12 noviembre, 2021
Un informe de IDESA subraya la existencia de una gran cantidad de regímenes jubilatorios con características muy disímiles y «desconectadas entre sí». Expertos insisten en que se debe encarar un abordaje integral y una reforma urgente.
La cobertura previsional en la Argentina es brindada a través de varios sistemas de características muy disímiles y con bajos niveles de articulación. Un informe de IDESA señala que «para darle equidad y sustentabilidad al sistema previsional se necesita un abordaje integral que tienda a la unificación, donde la mayoría de los afiliados se encuadren en el régimen general».
Patricio Canalis, Licenciado en Economía del Instituto para el Desarrollo Social Argentino analiza en este artículo la situación que deriva en más de 200 regímenes jubilatorios, que para esta consultora económica generan
Tal como explica el informe, a nivel nacional quien administra la seguridad social es ANSES, en donde controla un sistema contributivo, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y un pilar no contributivo.
Dentro del sistema contributivo existen tres grandes regímenes:
* el general: Funciona para asalariados del sector privado, asalariados públicos nacionales, trabajadores autónomos, monotributistas y de casas particulares.
* los especiales: Hay 7 regímenes especiales, con parámetros de aportes y jubilación más beneficiosos.
* los diferenciales: que también tienen parámetros diferentes, justificados en la naturaleza riesgosa o de insalubridad, para lo cual hay 88 esquemas, y regímenes de retiro para el personal de fuerzas armadas y de seguridad, que son 6.
Por su parte, el sistema no contributivo está conformado por las pensiones no contributivas, que son beneficios asistenciales para gente en situación de vulnerabilidad, y, más recientemente, por la PUAM (Pensión Universal Adulto Mayor), para personas de 65 años de edad o más que no tengan aportes suficientes para el sistema contributivo.
En paralelo con el sistema nacional funcionan 13 sistemas provinciales que cubren a empleados públicos provinciales y municipales.
A su vez, cada una de estas cajas tiene su régimen general, con parámetros mas beneficiosos que el sistema nacional, y sus propios regímenes especiales, diferenciales y no contributivos.
Por último, también operan de manera independiente y aislada las cajas previsionales para profesionales, que son 76, y otras 26 cajas de previsión para trabajadores municipales.
Tal como analiza el trabajo de IDESA se trata de más de 200 regímenes jubilatorios con sus reglas propias y desconectadas entre sí.
Para la consultora cordobesa, lo problemático de este entramado institucional es que los esquemas especiales y las cajas provinciales, lejos de ser la excepción, representan casi la mitad del sistema y otorgan beneficios ampliamente superiores a los del régimen general, sin una contraparte de sostenibilidad financiera.
«Así, jubilaciones anticipadas, haberes jubilatorios de más del doble que los del régimen general y duplicaciones de beneficios llevan a que el gobierno nacional deba cubrir los déficits previsionales de estos regímenes mediante subsidios, lo que torna al sistema en altamente inequitativo. Sumando las moratorias, 2 de cada 3 jubilaciones y pensiones fueron otorgadas con normas diferentes al régimen general. En el extremo, esto posibilita casos como el de la vicepresidenta, que acumula una doble pensión vitalicia por 2,5 millones de pesos mensuales, lo cual equivale a 96 jubilaciones mínimas o 63 jubilaciones que cobran el haber medio», analiza el lic Canalis en su informe.
EL estudio asegura que «para darle equidad y sustentabilidad al sistema previsional se necesita un abordaje integral que tienda a la unificación, donde la mayoría de los afiliados encuadren en el régimen general».
Tal como se indica, las excepciones para compensar envejecimiento prematuro deberían estar científicamente justificadas. Por último añade que, «si algún colectivo de trabajadores aspira a tener jubilaciones más altas que las del régimen general debería administrar una caja complementaria de manera independiente, que sea actuarialmente consistente y no necesite de la asistencia de la Nación», concluye el informe.