20 febrero, 2022
Con una empresa testigo en la industria alimenticia, el Estado asumiría el control de la planificación, la regulación, análisis de costos, formación de precios y comercialización en un mercado que está concentrado en corporaciones de gran poder económico.
El anuncio de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, sobre la intención del Gobierno de crear una Empresa Nacional de Alimentos sorprendió a propios y ajenos, pero en el fondo es una medida que saca a la luz la silenciosa guerra de posiciones que se libra al interior del oficialismo por la orientación de las políticas públicas.
En el redil del Frente de Todos conviven forzadamente tribus tan diversas como La Cámpora, el nonato «albertismo», el Frente Renovador de Sergio Massa, el kirchnerismo no camporista, el sector de Juan Grabois, movimientos sociales, organizaciones sindicales, y distintas líneas del PJ más tradicional.
La inflación es un fenómeno que preocupa transversalmente a todos los grupos pero las propuestas para contener ese flagelo, en el marco del fracaso de las respuestas que dio el Gobierno en esa materia hasta el momento, difieren ostensiblemente.
Días atrás, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, hizo una fuerte declaración política al sostener que se requiere mayor intervención del Estado en los precios de los alimentos, que vienen disparándose semana tras semana complicando el bolsillo de los consumidores.
«Hay que reconstruir instrumentos estatales que permitan establecer regulaciones frente a lo que es el libre mercado en la asignación de recursos de alimentos», resaltó luego de que se difundiera el inquietante dato de la inflación del 3,9% de enero.
El funcionario kirchnerista fue más lejos en sus consideraciones al sugerir el desacople del precio local del trigo, maíz, carne y leche respecto de los precios internacionales. En ese sentido, no ocultó su respaldo a la propuesta de subir las retenciones a los productos primarios que no tienen ningún tipo de valor agregado.
Las apreciaciones de Feletti, ex número dos de Amado Boudou en los tiempos en que el ahora líder de la agrupación «Soberanxs» era ministro de Economía, fueron desautorizadas por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien no cree con la misma convicción en la eficacia de ese tipo de instrumentos para contener el alza de precios.
Tampoco Kulfas emitió opinión sobre la Empresa Nacional de Alimentos pese al peso que tuvo la noticia desde su anuncio, toda una señal respecto del poco entusiasmo que esa posible medida le produce.
El sector que saldría ganando en esa puja interna es el Frente Patria Grande de Juan Grabois, que viene debatiendo al interior de su organización en torno a la idea de crear una red de pequeños productores de alimentos con apoyo estatal desde la fallida nacionalización de Vicentin.
Fuentes parlamentarias del Frente Patria Grande reconocieron a NA que en su momento ellos impulsaron una medida de esas características, pero aclararon que esta vez no tuvieron «incidencia directa».
Todavía es pronto para determinar si esta proclama de tipo intervencionista llegará a buen puerto o si terminará nuevamente en la papelera donde se apilan nostálgicamente las tantas obras que el Gobierno quiso emprender pero que no pudo o no se animó a llevarlas a cabo. El antecedente de Vicentin no trae buenos recuerdos a quienes impulsan el proyecto.
El Director Nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer, fue el funcionario que más detalles reveló acerca de cómo funcionaría la iniciativa.
De avanzar el proyecto, el Gobierno contaría con una herramienta para intervenir directamente en el mercado, asociándose con pequeños productores, que al utilizar la infraestructura provista por el Estado tendrían canales directos para vender sin intermediarios su mercadería a la población, a precios accesibles y de referencia para la población.
Con una empresa testigo en la industria alimenticia, el Estado asumiría el control de la planificación, la regulación, análisis de costos, formación de precios y comercialización en un mercado que está cada vez más concentrado por corporaciones de gran poder económico.
«De esta forma, será posible generar un precio de referencia en los productos de consumo masivo y ponerle freno a la avaricia de las empresas que entienden al alimento como una mercancía y no como un derecho social», sostuvo Klejzer, referente de la organización social La Dignidad.
Según su mirada idealista, cuando la empresa esté en marcha y los precios de referencia de los alimentos que comercializa estén consolidados en el mercado, los grandes grupos que actualmente expresan una situación «monopólica» irán cediendo sus posiciones «dominantes» y la renta podrá ser repartida más equitativamente.
Además, el Estado podría aprovechar para generar una ganancia adecuada, que le permitiría tener recursos para volcar en mayor producción o en otro tipo de políticas sociales.
Desde la oposición de Juntos por el Cambio adelantaron su rechazo a la iniciativa recordaron que una experiencia similar en la Venezuela chavista que no arrojó buenos resultados: en 2008, el Gobierno de Hugo Chávez creó la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), pero pese a las intenciones no alcanzó para frenar la inflación más alta del continente.
En 2015, Nicolás Maduro siguió los pasos de su antecesor y creó la empresa «Gran Comunal» de producción y distribución de alimentos, que tampoco cumplió con las expectativas.
A diferencia de Venezuela, en nuestro país la idea apenas dio sus primeros brotes y no tiene forma de proyecto de ley, ni hay plazos que se hayan definido para su presentación oficial, como tampoco se sabe el alcance que tendría el abanico de alimentos a producir por esta nueva empresa estatal.
Por lo pronto, la idea ya se echó a rodar, tuvo cierto aval del Gobierno a través de la palabra de Cerruti, pero habrá que ver si en el camino va ganando adhesiones de los distintos sectores del Frente de Todos para conocer si hay condiciones para que se materialice o si se repetirá «la gran Vicentin».
