24 marzo, 2025
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) reveló que hasta el momento son 838 las víctimas del terrorismo de Estado que se pudieron identificar a partir de la recuperación de sus restos óseos hallados en fosas comunes, cementerios municipales y otros lugares donde fueron enterradas luego de su desaparición forzada durante la última dictadura cívico militar. A su vez los restos que pudieron abordar fueron de 1647.
En Chubut hay restos de una persona sin identifcar aún en el cementerio de Villa Futalafquen.
El dato surgió de un completísimo informe que la organización publicó al cumplir 40 años de su existencia dedicada al rescate e identificación de los casos previamente investigados por las organizaciones de derechos humanos.
Los números del informe prueban una vez más que durante la dictadura que varios funcionarios del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) reivindican explícitamente o de manera encubierta a través de discursos negacionistas hubo un plan sistemático de desaparición de personas cometidos a través de crímenes de Estado, que luego fueron juzgados como delitos de lesa humanidad y condenados por el delito de genocidio.
Hoy cumplimos 40 años. Desde 1984 nuestro desafío es el mismo: buscar, identificar y restituir a víctimas de violencias a sus familias y aportar pruebas científicas a la justicia para condenar a los perpetradores.#DDHH #Aniversario
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— Equipo Argentino de Antropología Forense (@eaafoficial) May 23, 2024
Según el EAAF, desde su creación en 1985 hasta la fecha, el total de personas desaparecidas cuyos restos óseos se rescataron fueron 1647.
Hasta el momento, al menos la mitad de ellas fue identificada a través de estudios genéticos cotejados con las muestras brindadas por familiares que denunciaron secuestros y desapariciones entre 1976 y 1983.
El análisis por edad de las personas identificadas confirma que la mayoría corresponde a adultos jóvenes, especialmente a los rangos de edad que van entre los 20 y los 24 años y entre los 25 y los 29 años inclusive, que en conjunto concentran el 61,7 por ciento de las víctimas.
A partir del hallazgo de cadáveres en Argentina, Paraguay y Uruguay, que son los países donde el EAAF realizó tareas de investigación, se pudo precisar la cantidad de víctimas encontradas en distintas ciudades:
En el resto de las provincias, las cantidades oscilan en cifras menores, mientras que en Uruguay hubo 6 personas identificadas de 12 halladas, y en Paraguay, 3 de 4.
El informe revela, además, que desde 1984 se realizaron actividades de investigación, prospección y excavación en la mayoría de las provincias argentinas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Uruguay y Paraguay. Hasta el momento, en 91 de estos lugares se produjeron hallazgos.
Sus cuerpos fueron abandonados en la vía pública y luego sepultados en cementerios municipales, lanzados al mar mediante los vuelos de la muerte, o bien sepultados en fosas comunes clandestinas dentro de predios militares o policiales.
De los restos óseos se toman pequeños fragmentos, muestras que se procesan en el Laboratorio de Genética Forense. Allí, se codifica el ADN y se lo integra a un banco de datos. No obstante, el estado de preservación de los huesos recuperados condiciona las posibilidades de obtener material genético comparable. Por ejemplo: aunque ha habido avances científicos relevantes, la práctica de quemar los cadáveres continúa dificultando la extracción de ADN hasta nuestros días, explicó la organización.
El informe completo elaborado por el Equipo Argentino de Antropología Forense puede leerse en este link. (https://labusqueda.eaaf.org.ar/#mapa )
Según una investif¿gación del CONICET, documentos desclasificados muestran que los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún restaban cinco años para el retorno de la democracia. El cálculo fue aportado por militares y agentes argentinos que operaban desde el Batallón 601 de Inteligencia a su par chileno Enrique Arancibia Clavel. Aparece entre los documentos que logró sacar a la luz el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University y a los que accedió la prensa en 2006 (Ver nota de La Nación: El Ejército admitió 22 mil crímenes ).
En julio de 1978, Arancibia Clavel envió un telegrama a sus superiores de la Dirección de Inteligencia Chilena (DINA) con nombres de decenas de víctimas en el país y precisando que se habían «computado 22.000 entre muertos y desaparecidos», desde 1975 y hasta «el día presente» (1978)
Fin
