El gasto en los diferentes programas vinculados a la lucha contra la pandemia de COVID-19 alcanzó en los primeros siete meses del año a $220.267 millones, equivalentes al 4,36% del gasto total de la Administración Pública Nacional, un tercio de la proporción que representó en 2020.
La menor proporción del gasto relacionado con el Covid-19 fue uno de los factores que le permitió al ministro de Economía, Martín Guzmán, mejorar el desempeño fiscal en la primera parte del año y, a su vez, dejarle cierto margen de maniobra para el segundo semestre, en medio de los gastos asociados a la campaña electoral.
El “gasto Covid” no solo se redujo en valores absolutos y relativos sino también mostró un cambio en su composición, tanto por la supresión de programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que lideraron las erogaciones a 2021, como por la incorporación de los gastos vinculados a la adquisición, distribución y aplicación de vacunas, que de no figurar en 2020 pasaron a encabezar las prioridades en el presente año.
La ley de Presupuesto autorizó créditos por $110.125 millones, lo que deja en evidencia la falta de previsión al respecto, ya que en septiembre del año pasado se daba por sentado que el impacto de la pandemia se reduciría y hasta desaparecería en 2021.
La irrupción de la denominada “segunda ola” obligó a modificar las previsiones sobre la marcha y disponer refuerzos para todo el año de $296.982 millones, con lo que el crédito vigente para todo 2021 asciende ahora a $407.107 millones.
De ese total, en los primeros siete meses del año se ejecutaron gasto por $220.267 millones, equivalentes al 54,1% del crédito total, una proporción en línea con el tiempo transcurrido.
En todo 2020, el “gasto Covid” ascendió a $917.793 millones, el 13,14% del gasto total de la APN, de acuerdo con informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
