitivo de enero, febrero y marzo. Es decir, la recuperación llega entre 6 y 8 meses después. Si en marzo se ajustan los beneficios en función del último trimestre del año, ¿qué sucederá con la pérdida del poder adquisitivo del tercer trimestre? Los bonos extraordinarios estarían previstos en la ley para el caso que la inflación supere la variación de la recaudación de Anses, pero no hay bono previsto para compensar la pérdida que los haberes han sufrido de 2018 a la fecha.
La última guerra campal
En diciembre de 2017, bajo catorce toneladas de piedra, el Congreso aprobó un cambio en dicha ley, indexando las jubilaciones principalmente sobre la base de la inflación y, en menor medida, en relación a la variación de salarios. El cambio podía parecer positivo, pero al momento de entrar en vigencia los jubilados ya tenían devengada la movilidad del último semestre del 2017: 14,5 por ciento. Se dejó sin efecto el aumento de un semestre y pagan a los jubilados solo un trimestre. Ese atraso generaba un ahorro fiscal de aproximadamente $100.000 millones. En 2018 las jubilaciones perdieron 19,1% frente a la inflación. La promesa era siempre que los trimestres subsiguientes cuando la suba de precios frenara, los incrementos compensarían la pérdida. Pero eso nunca sucedió.
A los ponchazos y sin reglas claras
En febrero de 2020 se decidió la suspensión de la ley de movilidad, aun cuando los aumentos de marzo y junio ya se encontraban devengados. En marzo otorgaron un aumento del 2,3% más una suma fija de $1.500, cuando el aumento según la ley suspendida debió ser 12,8%. En junio se otorgó un aumento del 6,12%, pero el aumento devengado era del 10,9%. Finalmente, en septiembre se otorga un aumento del 7,5%, pero la ley de movilidad hubiera garantizado un 9,88%. Así es que los jubilados y pensionados han sufrido una pérdida de entre el 14,8% y el 21,8% en los últimos tres años.
Esta pérdida se genera sobre un haber que de por sí es magro. Recientemente la Defensoría de la Tercera Edad informó que la canasta básica de un jubilado es de $49.614, mientras que la jubilación mínima es de 18.129 pesos. Es decir, cubre solamente el 36%.
Si se mira la evolución de la canasta básica del adulto mayor y le variación del haber mínimo, se puede ver que los jubilados siempre estuvieron lejos de cubrir sus necesidades fundamentales.
*2010 – Canasta básica $2.063. Jubilación mínima $1.046 (50%). Jubilación media: $1.328 (64%)
*2012 – Canasta básica $3.519. Jubilación mínima $1.879 (53%) Jubilación media $2.516 (71%)
*2015 – Canasta básica $7.608. Jubilación mínima $4.299 (56%). Jubilación media: $5.186 (68%)
*2017 – Canasta básica $17.523. Jubilación mínima $7.246 (41%). Jubilación media $9.374 (53%)
*2018 – Canasta básica $19.290. Jubilación mínima $7.660 (40%). Jubilación media $12.308. (63%)
*2019 – Canasta básica $37.815. Jubilación mínima $12.937 (34%). Jubilación media $17.648 (46%)
Los sistemas previsionales del mundo enfrentan década tras década nuevos desafíos. Por ello afrontan reformas tendientes a garantizar la sustentabilidad del sistema a largo plazo. No obstante, en dichos países las enmiendas se han implementado sobre la base de análisis estadísticos, con un consenso multisectorial y una planificación en el tiempo, evitando así la enorme litigiosidad que implica avasallar derechos adquiridos.
La nueva ley parece ser un hecho, pero los jubilados esperan todavía una respuesta sobre la pérdida del poder adquisitivo que acumulan especialmente desde 2018, a lo que se suma la disparada inflacionaria de 2020 y las múltiples complejidades de vida que acarreó la pandemia del Covid-19 y la cuarentena para los adultos mayores que lograron sortear la cruel enfermedad.
“El impacto económico generalizado del COVID-19 aumenta las presiones financieras que enfrentan los jubilados, tanto en la actualidad como en el futuro. Junto con el incremento de la esperanza de vida y la creciente presión sobre los recursos públicos necesarios para garantizar la salud y el bienestar de una población cada vez más longeva”, señaló el informe de Mercer y el CFA Institute, el mismo que hoy le otorga el anteúltimo lugar al sistema previsional argentino. A la par, el FMI miraría con entusiasmo en tren de achique, otra vez considerar el ajuste sobre las jubilaciones. Todo un escenario. Habrá que ver…
* Mercer y CFA Institute, IB, NA, propias
