24 agosto, 2021
El regreso a la ‘presencialidad’ en Chubut no pasa solamente por una cuestión sanitaria, pero para el Gobierno esa es la forma por la cuál intenta canalizar un entuerto que a todas luces afirman los entendidos que se debe resolver políticamente primero.
La cuestión es que por el momento y más allá de las disposiciones de volver físicamente a los lugares de trabajo, no ha habido una respuesta positiva de parte de muchos de los agentes de la administración pública que siguen reclamando la deuda salarial que se arrastra y sobre todo, discusiones paritarias congeladas por la gestión Arcioni.
Como inicio para comenzar a discutir, el ministo de gobierno José María Grazzini, reconfirmó el regreso a la presencialidad en la administración pública y agregó algunas intimaciones a través de los medios.
La semana pasada el gobierno ya había anunciado que los estatales tendrán que volver a trabajar aunque no estén vacunados. Y aclararon que aquellas personas que haya «optado por no vacunarse» también deberán volver a sus puestos de trabajo. También «aquellos que tengan enfermedades prevalentes tendrán que informar en su sector».
No obstante, señaló que «aquellas personas que opten por no vacunarse, y no quieran volver a su lugar de trabajo, podrán sacar una licencia temporaria por tres meses pero sin goce de haberes», explicó.
A continuación, reiteró que esta licencia estará destinada para aquella persona que no quieran vacunarse pero que «sienta que la enfermedad pueda afectarlo y no quiera volver a su lugar de trabajo, puede sacar una licencia exclusiva por tres meses pero sin goce de haberes».
Con esto el gobierno pondría otra vez en la mesa de discusión el posible achique de la planta de personal, un proyecto que se trae desde el principio de la gestión cuando en la época del ministro y contador Sergio Mammarelli ya se hacían números sobre ingresos y egresos y se evaluaba como única válvula de ajuste presupuestaria el achique de recurso humano.
Con otras palabras pero con similar razonamiento, Grazzini apunta a saltar el conflicto de reclamos ofreciendo la salida de los empleados de la estructura que ‘no aparecen’, y no tanto por el Covid-19 como por la falta de remuneración a sus tareas.
Para algunos observadores fino en temas de derechos laborales, lo que se ha dado en Chubut no tiene precedentes, y visto en perspectiva parecería responder a un plan sistemático de desmantelamiento del aparato electoral que regía en la provincia desde hacía décadas, afianzado en la administración pública.
«Primero, al inicio de los mandatos del escribano, hubo una carta intención dirigida a los empleados ‘blaqueando’ la situación en que se encontraron las arcas públicas, luego vino el escalonamiento salarial durante meses que subsumió el cobro de los salarios a la disponibilidad y posibilidad de recursos, desfinanciando a los empleados y endeudándolos en tarjetas e intereses; posteriormente directamente se saltó varios escalones y se les quedó debiendo no menos de dos o tres meses de arrastres aduciendo que se comenzaba a pagar ‘el mes’; posteriormente se los licenció y mandó a sus casas por efecto pandemia, desacostumbrándolos a la presencialidad y relajando el sistema a la par de reformular las gestiones públicas a través de la digitalización; y ahora finalmente se les ofrece el ‘retiro sin goce de haberes’ por tema sanitario a quienes continúan movilizados por sus derechos y salarios», reflexionó un experimentado profesional del Valle.
