Los contratos comenzarán a vencerse en 2023 y el oficialismo ya inició la auditoria de las centrales. En Chubut vencen consesiones de Futaleufú en 2025 e Hidroeléctrica Ameghino en 2044. El Chocón, entre las usinas con futuro a definir en lo inmediato.
El vencimiento cercano que ostentan las primeras concesiones de las principales
represas hidroeléctricas de la Argentina ya se discute en los despachos oficiales. Y, ante la decisión del Ejecutivo de discutir puertas para adentro
qué ocurrirá con las usinas, las tensiones con las provincias ya empezaron a ganar envergadura. La Secretaría de Energía acaba de activar un equipo de trabajo para revisar qué hará con El Chocón y Piedra del Águila, entre otras instalaciones, pero
omitió la participación de representantes de Río Negro y Neuquén, que reclaman injerencia en la explotación comercial de los recursos hídricos provinciales.
A partir de agosto del año próximo comenzarán a vencerse los contratos de 22 centrales distribuidas en 8 provincias. Las primeras concesiones en caducar comprenden a las usinas de El Chocón, Alicurá, Planicie Banderita, Arroyito y Piedra del Águila. Las operaciones de la mayor parte de este complejo hoy corren por cuenta de Orazul, AES Argentina, Pampa Energía, Saesa y Enel.
Según pudo saber iProfesional de fuentes cercanas a la Secretaría de Energía, el equipo de trabajo activado hace semanas viene llevando a cabo una auditoria y la perspectiva para el complejo de centrales se divide en dos vertientes: la posibilidad de una extensión de las concesiones a los actuales operadores, por un tiempo similar al vigente hasta ahora. O, caso contrario, reestatización de las usinas con administración a definir.
El Chocón es una de las centrales con concesión que vence el año próximo.
Tensión creciente con Río Negro y Neuquén
«Es esta última opción la que alimenta las tensiones crecientes con las provincias. Río Negro y Neuquén quieren participar y, además, que Nación concluya la deuda multimillonaria que tiene con ambas provincias. Por su parte, las empresas hasta ahora no han dicho demasiado sobre la continuar con el negocio. La rentabilidad de los últimos años año ha sido prácticamente nula y con costos siempre en ascenso. Para continuar deberán ofrecerles algún incentivo muy atractivo», comentó a este medio un experto al tanto del proceso.
Río Negro reclama a la Secretaría de Energía casi 900 millones de pesos en concepto de regalías mal liquidadas. Neuquén, en tanto, señala que se le deben 1.164 millones. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en tanto, exige otros 1.000 millones de pesos, todos por deuda por el mismo concepto.
«No logramos reparar el complejo del dique Ballester porque no tenemos recursos, no podemos hacer los estudios en Cerros Colorados porque cuando no se puede generar energía eléctrica, por transformadores rotos no tenemos recursos para seguir con los estudios para reponer agua en el sistema sobre todo en esta época que es de riego y otras cosas», declaró recientemente Elías Sapag, representante de Neuquén en la AIC.
Quienes integran la comisión que evalúa las concesiones
El equipo de trabajo activado por la Secretaría de Energía está integrado por representantes de la cartera energética, de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica S.A. (CAMMESA), del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y de la empresa estatal Integración Energética Argentina S.A. (IEASA).
«El equipo será el responsable de elaborar un informe circunstanciado, que incluirá el detalle del estado de situación de cada proyecto en sus aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales, frente a los próximos vencimientos de sus respectivos contratos», se indicó desde Energía en marzo pasado.
Los técnicos convocados tienen como prioridad la revisión de los números de los complejos cuyas concesiones vencen el año próximo. La molestia en las provincias radica en que ninguno de sus cuadros fue incluido en la convocatoria para las auditorias.
De ahí la decisión de Río Negro y Neuquén de poner en marcha sus propias comisiones para evaluar la situación de las usinas y su influencia sobre los ríos de ambas provincias. En estos distritos viene tomando fuerza la idea de que el Gobierno no extenderá las concesiones vigentes y que lo que viene es la estatización de las centrales.
De ocurrir esto último, Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), la ex Enarsa, se perfila como la empresa bajo la cual el oficialismo pasaría a controlar el funcionamiento y la explotación económica del complejo hidroeléctrico doméstico. Ante esta posibilidad, las provincias redoblan esfuerzos y buscan mantenerse en la discusión respecto de qué pasará con las usinas a partir de agosto de 2023. Participar de alguna forma en el negocio que viene es la consigna que predomina.
