29 octubre, 2020
La sintomática toma masiva que se produjo en Guernica no sólo abre una brecha de discusión pública sobre la propiedad privada y el monopolio y concentración de la tierra en la Argentina, sino sobre la avanzada de ocupaciones irregulares que se están dando en todo el país. El modo de resolución de este conflicto es de vital importancia como antecedente jurídico, legal y político. El hecho abre una brecha también en el posicionamiento de la alianza gobernante.
Finalmente se produjo el desenlace hoy. El procedimiento, que comenzó cerca de las 6 de la mañana y estuvo encabezado por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se trasladó luego a los alrededores del predio, donde se produjeron algunos enfrentamientos entre la policía y manifestantes.
Los disturbios se produjeron a unas tres cuadras del predio cuando algunos grupos resistieron con piedrazos a las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos, y se desplazaron a pie y a bordo de cuatriciclos para dispersarlos
«Ya está todo desalojado», dijo Berni esta mañana en declaraciones a la prensa, luego de que unos 4.000 efectivos policiales rodearon la zona y comenzaron a derribar algunas casillas que se habían instalado en el lugar, que fue desocupado en cumplimiento de una orden del juez de Cañuelas, Martín Rizzo.
El operativo se concretó luego de varias semanas en las que el Gobierno bonaerense entabló negociaciones con los ocupantes, realizó un censo y pudo avanzar con la desocupación pacífica por parte de la mayoría de las familias.
Por su parte, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, uno de los tres que entiende en la causa, confirmó que, en el marco del operativo de desalojo, se produjeron «cerca de 35 detenidos».
«Hay cerca de 35 detenidos», dijo el fiscal esta mañana en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) y afirmó que «el predio ha sido desalojado», aunque poco después de las 9 continuaba el operativo, con disturbios entre policías y algunos ocupantes en los alrededores de los terrenos que habían sido tomados en julio pasado.
En el marco del trabajado desarrollado por el Gobierno bonaerense, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad -junto con representantes de organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo y organizaciones sociales de izquierda que apoyan a los que aún están en los terrenos- realizaron en los últimos días un último relevamiento para determinar el número de familias que debían dejar el lugar y a los que se les procura dar una solución a sus problemas habitacionales.
Según el relevamiento, unas 600 familias firmaron el acuerdo con el Gobierno para desalojar pacíficamente el predio, y a cambio recibieron materiales de construcción, y dinero para pagar el alquiler de sus futuras viviendas, en tanto que otras fueron alojadas en «espacios transitorios» de Presidente Perón.
Esta mañana, dentro del predio ocupado se escucharon algunas detonaciones y se observaron columnas de humo por la quema de algunas casillas levantadas en el lugar.
Por su parte, los efectivos derribaron casillas y cortaron los alambres con que se delimitaron las tierras ocupadas en el predio, mientras que el desalojo fue resistido por los ocupantes que, con piedras y palos, intentaron frenar el accionar policial.
Una vez desocupado el predio, algunas personas continuaban resistiendo el operativo en los alrededores del lugar, donde tuvieron lugar algunos enfrentamientos, mientras que, cerca de las 9, fueron sumados al operativo de la Policía bonaerense un camión hidrante y cinco camionetas.
En tanto, bajo la consigna «No al desalojo, tierra para vivir», militantes de algunas organizaciones sociales iniciaron una protesta en rechazo al desalojo en puntos como el Puente Pueyrredón, frente al Obelisco, en la Autopista Buenos Aires- La Plata y el hospital Posadas.
Los terrenos reclamados por sus propietarios, unas 100 hectáreas, fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras que residían en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.
Tras la denuncia ante la Justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A., el juez de Garantías de La Plata Martín Rizzo ordenó el desalojo del predio, decisión que fue postergada en dos oportunidades a pedido del Gobierno provincial, y que tenía para mañana nueva fecha límite de concreción.
El fiscal Alcorta dijo que cuando las autoridades llegaron al lugar se encontraron «balines, facas y fierros clavados en el barro».
“Las cosas tienen que volver al Estado de derecho”, sostuvo el fiscal en declaraciones a radio La Red, en las que explicó que “la mitad del predio estaba con animales y la otra mitad era parte de un emprendimiento de un barrio privado”.
Asimismo, contó que cuando se llegó al lugar se encontró «con balines de metal, facas y fierros clavados en el barro» y explicó: «De hecho, una persona se lastimó con uno de esos fierros, que son como miguelitos muy grandes. Afortunadamente, no encontramos armas de fuego”.
Condomí Alcorta remarcó que el terreno será entregado a los dueños que reclamaron su restitución a través de la justicia y destacó que si alguien intenta una nueva ocupación será detenido.
Tras la denuncia ante la Justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A., el juez Martín Rizzo postergó en dos oportunidades el desalojo a pedido del gobierno provincial, que inició un proceso de diálogo con los ocupantes.
El predio de unas 200 hectáreas ubicado en Guernica, partido de Presidente Perón, que fue desalojado este jueves por orden judicial, había sido ocupado el 20 de julio pasado, por cerca de 2.000 familias provenientes de diversos distritos bonaerenses.
Finalmente, el juez Rizzo ordenó realizar el desalojo con fecha límite el 30 de octubre, plazo que se cumplía el viernes.
En ese marco, el Gobierno provincial comenzó una serie de negociaciones con los ocupantes, e instaló cinco carpas interministeriales de las carteras de Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Derechos Humanos, Seguridad, de Gobierno, y de Mujeres, Políticas de Genero y Diversidad Sexual, para llevar a cabo la contención de quienes debían irse del lugar.
Unas 600 familias aceptaron retirarse del lugar, tras firmar un acuerdo con el gobierno, y a cambio recibieron dinero para abonar el alquiler de una futura vivienda ($50.000) y materiales de construcción para ampliar las que ya tenían
Así, unas 600 familias aceptaron retirarse del lugar, tras firmar un acuerdo con el gobierno, y a cambio recibieron dinero para abonar el alquiler de una futura vivienda y materiales de construcción para ampliar las que ya tenían.
También se habilitaron seis «centros de transición», dos de ellos establecimientos cerrados y otros cuatros abiertos.
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad -junto con representantes de organizaciones de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo y organizaciones sociales de izquierda que apoyaban a los que aún estaban en los terrenos- realizó esta semana un último relevamiento para determinar el número de familias que deberían dejar el lugar y a los que se les procuró dar una solución a sus problemas habitacionales.
En la Mesa de Diálogo participaron, entre otras organizaciones, el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez, Fpds Corriente Nacional-Guernica, Barrios de Pie, Frente de Organización en Lucha (FOL), Frente Popular Darío Santillán, Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), La Víctor Choque, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y Foro por la Niñez.
En un primer censo que se realizó y se entregó al juez de la causa, se detectó que, entre las personas que tomaron los terrenos, había desempleados que no podían afrontar un alquiler, y medio centenar de mujeres en situación de violencia de género.
Los terrenos reclamados por sus propietarios -unas 100 hectáreas- fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras que residían en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.
«Una vez ocurrida la desocupación de los lotes deberán restituirse en forma provisoria a los requirentes María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enríquez, Andrés Ríos y Gervasio Pérez Pesado en representación de la firma Bellaco S.A.», sostiene la resolución del juez Rizzo.
*Télam, NA, DP
