16 noviembre, 2020
De aprobarse mañana en el recinto de la Cámara baja el dictamen que impulsa el oficialismo para crear un impuesto por única vez a las grandes fortunas, tres diputados y cinco senadores deberían pagar este tributo a la riqueza. Son los que declararon un patrimonio superior a $200 millones y deberán hacer su “aporte solidario, extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, tal como fue bautizada la iniciativa presentada en la Cámara baja en agosto pasado.
Se trata de los diputados nacionales Atilio Benedetti, Máximo Kirchner – impulsor de la iniciativa junto a Carlos Heller – y José De Mendiguren – de licencia por estar al frente del BICE- , y los senadores José Alperovich, Maurice Closs, Eduardo Costa, Roberto Basualdo y Juan Carlos Romero. Estos ocho legisladores informaron en sus declaraciones juradas 2019 presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA), bienes y dinero por encima del mínimo exento previsto en el proyecto de $200 millones, por lo que pagarán este tributo obligatorio «con carácter de emergencia”, por única vez, según el texto del proyecto.
Una vez aprobado el proyecto, deberán hacerlo por sumas que van de los $4,2 a los $36,3 millones. En conjunto, aportarían de $100 millones, según el cálculo de la Unidad de Datos de Infobae, corroborado con un estudio de reconocidos tributaristas. Así surge del análisis patrimonial realizado por este medio en base a las DDJJ 2019 presentadas este año ante la OA por 242 diputados -sobre un total de 257 miembros de la Cámara baja- y los 72 senadores que integran la Cámara alta.
En el dictamen de mayoría firmado por el oficialismo en la Comisión de Presupuesto el 25 de septiembre último, se cambió la fecha en la cual se tomará la foto patrimonial, y finalmente se acordó que sería el día de entrada en vigencia de la ley. Originalmente era el 31 de diciembre del 2019. Más allá de este cambio, excepto que tengan movimientos patrimoniales significativos, estos ocho legisladores nacionales deberán pagar el tributo ya que sus patrimonios declarados superaban con comodidad los $200 millones al cierre del año pasado.
El impuesto, redactado por Heller a pedido de Máximo Kirchner, establece el pago de una tasa progresiva para las personas físicas o “humanas” argentinas a partir de los $200 millones. No importa que la persona tenga residencia fiscal en otro país, pero no alcanza a los extranjeros. Arranca con una alícuota del 2% y llega hasta 3,5% para patrimonios de más de $3.000 millones en el país. La tasa se eleva hasta un máximo de 5,25% para quienes tengan bienes en el exterior. Si deciden repatriar el 30% de sus tenencias financieras afuera, quedarán exceptuados de ese diferencial y serán igualados con el resto de los aportantes en el país.
De los firmantes del proyecto, el único que pagará este tributo, en principio por única vez, es Máximo Kirchner, ya que declaró a finales de 2019 casi $292 millones. En cambio, por ejemplo Heller – actual presidente de la Comisión de Presupuesto – no estará alcanzado ya que declaró un patrimonio total al cierre de 2019 de $21,8 millones.
El líder de la bancada del Frente de Todos debería pagar $5.834.784, según las franjas patrimoniales por encima del mínimo exento y las alícuotas establecidas en el texto que se discutirá mañana. El oficialismo confía en tener los números para aprobarlo, pese a la oposición de Juntos por el Cambio, que firmó un dictamen de minoría e hizo público su rechazo.
Máximo declaró 27 propiedades por un total de casi $90 millones, de las cuales 25 corresponden a la herencia que recibió de su padre, junto a su hermana en partes iguales. Cristina Kirchner les donó, a su vez, a sus dos hijos todos sus bienes en 2016 para evitar embargos cuando comenzaron a multiplicarse las causas por presunta corrupción en su contra.
A su vez, el hijo de la vicepresidenta consignó que el Condominio Máximo y Florencia Kirchner que recibió como herencia -intervenido desde 2017 por la Justicia federal en el marco de la causa conocida como “Los Sauces” por el nombre de la inmobiliaria familiar-, tenía un valor a fines del 2019 de casi $9 millones. El jefe del bloque del Frente de Todos declaró que su participación accionaria en la inmobiliaria familiar Los Sauces SA equivale a $6,6 millones y en Hotesur SA -la sociedad dueña del Hotel Alto Calafate- más de $10 millones.
Además de Máximo Kirchner, los otros dos diputados que deberían pagar este nuevo tributo – cuyo tratamiento se aceleró como una suerte de “compensación ideológica” en medio de las críticas al “ajuste” contenido en el Presupuesto 2021 que envió el Gobierno-, son Benedetti, de Juntos por el Cambio, y De Mendiguren, actual presidente del BICE con licencia en su banca de legislador, y hoy alineado con el oficialismo.
Con un patrimonio declarado de $332,6 millones, Benedetti es el más rico de los diputados nacionales según sus declaraciones juradas 2019. Ese dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) – debería pagar $6.734.668 del impuesto a las grandes fortunas. Productor agropecuario oriundo de Larroque, Benedetti es el dueño del 75% de la Tierra Greda SA. Establecida en esa localidad entrerriana de la que fue intendente, valuó esa participación en $162,5 millones.
De Mendiguren, en tanto, con un patrimonio declarado de $250,7 millones, tendría que hacer un “aporte” de $5.015.085, de acuerdo al dictamen aprobado por su bloque.
El senador que más impuesto pagará será Alperovich. Con un patrimonio declarado de más de $1.387 millones, el ex gobernador tucumano debería pagar una vez aprobada la ley, $36.370.550. Electo por el Frente para la Victoria en 2015, actualmente de licencia sin goce de sueldo desde noviembre pasado después de haber sido acusado de abuso sexual por su sobrina, es el legislador nacional con mayor patrimonio de todo el Congreso de la Nación.
En el ranking patrimonial le sigue el misionero Closs, del Frente Renovador de la Concordia, hoy parte del bloque del Frente de Todos. Con bienes y dinero declarados por casi $784 millones al cierre del 2019, el impuesto que debería pagar el actual vicepresidente primero de la Cámara alta asciende a $18.309.495.
En tercer lugar en el ranking patrimonial entre los senadores, se ubica el radical santacruceño Costa. Informó ante la OA $662,6 millones en bienes, acciones de empresas y dinero, por lo que el impuesto que debería pagar -siempre teniendo en cuenta su declaración al cierre del 2019- sería de casi $15 millones. Dueño de El Tehuelche SACICI, dueña de la cadena de locales de venta de materiales para la construcción Hipertehuelche, con 16 sucursales en la Patagonia.
El senador por San Juan Basualdo, del bloque Producción y Trabajo, se ubica en cuarto lugar en el ranking de los integrantes de la Cámara alta con más patrimonio neto y también deberá pagar el “aporte solidario”. Según su última declaración jurada, este ex dirigente justicialista -que ingresó a la Cámara alta en 2017 por la Alianza Cambiemos- poseía al cierre del 2019, $417,6 millones. De acuerdo a esta suma, el impuesto que deberá tributar es $8.690.861.
El quinto senador que deberá desembolsar dinero de su bolsillo para hacer frente a esta iniciativa del oficialismo es Romero, ex gobernador salteño por tres períodos consecutivos. Declaró un patrimonio de $214,4 millones y debería pagar $4.288.011.
*Parlamentario, IB
