20 septiembre, 2021
El articulado generó más dudas que respuestas dentro del sector. Aseguran que hay puntos que resultan “insuficientes” o “injustos” y resaltan que hay ejes “ambiguos y poco claros”.
Por Matías del Pozzi
El salpicado lanzamiento del proyecto de Fomento a las Inversiones Hidrocarburíferas tuvo un rápido impacto en la industria que –en gran parte- desconfiaba que se logre presentar este año. Con la mirada de reojo en el fuego que se inició puertas adentro del oficialismo, el sector no desvió la atención de la esperada letra chica y tal como anticipaban generó más dudas que respuestas.
“Nadie está en contra del espíritu de este proyecto, ahora para que el espíritu de esta iniciativa se viabilice y se concrete es muy importante consensuar en el articulado. Ahí se juega el éxito de esta ley, lo que dice, cómo lo dice y lo que no dice también es muy importante”.
La cita pertenece al gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez que resumió la postura general de los diversos actores del sector que hablaron públicamente tras el anuncio.
Tanto operadoras, como pymes, gobiernos provinciales y sindicatos están de acuerdo con el objetivo de la ley. Coinciden que el plazo para un régimen de estas características es correcto y la mantención de las reglas claras es una de las claves.
Sin embargo, las diferencias comienzan con la letra chica en la que todos se ven interpelados para bien y para mal. Para la mayoría es demasiado extensa, pero las preocupaciones rondan más por lo que no está escrito que por lo que se describe. Aseguran que es una ley que deja demasiadas cuestiones importantes a reglamentaciones futuras que pueden causar cortocircuitos.
Hay una serie de puntos que generaron polémica para el sector empresarial y en paralelo también para las provincias productoras. Entre los que más se nombraron en las consultas aparece: la línea de base de producción que se tendrá en cuenta para calcular los incrementales; el porcentaje de acceso al mercado de divisas; el Consejo de Inversiones Hidrocarburíferas que fiscalizará los proyectos presentados y el incremental de producción que se podrá exportar.
“Implementaron mal un tema crítico que es la línea de base a la producción de los últimos 12 meses hasta abril. De esta manera se castiga a las empresas que invirtieron desde la segunda mitad de 2020, en plena pandemia”, señalaron fuentes de sector empresarial en estricto off the record.
El descontento aquí tiene que ver con el nivel de extracciones que se tendrá en cuenta para calcular el incremental. Se tomará la línea de base de cada empresa por separado y será la de 2019 ó 2020 o los últimos 12 meses hasta abril de 2021, la que sea mayor.
Un funcionario de alto rango de las filas del oficialismo nacional explicó que había que definir una fecha y “cualquiera” iba a afectar a uno u otro jugador: “El sector siempre te van a pedir más, prefieren más una reducción en las regalías que otros beneficios. Con lo cual creemos que una vez en marcha se podrá aprovechar el proyecto”, sumó.
Sobre el incremental de producción que se podrá exportar sin pedir autorizaciones del Ejecutivo nacional el factor común es que dejó “gusto a poco”. La brecha entre el precio del crudo del mercado interno y el externo –con descuentos incluidos- es casi de 10 dólares, por lo que hay una gran diferencia entre vender afuera o adentro.
El piso que plantea el proyecto es del 20% del incremental ampliable hasta el 50% a medida que las empresas suban la producción e incluyan en sus propuestas contratación local, perspectiva de género, programas de sustentabilidad, entre otros.
“Si lográsemos una regla que estipule que atendido el mercado local se puede exportar, ya está. Eso es lo que se necesita”, expresó una fuente ejecutiva de una empresa.
Muy vinculado al incremental figura el porcentaje que se puede liquidar en el mercado único de cambios que es del 50%. El planteo que hace el sector empresarial aquí es que para obtener un real beneficio habrá que aumentar fuertemente la producción siendo que la mayoría tendrá destino el mercado local.
El Artículo 41 y 42 del proyecto de ley, que crea y da funciones al Consejo de Inversiones Hidrocarburíferas, son dos de los principales apuntados por las provincias petroleras.
El consejo estará integrado en su totalidad por funcionarios del gobierno nacional y será el encargado de definir qué tipos de beneficios o quitas impositivas se les otorga a las petroleras en base a las propuestas que presenten.
El desencuentro en este punto es que las provincias entienden que, como titulares de los recursos, su participación queda aislada a consultas, sin tener injerencia en la aprobación de los proyectos. En algunos casos lo que se pide es un lugar en la mesa.
Por otra parte, el proyecto propone que los titulares de concesiones convencionales adyacentes, puedan unificarlas. Si bien esto es una reducción de costos para las empresas, interviene en los ingresos provinciales en términos de bonos y de aumento de regalías.
Según pudo averiguar este medio, el salto en la producción que proyectan desde el oficialismo –en base a lo expuesto por las petroleras-, con la ley en pleno funcionamiento, podría generar un incremento en la producción de petróleo a nivel nacional de entre el 20 al 30% en un plazo de 2 a 3 años. La estimación aumenta hasta el 50 y 60% si se mira a 5 años.
Teniendo en cuenta los últimos reportes oficiales de producción, para el mejor escenario, el país sumaría más de 300.000 barriles día y quedaría cerca de romper el récord de Argentina que es de 830.000 barriles y se alcanzó a mitad de 1998.
Para los yacimientos de gas el crecimiento está condicionado y directamente vinculado con el proyecto Transport.Ar, a través del cual el Ejecutivo busca ampliar el sistema de gasoductos a nivel nacional.
