19 mayo, 2022
Economía trabaja en un proyecto que fija un cupo de créditos para emprendimientos y les garantiza un mínimo de compras del Estado.
El proyecto de ley circula desde hace un año por los despachos oficiales. Pero en las últimas horas cobró nuevo impulso con el respaldo del ministro de Economía. Se trata de un sistema para promover la participación de la «economía popular» en compras del Estado y su financiamiento a través de un cupo obligatorio que deberán prestar los bancos, entre otros mecanismos.
Martín Guzmán reflotó la iniciativa este miércoles en su desembarco a la sede de un grupo de cooperativas en Almirante Brown, acompañado del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y los referentes del Movimiento Evita y Barrios de Pie, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez, quienes le ofrecieron su apoyo y le pidieron acelerar iniciativas para el sector.
En ese marco, el ministro destacó el «Régimen de Promoción de la Economía Popular», en el cual trabajan su cartera junto con la de Desarrollo Social y que pronto podría llegar al Congreso. El equipo de Guzmán, de hecho, fue el encargado de diseñar el nuevo marco regulatorio para asistir a trabajadores informales mediante el sistema bancario y un fideicomiso.
Según el borrador, «las entidades financieras reguladas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberán destinar un mínimo del uno con cincuenta por ciento (1,50%) de sus depósitos del sector privado no financiero en pesos, al otorgamiento de crédito bancario a proyectos productivos con impacto social» a cooperativas y emprendedores populares.
De ese porcentaje, los bancos podrán imputar la totalidad a cuenta del cupo de líneas de financiamiento productivo para MiPyMEs y, por otra parte, reducir los requisitos de capitales mínimos en proporción al monto de los créditos otorgados al sector informal. Anoche, las entidades financieras consultadas no estaban al tanto de la iniciativa.
El objetivo es que panaderías, agricultores familiares y textiles, entre otros emprendimientos, puedan comprar insumos y maquinaria, con tasas subsidiadas por el Estado. Hoy, se financian con créditos no bancarios a tasas del 150%, cuando los bancos cobran un interés de cercano al 47,50% para capital de trabajo y el sector estatal otorga créditos subsidiados al 25%.
«Se habló con algunos bancos, a ninguno le gusta que le digan donde asignar recursos, pero es la única manera de abrir un pequeño canal financiero para economía popular», dijo Pablo Chena, director de Economía Social en Desarrollo Social. Y aseguró que su control será una «obligación» del BCRA, como ocurre con la línea de inversión productiva para pymes.
Por otra parte, se creará un fideicomiso con tasas bonificadas y garantías para sostener créditos productivos, capacitación y asistencia técnica. Lo administrará Economía, Desarrollo Social, la ANSeS y el INAES, mientras que El BICE actuará como ente fiduciario y se fondeará con aportes del Tesoro, las provincias, Caba y organismos públicos.
Guzmán mostró interés también en el régimen previsto en el borrador, por el cual un 10% de las contrataciones del Estado deberán beneficiar a bienes y servicios de origen nacional de las cooperativas y MiPyMes, con un precio hasta 20% superior al de aquellos que no sean de origen nacional, y hasta un 15% cuando dichas ofertas sean realizadas por el resto de las empresas.
Según el proyecto, el Estado deberá adelantar un 20% del monto establecido en el pliego a los emprendimientos de la economía popular para capital de trabajo e insumos. Y se les exigirá la mitad de las garantías para la contratación, un requisito que excluía a muchas cooperativas, a la vez que tendrán facilidades para el pago de impuestos.
Hoy, según cálculos de Desarrollo Social, hay 8 millones de trabajadores informales por fuera del sector privado y estatal. En algunas provincias, ese sector supera al formal. La idea es que el sector público se abastezca de a través de ellos con insumos básicos, como yerba, hasta guardapolvos y muebles, como ocurrió en pandemia con la compra de barbijos.
También podrán participar del compre como del financiamiento las Asociaciones Productivas de la Economía Popular (APEP). La nueva figura jurídica se creará bajo la órbita del INAES y será más simplificada que las cooperativas, con una menor cantidad de miembros (2 o más personas humanas desde los 16 años) y por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo.
