20 enero, 2024
La fiscal jefa de Rawson, Florencia Gómez, solicitó la realización de allanamientos simultáneos en las viviendas particulares de cinco dirigentes del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, en el marco de una investigación por denuncias de parte de empresarios pesqueros quienes aseguraron ser víctimas de extorsión y amenazas.
La fiscal Gómez recibió tiempo atrás en Rawson denuncias de un grupo de empresarios de la pesca por presunto cobro de dinero por fuera de los convenios, donde dirigentes de la cúpula del gremio habrían exigido determinados tipos de cobros amenazando con que no descargaban la mercadería o no mandaban gente a trabajar. Esto además en reiteradas oportunidades.
Según confirmó la fiscal, “hay un grupo de empresarios de la pesca de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Rawson que denunciaron por extorsión a la cúpula del SUPA, que les exigían determinada cantidad de dinero a cambio de liberarle la gente para trabajar”.
En este tiempo “hubo medidas de restricción y posteriormente, al continuar con la investigación, la jueza Ivana González autorizó cinco allanamientos; uno en Madryn, dos en Rawson y dos en Comodoro Rivadavia, que se realizaron este viernes a las 6 en forma simultánea por parte de personal de las Brigadas de Investigaciones de las tres ciudades”.
En los mismos “se buscaban los teléfonos porque con ellos se comete el delito de la extorsión, hay una serie de comunicaciones entre los distintos empresarios denunciantes y esta gente exigiendo los pagos”.
El comisario general Cristian Ansaldo, director de Policía Judicial, agregó que los allanamientos “tuvieron resultados positivos en la mayoría, ya que se secuestraron celulares de cada una de las personas involucradas”.
“No hubo inconvenientes, las personas colaboraron con la entrega de celulares y los mismos se realizaron en sus viviendas particulares”. Ahora habrá que esperar los resultados de la investigación y las posibles consecuencias legales y los imputados, de poderse comprobar los hechos.
La investigación está caratulada como “extorsión y amenazas” porque no sólo los empresarios fueron amenazados, sino también sus familias. El monto del delito que se investiga alcanza a una cifra millonaria.
*DJ/MPF
