13 febrero, 2026
A través de un comunicado conjunto, los distintos intendentes y jefes comunales respaldaron públicamente la acción judicial iniciada por el mandatario provincial y pidieron que la investigación llegue “hasta las últimas consecuencias”. El caso es parte de un entramado complejo donde el Gobierno del Chubut exige un millonario cannon pesquero que pagarán empresas y trabajadores por cajón de langostino.
El sector reclama contemplar la situación de la industria mientras que la Arech invoca deuda impositiva. Hubo encontronazos con directivos de CAFACH y ahora acusan a un miembro de un presunto complot. En principio se sabía de un ‘lockout’ patronal con el paro de la actividad, pero ahora apareció un testimonio de presunto intento de pago para imposibilitar el inicio de clases.
En ese marco, el Gobierno del Chubut inició una investigación y promovió acciones, y ahora confirmó que intendentes de distintas localidades de la provincia manifestaron formalmente su decisión de sumarse a la querella impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres en la causa que investiga presuntas coimas denunciadas por un dirigente gremial escolar, las cuales habrían tenido por objeto pagar para generar disturbios e impedir el normal inicio del ciclo lectivo 2026.
A través de un comunicado conjunto firmado por más de treinta intendentes y jefes comunales, los titulares de los respectivos ejecutivos municipales expresaron su acompañamiento a la acción judicial, y señalaron la necesidad de que la investigación avance con firmeza para determinar “qué intereses económicos o sectoriales podrían estar detrás de semejante atropello institucional”.
En el documento, los mandatarios locales remarcaron que conocen de primera mano “lo difíciles que fueron los años en los que nuestros chicos no pudieron estar en las aulas” y advirtieron que no se puede permitir que “un puñado de empresarios que se enriquecieron usufructuando recursos que pertenecen a todos los chubutenses intenten propiciar el no inicio de clases tomando como rehenes a los estudiantes”.
Asimismo, solicitaron al Gobernador que se continúe profundizando el trabajo conjunto entre Provincia y municipios para defender los recursos públicos y avanzar en la depuración de prácticas irregulares dentro de sectores estratégicos para el desarrollo de Chubut.
Por su parte, desde el Ejecutivo provincial destacaron el respaldo institucional de los intendentes como una señal clara de unidad frente a cualquier intento de desestabilización que afecte el derecho de los estudiantes a estar en las aulas y el normal funcionamiento de las instituciones.
En esa línea, remarcaron que actualmente la provincia atraviesa una etapa de orden, transparencia y reglas claras, y que no habrá retrocesos hacia esquemas donde los intereses particulares se imponían por sobre el interés general. “No vamos a volver al pasado ni vamos a permitir tampoco que quienes durante años condicionaron a la provincia pretendan hacerlo otra vez. La educación de nuestros chicos y la institucionalidad de Chubut no se negocian”, subrayaron desde el Gobierno.
Con todas las certezas que maneja el Gobierno y ante la exposición pública de los amagues pesqueros de ‘parar la provincia’, la Justicia de Chubut avanzó en la causa que investiga al exfuncionario peronista Gonzalo Carpintero y a un grupo de empresarios y miembros de CAFACH por presuntas coimas para impedir el inicio de clases en Chubut. Los procedimientos incluyeron allanamientos y el secuestro de teléfonos y cámaras, tras la denuncia presentada por el dirigente sindical José Severiche.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Julieta Gamarra, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública. Como primeras medidas, ordenó la ratificación de la denuncia y la recolección de registros fílmicos junto a la División de Investigaciones Policiales de Trelew, lo que confirmó la asistencia de Severiche a las instalaciones donde asegura que fue inducido a un paro. Por ahora no se conoce otra documentación y se espera el descargo de la parte acusada, donde además de Gonzálo Carpintero reportan actores de la talla de Gustavo González y Tato Cereceto, entre otros. Un sector que hasta hace muy poco eran aliados de privilegio del Gobierno, y hoy se desconocen.
