17 febrero, 2021
Existe un creciente malestar entre los empresarios del sector por la multiplicación de controles en puntos de venta que pone el foco en la responsabilidad de la inflación en la cadena industrial de los alimentos. Afirman que existen muchas fábricas al borde del cierre.
Los empresarios del rubro alimenticio afirmaron que la cadena de producción industrial trabaja en la actualidad con un atraso en los costos del 25% en promedio debido a la combinación del efecto entre el cumplimiento de las reglas de control de precios que implementó el Gobierno nacional durante la pandemia para evitar una escalada inflacionaria, y la subas de los costos de los productos primarios, los protocolos anti Covid en las fábricas y la inestabilidad macroeconómica.
Con este panorama, fuentes de la industria de alimentos y bebidas confiaron a BAE Negocios que la situación por la que atraviesan «ciento de pymes del sector es de cierre inminente por problemas de costos imposibles de afrontar». Los empresarios consultados afirmaron que la política antiinfación «dejó de lado durante todo el año pasado lo que sucedía con los insumos del sector, como los productos frescos, cuyos precios se dispararon en pandemia mientras que los envasados cumplieron con los pedidos del Gobierno».
«La inflación no es producto del comportamiento de supermercados. De hecho, ellos respetaron el acuerdo de Precios Máximos en la mayoría de los rubros», señaló un análisis hecho a partir de información que los empresarios compartieron durante todo el fin de semana surgida de una infografía realizada por la consultora. Allí destacaron que «el canal tradicional (autoservicios) mostró aumentos mucho más importantes» y se preguntaron de manera retórica: «Imaginen si los supermercados y las empresas de consumo masivo no hubieran acompañado…».
El combo para el malestar empresario se completó con el anuncio de un control de precios realizado por distintas organizaciones sociales en hipermercados, supermercados y comercios de cercanía. «Los precos de frutas y verduras siguen aumentando como en todo el 2020, pero van a mandar 20.000 personas a controlar los súper. No entienden nada», se quejó un integrante de la cámara Copal.
Ahí existe una división de aguas. Algunos empresarios consideran que se trata de un mal diagnóstico y de la utilización de las herramientas tradicionales para controlar la inflación «aún cuando nunca dio resultados; mientras que otros se consideran involucrados involuntariamente en el «incio de la campaña electoral». «Nos ponen en la foto como los responsables de la inflación para que la gente tenga a alguien de quien quejarse y no sea el Gobierno el que fracasó en el diseño del plan», afirmó un referente de la industria alimenticia, que se ubicó en el segundo grupo.
En ese contexto, la Secretaría de Comercio Interior realizó controles junto con la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP). Los operativos conjunto de fiscalización de precios y abastecimiento en distintos hipermercados, supermercados y comercios de proximidad fueron «para el cumplimiento de la resolución de precios máximos con el fin de garantizar el acceso a alimentos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería para todos los hogares argentinos».
«El viernes pasado -momento en el que se retomó la acción coordinada que se había desplegado en marzo del año pasado con motivo de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19- fue la primera jornada de labor conjunta y se realizaron un total de 53 inspecciones en el área metropolitana. Como resultado, se elaboraron 14 actas por infracciones a la normativa de Precios Máximos por haberse registrado valores abusivos en distintos artículos, y se verificaron algunos faltantes de productos incluidos en el programa Precios Cuidados», destacó un comunicado del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Según el detalle, la participación del personal de AFIP estará circunscripta al control de los precios máximos, aunque la normativa también prevé que podrán realizar inspección e instrumentación de infracciones ante incumplimientos a la Ley de Abastecimiento (Ley 20680); de Defensa del Consumidor (Ley 24.240); y de Lealtad Comercial (Ley 22.802), entre otras.
«En este sentido, la Secretaría de Comercio es la autoridad de aplicación para la efectivización de las sanciones y las multas. Con el fin de lograr la mayor efectividad en los operativos de control, la Secretaría provee el modelo de planilla y de acta para llevar adelante la infracción, el manual de procedimiento y el instructivo para el carga de actas y de caratulación», destacó el comunicado.
Según el detalle, las inspecciones consisten en una verificación ocular, en la que los inspectores comparan que los precios indicados en caja y góndola coincidan con los valores correspondientes según los listados consignados para la tarea de fiscalización. «En caso de que un comercio incumpla con estos parámetros se les exige que reduzcan esos precios y se labran actas intimando a los dueños o encargados a dar las explicaciones del caso y presentar documentación que las acredite frente a las autoridades de la Secretaría de Comercio Interior», destacó la información oficial.
Los relevamientos pueden llegar a la clausura preventiva del comercio por 24 horas «en el caso de que las infracciones involucren a más de 10 productos, alertó el Ministerio. «Al comienzo de la cuarentena declarada el 20 de marzo, ante los faltantes de alcohol en gel, guantes y barbijos y amenaza de desabastecimiento, comenzó la colaboración con el personal de la AFIP con el fin de garantizar el abastecimiento y el precio de estos productos sanitarios esenciales. En lo sucesivo comenzaron los controles de los precios máximos, establecidos en la resolución 100/2020 que retrotraía los precios al 6 de marzo», recordaron.
*BAEN
