6 octubre, 2023
El gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, dará de baja designaciones de actuales funcionarios que quieren «atrincherarse» en el Estado. Mencionó el caso de Gustavo Aguilera, pero hay otros. Revisará el nombramiento de familiares de funcionarios en cargos «donde cobran más salarios». Impulsará un censo de empleados públicos y adelantó el envío de un paquete de leyes a la Legislatura que presentará la semana que viene a Mariano Arcioni.
Ignacio Torres participó este jueves por la mañana de la apertura de la Primera Jornada Patagónica de Comunicación y Consultoría Política en la Universidad Nacional de la Patagonia «San Juan Bosco» de Trelew. Y ante la requisitoria periodística, confirmó que entre el lunes y marte se reunirá con el gobernador saliente, Mariano Arcioni, en el marco de la transición y tratará un paquete de leyes para que se eleven a la Cámara de Diputados con el fin de que sean tratados y se puedan aplicar inmediatamente después de su asunción el 10 de diciembre.
Uno de los temas centrales tiene que ver con la Ley de Ministerios, donde habrá una reducción sobre el actual staff para que sea «más ágil». El Presupuesto 2023 se trabajará «en conjunto» y uno de los temas centrales será la propuesta para avanzar en el «repago» de la deuda, ya que es un tema «condicionante» en el comienzo de su gestión.
Torres dijo que el Estado debe contar con las garantías para pagar los sueldos, solventar el funcionamiento y los insumos. Y la deuda será un fuerte ahogo, porque «nunca en la provincia hubo una bola de nieve de vencimientos como la que tendremos el año entrante».
Precisó que mantuvo reuniones con algunos acreedores y con el Banco Central, pero necesita de la herramienta legislativa para «tener otro músculo para negociar».
La deuda global de Chubut, entre los bonistas externos, las letras, el Fondo Fiduciario, entre otros (con el dólar linked), ronda los 900 millones de dólares. Y eso sin contar con la deuda «flotante», la de proveedores, que también preocupa al gobernador electo.
Torres adelantó que la semana que viene anunciará a «dos ministras que se van a sumar» al gabinete provincial y descartó que una de ellas se trate de la comodorense, Ana Clara Romero, teniendo en cuenta que por una situación familiar le impediría estar en Rawson, pero dejó en claro que seguirá teniendo un rol protagónico en el espacio político.
También precisó que será un verano «movido» para la Legislatura y habrá un «maratón» de sesiones especiales. Y adelantó que se reunirá con el Superior Tribunal de Justicia por el sumario interno que se está realizando por el cobro de la tasa judicial, por el cual renunció el administrador, Héctor Capraro.
El gobernador electo fue consultado sobre los nombramientos de funcionarios de diversa jerarquía, familiares, y otros agentes. En particular, se habló de 80 casos en el Ministerio de Familia, del cual recalcó que «habrá controles y habrá que frenarlo: Me mandan mensajes todos los días diciéndome que están metiendo a este, o al otro».
«Se barrerá (los nombramientos) y se verán los esenciales. No vamos a hacer diferencias, se van a revisar, se van a barrer».
Torres puntualizó que «hay muchos ingresos de parientes por la ventana en lugares donde cobran más salarios» y hasta dijo que habló con el fiscal Omar Rodríguez, ya que no asistirían a su lugar de trabajo, pero cobrarían: «Es un delito».
El gobernador electo enfatizó que «van a tener que dar respuestas a esa estafa» e informó que se realizará un censo de empleados públicos para chequear quién asiste a su lugar de trabajo y qué hace; de lo contrario: «Todos afuera… Parezco Milei (ironizó)».
«Me enteré de que el ministro (Gustavo) Aguilera se quiere acomodar en Servicios Públicos, no va a pasar», afirmó Torres, quien apuntó de esta manera contra el titular de la cartera de Infraestructura provincial.
«Los que quieran atrincherarse con un pase a planta no solo los vamos a sacar, sino que diremos con nombre y apellido».
Finalmente, compartió que otro de los proyectos que enviará a la Legislatura provincial será una ley de ética pública para evitar que los cargos políticos no se «acomoden» en el Estado una vez finalizada la gestión.
*ECH
