De acuerdo con estimaciones oficiales, el proyecto permitirá un ahorro de U$S 2.500 millones por sustitución de importaciones.
Así lo anticiparon este jueves fuentes de la Secretaría de Energía, quienes destacaron que la normativa estima un horizonte de veinte años que permita «previsibilidad, reglas claras y que permita al Estado y a la industria planificar a mediano y largo plazo».
Según la postura oficial, de esa manera se alcanzará estabilidad fiscal, por lo cual los funcionarios del área confían en que la iniciativa pueda transformarse en ley «lo antes posible».
El proyecto se diseñó tras seis meses de jornadas de trabajo con todos los sectores: gobernadores de provincias productoras, industria y sindicatos.
«Es un esquema de ganar-ganar», destacaron las fuentes de Energía, en el marco de una reunión virtual de la que participó la agencia NA.
Para los impulsores del proyecto, el sector hidrocarburífero debería convertirse en un factor «crucial» para sostener el crecimiento de largo plazo de la Argentina.
Al mismo tiempo, subrayaron que la soberanía energética y el autoabastecimiento «es fundamental» para el Gobierno.
La iniciativa, que será enviada al Congreso en las próximas horas, busca también alentar la participación de las empresas regionales y nacionales como proveedores de la actividad hidrocarburífera, incrementando la proporción de bienes y procesos tecnológicos elaborados y diseñados por trabajo argentino.
Se establece también un régimen general de promoción de actividades de exploración y producción de petróleo, otro relacionado con la producción de gas natural con diferentes incentivos relacionados con el compromiso de abastecimiento del mercado interno, y la determinación de exportaciones garantizadas en función del incremento de la producción.
Además, para los proyectos de exploración y explotación convencional de petróleo, se contempla un tratamiento diferencial.
Y en cuanto a los proyectos de «importancia estratégica» para el país, se establece un «Régimen Especial de Promoción para Proyectos de Exploración, Producción, Industrialización, Almacenaje y/o Transporte de Hidrocarburos y Derivados», con incentivos adicionales, fundamentalmente en materia de impuestos.
En el marco de estos regímenes, aquellos proyectos que incluyan un plan asociado a la sustentabilidad energética obtendrán beneficios adicionales.
Asimismo, se impulsan estrategias que involucran la perspectiva de género y la creciente incorporación de inversión en investigación y desarrollo tecnológico.
La propuesta también contempla un régimen de promoción del empleo, el trabajo y el desarrollo de proveedores regionales y nacionales de la industria hidrocarburífera: para acceder a los beneficios que propone este proyecto, será obligatoria la presentación de un Plan de Desarrollo de Proveedores Regionales y Nacionales y cumplir con los principios de contratación que la norma establece.
Energía detalló que habrá incentivos para proyectos que mejoren las condiciones medioambientales, sobre tres grandes ejes: beneficios adicionales a proyectos que incluyan propuestas de eficiencia en el uso de la energía y diversificación de su producción energética; e incentivos para facilitar la transición energética de fósiles líquidos a gas natural y la reducción de la contaminación ambiental.