20 marzo, 2022
Desde el próximo año comienzan a vencer las concesiones de la administración de las centrales hidroeléctricas y los gobiernos quieren incidir sobre el negocio
El mercado de energía eléctrica está expectante ante un hecho que no tiene precedentes: después de 30 años, a partir de 2023, comenzarán a finalizar las concesiones de las distintas centrales hidroeléctricas, que representan el 25% del total de la potencia instalada en la Argentina. Las represas del Comahue son las primeras en vencer y entre el Estado Nacional y las provincias de Río Negro y Neuquén ya empiezan a disputarse el poder por decidir quién administrará un negocio que genera US$200 millones por año.
La Secretaría de Energía anunció la semana pasada que conformará un equipo de trabajo para analizar las concesiones, que comienzan a vencer a partir de agosto del próximo año, justo cuando se llevarán a cabo las elecciones primarias presidenciales, con todo el componente político extra que eso implica.
Los primeros contratos que serán revisados son de las represas que están sobre los ríos Limay y Neuquén: Alicuará, operada por la estadounidense AES; El Chocón y Arroyito, administradas por la italiana Enel; Planicie Banderita, bajo la concesión de la también estadounidense Orazul, y Piedra del Águila, bajo la operación de la local Central Puerto.
Entre las cinco centrales tienen una potencia instalada de 4170 megawatts (MW), que representa el 10% del total de la oferta de energía eléctrica del país. Luego, entre 2024 y 2026, vencen otras 15 centrales hidroeléctricas, pero de mucha menos potencia instalada que las primeras cinco.
La disputa entre el Estado y las provincias ya comenzó, aunque desde el Gobierno dicen que no hay ninguna negociación: el poder para determinar la concesión de las centrales hidroeléctricas es federal y “eso es un hecho objetivo”, según dijeron en la Secretaría de Energía y expone el diario LN.
Otros actores del sector señalan que los ríos de los cuales se abastecen los embalses atraviesan varias jurisdicciones provinciales, por lo cual, prevalece la competencia federal. Además, indican, los contratos de la concesión original determinaba también el poder concedente al gobierno nacional.
“Aunque el Gobierno quisiera darles la concesión, tendría que resolverse por ley, porque el concedente es el Estado Nacional. Es indefendible la posición de las provincias desde lo normativo y jurídico”, explicó un exfuncionario nacional.
Las provincias, por su parte, dicen que la modificación de la Constitución Nacional cambió la situación, ya que se les dio el derecho de la administración de los recursos naturales a los gobiernos provinciales, quienes ahora reciben ingresos por las regalías de petróleo y gas, por ejemplo.
Esta explicación usan las provincias para incidir sobre la administración, operación, mantenimiento, explotación comercial y preservación de los aprovechamientos hidroeléctricos, como indicaron Neuquén y Río Negro en un acta acuerdo firmado a fines de diciembre pasado.
En ese documento, enfatizaron en que las provincias “detentan el dominio inalienable e imprescriptible sobre los recursos hídricos existentes en sus territorios, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 124° de la Constitución Nacional”. Dicho artículo dice que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
Neuquén y Río Negro crearon una comisión técnica en la cual los ministros de Energía se reúnen cada dos o tres semanas para “evaluar todas las alternativas en las que las provincias pueden tener una mayor participación en el negocio que generan las centrales”, según dijo a LA NACION uno de los gobiernos provinciales en reserva.
Pese a que las provincias analizan “los instrumentos jurídico-institucionales adecuados para plantearle al gobierno nacional”, al momento no fueron convocadas por la Secretaría de Energía. Tampoco fueron invitadas a representar el recientemente creado Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (Etahc), que estará conformado por representantes de la propia cartera que dirige Darío Martínez, de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica (Cammesa), del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y de la empresa estatal Integración Energética Argentina (Ieasa).
Como sucede en todo el sector energético, el equipo de trabajo estará integrado por miembros de la agrupación La Cámpora, como Federico Basualdo (Energía Eléctrica) y Soledad Manín (ENRE), y otros funcionarios cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, como Agustín Gerez (Ieasa) y Sebastián Bonetto (Cammesa).
Este sector del oficialismo tiene una visión pro-estatal, por lo cual no llamaría la atención que Ieasa (la ex-Enarsa, una empresa estatal creada por el expresidente Néstor Kirchner), quiera quedarse con las concesiones de las represas. De hecho, esta compañía está a cargo de las construcciones de las centrales hidroeléctricas de Santa Cruz, rebautizadas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”.
Las empresas todavía no fueron consultadas por el Gobierno, pero dicen que será fácil para el Etahc auditar la administración de las represas, ya que todas las compañías cotizan en la bolsa local y de Nueva York, por lo cual deben presentar información de manera semestral y están bajo un estricto control de la Comisión Nacional de Valores y de su regulador homónimo en Estados Unidos.
Caso contrario, indican que el Estado es el que no cumplió con el contrato de concesión, ya que en los últimos 30 años hubo momentos en los cuales se congelaron las tarifas que cobran estas empresas. “Los privados hicieron una inversión importante para quedarse con la concesión, que se dio bajo un marco regulatorio que se modificó por completo y eso generó un pasivo regulatorio. Creemos que este pasivo regulatorio puede ser cancelado con una extensión de la concesión. Operar estas plantas requiere de capacitación técnica y de muchas inversiones para mantener las plantas disponibles”, explicaron en una de las compañías.
Los contratos de concesión no tienen prórroga, pero tampoco está prohibido que con mutuo acuerdo se extienda la concesión. “No existen antecedentes de esto, es algo novedoso y nadie sabe cómo debiera salir. De acá al año que viene hay poco tiempo para hacer un análisis profundo. No sé si se llega a tiempo, sabiendo que a partir de mayo o junio del próximo año estará la movida del año electoral, y ya estarán todos con las antenas paradas. Este año ya debería haber alguna solución al respecto”, opinaron en otras de las compañías.
*LN/by Sofía Diamante
